Los votantes catalanes deciden hoy quién quieren que les gobierne en unas elecciones más que viciadas por la campaña de acusaciones contra el president Artur Mas, al que se ha acusado de tener cuentas en Suiza con dinero procedente del caso Palau, mediante la difusión de un supuesto "borrador" de informe policial que cada día aparece más como un burdo montaje para alterar el resultado que debería surgir libremente de las urnas.

Queda por ver si esa fabricación logrará su objetivo, o si a sus autores les saldrá el tiro por la culata y el descarado intento de intoxicación informativa acabará por reforzar la piña de los votantes de CiU. Además, sea cual sea el resultado, siempre se podrá alegar que la coalición nacionalista habría obtenido más (o menos) votos si no se hubiera producido el efecto desmovilizador (o aglutinador) provocado por la publicación del más que sospechoso informe. Tanto un argumento como el contrario serán perfectamente defendibles, ante la prohibición de efectuar sondeos durante la última semana de campaña, lo que nos ha privado de conocer la evolución de las preferencias del electorado catalán a raíz de la famosa revelación.

De lo que no cabe duda, empero, es que el Gobierno del PP ha participado activamente en esa campaña de desinformación, con declaraciones, actitudes y hasta actuaciones que suponen una desvergonzada manipulación de la realidad para engañar a la ciudadanía.

Para empezar, los ministros Fernández Díaz y Montoro se han negado a confirmar o desmentir la autenticidad del documento incriminador, alegando no estar al corriente y ni siquiera muy interesados en verificarlo, al tiempo que sugerían que esas acusaciones eran ciertas. Es elemental que tanto uno como otro deberían haber sido informados del contenido del "borrador" en el caso de que existiese y contuviera las gravísimas imputaciones contra Mas y el expresident Jordi Pujol que supuestamente incluían. Pero siguieron alegando ignorancia de una maniobra que a todas luces deberían conocer.

A esa ceremonia de la confusión se sumaron enseguida muchos otros miembros del Gobierno de Rajoy, que acudieron en masa a participar en la campaña electoral catalana para seguir ventilando acusaciones claramente infundadas. En Madrid, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría subrayó una y otra vez que Hacienda "tiene la obligación de investigar" si hay cuentas fuera de España, y Montoro alegó que no pensaba dar explicaciones a los diputados porque "los que tienen cuentas en Suiza son los que tienen que comparecer".

Entretanto, el grupo parlamentario del PP impedía que se convocara al Congreso a los ministros relacionados con el informe, alegando que no era un tema urgente algo que sin lugar a dudas estaba marcando una importantísima campaña electoral de la que depende una posible consulta popular independentista. Sobre todo cuando hasta el Sindicato Unificado de Policía (SUP) compareció ante la prensa para mostrar el famoso "borrador" y probar que no contiene ninguna de las imputaciones contra Mas y Pujol.

Pero ni siquiera esa flagrante prueba de la manipulación de algo tan sensible en vísperas de una cita con las urnas hace que los dirigentes del PP modifiquen su talante, y esa misma noche la secretaria general del partido, De Cospedal, volvió a insistir en el tema, durante un acto de campaña, como si no cupiera duda de que el líder de CiU tiene cuentas en Suiza.

En resumen, la actuación de los miembros del Gobierno en torno a este caso ha sido escandalosamente parcial, hasta el punto de que cualquiera que tenga unas mínimas capacidades deductivas ha de concluir que toda esta artimaña se fraguó en el seno del propio Ejecutivo, o al menos contó con su visto bueno e incluso colaboración. En todo caso, semejante espectáculo preelectoral habría merecido una investigación parlamentaria en cualquier otro país democrático europeo... e incluso en el nuestro si el PP no tuviera el rodillo de la mayoría absoluta.

Además, y para mayor escarnio de los contribuyentes, resulta que el Gobierno sí cuenta con la lista de los verdaderos defraudadores que evadieron dinero al banco HSBC en Ginebra, pero no sólo no ha actuado contra ellos sino que protege sus identidades e incluso les ha ofrecido una amnistía fiscal mediante la cual pagarían la cuarta parte de impuestos que los cumplidores de la ley, en el caso de que elijan regularizar su situación.

Peor todavía: el informático y exempleado del HSBC que proporcionó a las autoridades francesas los nombres de esos evasores de capitales, Hervé Daniel Falciani, está encarcelado en España y el Gobierno negocia con Berna su extradición, en base a supuestos delitos de revelación del secreto bancario que no existen en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el Ejecutivo incumple las leyes españolas que protegen a los que delatan a los delincuentes (la de Extradición Pasiva y la de Prevención del Blanqueo de Capitales) para satisfacer los intereses de un paraíso fiscal y mantener ocultas las identidades de los que han estafado al conjunto de los contribuyentes.

Tan impúdicamente injusta y torticera es esa política gubernamental, que Público ha emprendido a partir del día de hoy una campaña de recogida de apoyos a una demanda ciudadana para que el Gobierno dé explicaciones. Los mismos ministros que proclaman que deben comparecer los que tienen cuentas en Suiza son los que poseen la lista de esa gente, y nos la ocultan. Saben quiénes son los que nos roban, y los protegen. Hay que reclamarles que nos digan: ¿QUIÉNES SON?

Todo el que quiera sumarse a esta campaña, sólo tiene que pinchar en el enlace que aparece en nuestra portada. Cuantos más ciudadanos participen, mayor presión se hará sobre el Gobierno para que deje de amparar a los que estafan a los contribuyentes.