Consciente del engaño que supone la utilización de vocablos tales como racionalizar o modular, cuando de lo que se trata es de amputar derechos según hace su jefe al frente del Gobierno, la delegada del mismo en Madrid ha sugerido con el empleo de ambos verbos que se debe recortar el derecho de manifestación por considerarlo extenso y permisivo. Estima la señora Cifuentes que tal derecho proviene de una ley renovable, por vieja, fechada en 1983, y que lo más idóneo sería aprobar otra que probablemente nos situara fuera de la Constitución, que es el lugar en donde doña Cristina se ha emplazado con sus declaraciones, en opinión del portavoz de Jueces para la Democracia.

Joaquím Bosch ha dicho que, antes de pretender limitar el derecho a la discrepancia, la señora delegada debería tratar de evitar los excesos policiales y cumplir la ley en lo que atañe a la correcta identificación de los funcionarios antidisturbios que están bajo sus órdenes. De lo contrario, cabría interpretar las palabras de la delegada del Gobierno en Madrid como un deseo, anhelo o añoranza del Tribunal de Orden Público (TOP), aquella malhadada instancia judicial creada por el franquismo en 1963 -tras el fusilamiento del militante comunista Julián Grimau- y que hasta 1977 persiguió todo intento de subversión contra la dictadura, incluidas las manifestaciones que ahora la Cifuentes pretende limitar y cuya vinculación con el derecho de expresión es fundamental en un ordenamiento democrático.

Las duras imágenes represivas ofrecidas por los canales de televisión nacionales e internacionales, así como las difundidas a través de las redes sociales con motivo de las concentraciones que tuvieron lugar días atrás ante el Congreso de los Diputados, tienen más parecido con los modales propios de la policía franquista de tiempos del TOP que con los propios de un Estado respetuoso con los derechos de reunión y manifestación.

Cabe la posibilidad, también, de que al emplear el término modular doña Cristina haya querido utilizarlo en el mismo sentido que se da su acepción electrónica, esto es, pretendiendo variar el valor de la amplitud, frecuencia o fase de las manifestaciones -demasiado céntricas y numerosas en la capital del reino-, con la intención acaso de que sean convocadas en Los Monegros o cualquier otro despoblado ámbito de la geografía patria. A tales emplazamientos no podrían acceder, por supuesto, los medios informativos, según prescripción de Mayor Oreja, de modo que se estimulara así la mayoría silenciosa que tanto valora Mariano Rajoy, el país se pareciera lo más posible al de la plácida juventud de don Jaime y toda reivindicación fuera equiparable con un clamor en el desierto.