El ministro de la Presidencia y hombre de confianza de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, se desplazó a Catalunya el pasado fin de semana para tratar de tranquilizar a su socio parlamentario, Esquerra Republicana, tras conocerse a través de ‘The New Yorker’ que decenas de políticos, activistas, periodistas o abogados habían sido espiados con el sistema Pegasus, entre ellos, el presidente catalán, Pere Aragonès.

Bolaños prometió transparencia y lealtad del Gobierno hacia ERC para alejar la desconfianza instalada entre los republicanos catalanes, pero tras la comparecencia este jueves de la directora-secretaria de Estado del CNI -miembro, por tanto, de ese Ejecutivo-, la brecha se ha agrandado y el roto parece de difícil remiendo sin la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel. Y ni con éstas.

La confirmación por parte de Esteban de que el CNI obtuvo autorización judicial para espiar a Aragonès cuando era vicepresidente (en 2019 según Citizen Lab) es la gota que colma el vaso de unas relaciones, hilvanadas nada más, para que éstas acaben reventando y se pueda empezar a hablar ya del fin fáctico de la legislatura. Parece imposible que el Ejecutivo pueda seguir adelante el año y medio que resta hasta las elecciones generales de 2023 sin el apoyo de una ERC enfadada, dolida y, según sus dirigentes, traicionada. Una reacción, por otro lado, más que justificada según los hechos conocidos.

Decía quien fue máximo responsable del CNI durante años y con gobiernos de PP y PSOE, el teniente general Félix Sanz Roldán, en nuestro libro ‘La armadura del rey’ (Roca Editorial), que el servicio de inteligencia "no es un organismo autónomo" que funcione al margen del Gobierno, sino que tiene unos responsables políticos, que hoy son el Ministerio de Defensa y en tiempos del PP, el de Presidencia, dirigido por la todopoderosa vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Los interrogantes que surgen tras esta reflexión de Sanz Roldán y la comparecencia de Esteban con respecto, sobre todo, al espionaje a Aragonès son de un calibre tan grueso que podrían dinamitar cualquier relación política de presente, por descontado, y de futuro.

¿Qué puede justificar por parte del Estado el espionaje del hoy ‘president’ de Catalunya y encima, según Citizen Lab, con un sistema tan agresivo contra la intimidad, la libertad y los derechos fundamentales como es Pegasus? ¿Hay realmente, y según los hechos judiciales conocidos, algo que argumente con coherencia las escuchas al jefe del Ejecutivo catalán? Parece difícil si no nos atenemos a cuestiones políticas y, por tanto, ideológicas, que colisionarían brutalmente con los principios democráticos más elementales.

Por descontado, tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la responsable directa del CNI deben dimitir en el plazo más breve de tiempo. Su situación es insostenible, por mucho que la derecha las apoye y sacralice. Que con esto queden depuradas las responsabilidades y satisfechos los recelos es otra cuestión que se dirimirá con el tiempo si se hacen las cosas bien. Todo lo contrario que ahora.