Ecologismo de emergencia

Por una gestión sostenible del agua

A lo largo de este año, el Ministerio para la Transición Ecológica y las administraciones autonómicas con competencias en la gestión del agua, han tenido en información pública los Esquemas provisionales de Temas Importantes (EpTI), de las diferentes demarcaciones hidrográficas. Dichos documentos, donde se recogen los principales problemas relacionados con la gestión del agua en nuestro país, representan el primer paso para la renovación que se tiene que hacer en 2021 de los Planes Hidrológicos. A su vez, estos planes recogerán todas las actuaciones y la política que se va a llevar a cabo en materia de aguas en nuestro país hasta 2027.

Dada la importancia de dichos documentos, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a los EpTI de todas las demarcaciones hidrográficas dependientes del Estado (intercomunitarias), como a las dependientes de los gobiernos Catalán, Vasco y Andaluz (intracomunitarias). Se han presentado alegaciones a un total de 16 EpTI, y en su elaboración han participado del orden de 40 personas de Ecologistas en Acción de los diferentes puntos del país.

Todos los EpTI contienen algunas cuestiones que pueden resultar muy negativas para el medio ambiente y, por lo tanto, es esencial que se corrijan. En todos en general se minusvaloran los efectos que está teniendo el cambio climático, a la hora de prever reducciones en los recursos hídricos disponibles. De esta manera, se estarían planificando usos con un agua que no va a existir en los próximos años, y que incluso ahora ya no existe, al calcularse los recursos con datos medios de años anteriores. No hay que olvidar que, a causa de la subida de las temperaturas medias que se ha producido en los últimos años en nuestro país, los recursos hídricos disponibles se han reducido en los últimos 25-30 años del orden de un 20%, y la tendencia continua.

Los caudales ambientales establecidos para todas las masas de agua son en general insuficientes y vienen condicionados por demandas como el regadío, en contra de lo que dice la normativa. Lo que realmente se hace es asignar todos los recursos que se consideren necesarios para las demandas actuales y futuras y, lo que sobre, se indica que es el caudal ecológico. A veces no sobra y se quedan sin caudal, por ejemplo, en la Demarcación Hidrográfica del Ebro se marca para 24 masas de agua un caudal ecológico de 0 litros/seg, para todos los meses del año.

En lo referente a la lucha contra las avenidas e inundaciones, los planteamientos que se hacen son muy pobres y en la mayoría de los casos ineficaces. Entre otras cosas porque no se contemplan medidas realmente eficaces, como son la eliminación de todas las construcciones existentes en cauces y zonas de alto riesgo de inundación, y ello a pesar de que así lo establece la legislación vigente.

La contaminación difusa de los acuíferos, a causa de un uso masivo de abonos y productos fitosanitarios en la agricultura intensiva, constituye un gravísimo problema, dado su carácter altamente irreversible. De hecho, son cada vez más los acuíferos cuya agua ha dejado de utilizarse para el abastecimiento humano, debido a la contaminación difusa que soportan. Sin embargo, las medidas que se proponen en los diferentes EpTI, con la excusa de que las competencias en agricultura no están en la administración hidráulica, no pasan de ser meras recomendaciones.

En lo referente a la depuración de aguas residuales, aunque se aprecia un cierto esfuerzo, no deja de ser insuficiente. Actualmente en nuestro país, el 20% de las aguas residuales que se generan, se vierten a los cauces y al mar sin ningún tipo de depuración. Además, alrededor de un tercio de las depuradoras existentes, depuran las aguas de manera deficiente. Este porcentaje se incrementa sustancialmente en las depuradoras que vierten al mar mediante emisarios submarinos, dado el escaso control que se realiza de los efluentes. De hecho, nos encontramos no solo ante un delito de contaminación por vertidos, sino también con un engaño e incluso estafa a la población, pues paga en el recibo del agua por una correcta depuración de las aguas residuales que no ocurre.

Asimismo, en los EpTI de las demarcaciones hidrográficas del Duero y del Ebro todavía se prevé la construcción de nuevos grandes embalses, de enorme impacto ambiental y prácticamente nula inutilidad. En este sentido, consideramos que no debe construirse ningún embalse más en nuestro país, y deben paralizarse los que se encuentran actualmente en construcción, pues supondrían la destrucción para siempre de valles de gran valor natural, social, cultural y paisajístico. Además, si analizamos uno por uno, nos encontramos con que su utilidad resulta más que dudosa, pues los embalses realmente eficaces, ya se construyeron hace décadas.

Analicemos algunos que están en construcción, como el recrecimiento del embalse Yesa (Navarra-Zaragoza), su llenado podría resultar peligroso debido a la inestabilidad de varias de sus laderas. Otro embalse es el de Mularroya (Zaragoza), que se está construyendo sobre un río que va seco durante la mayor parte del año, y se pretende traer el agua desde el río Jalón, cuyo coste del transporte los regantes no están dispuesto a pagar, tal y como ha ocurrido con el vecino embalse de Lechago. O el embalse de Alcolea (Huelva), cuyo objetivo es el abastecimiento de regadíos y cuya agua no es apta para el riego, debido a la alta concentración de metales pesados a causa de la intensa actividad minera que se desarrolla en la cuenca vertiente. En su construcción se están enterrando todos los años ingentes cantidades de dinero público, sin ninguna utilidad.

En definitiva, tanto los nuevos embalses previstos como los actualmente en construcción, producirían un gran impacto ambiental y social, y un elevadísimo coste económico, además de carecer apenas de utilidad, siendo los únicos beneficiados de los mismos las empresas constructoras que lleven a cabo las obras.

En el EpTI de la demarcación del Ebro, probablemente el más dañino ambientalmente de todos lo que se han presentado, también se contempla la creación de nada menos que 30.000 nuevas hectáreas de regadío, y eso a pesar de que los más de 4 millones de hectáreas de regadío actualmente existentes en España, tienen ya esquilmados los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos de una buena parte del país. Es más que evidente que se está regando muy por encima de nuestras posibilidades, efecto que además se va a agudizar conforme avance el cambio climático. De hecho, para situarnos en niveles más o menos sostenibles, habría que reducir la superficie regada actual hasta un máximo de 3-3,2 millones de hectáreas de regadío para el conjunto del país. En los EpTI no se contempla esta necesidad e incluso, en algunos de ellos, se siguen previendo la creación de nuevos regadíos, lo que nos está llevando hacia el colapso hídrico, que tendrá lugar cuando llegue la próxima sequía plurianual.

Consideramos que los nuevos documentos de planificación hidrológica deberían dar un giro de 180 grados con respecto a lo que ha sido la política hidráulica hasta ahora, una política desarrollista e insostenible, basada en la construcción de grandes obras de hormigón, la creación ilimitada de nuevos regadíos, y considerando a los ríos como meros canales de agua, y no como los ricos ecosistemas fluviales que son.