Los grupos fascistas en España actúan con total impunidad, como si la llamada Transición, y la instauración de la democracia, esa de la presumen nuestros políticos de derechas, no hubieran tenido lugar.

Se celebran actos de exaltación de la dictadura, se hacen homenajes a Franco y a José Antonio en el Valle de los Caídos, se reúnen policías y mandos militares para defender los principios del Movimiento Nacional, y no hay una repulsa social ni una sanción pública, política ni judicial a tales acciones.

El conocido torturador de la Brigada Político-Social de la Policía Nacional, Antonio González Pacheco, fue invitado por  el comisario José Manuel Mariscal de Gante –se supone de la familia de Mariscal de Gante, que fue instructor del Tribunal de Orden Público durante décadas- a una copa de vino y un aperitivo para celebrar los ángeles custodios.

No es de extrañar. Los iguales se juntan.  El antepasado de este comisario Mariscal de Gante fue el juez que envió a la cárcel a miles de resistentes antifranquistas durante decenas de años. Jaime Mariscal de Gante y Moreno primero fue Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 1  de Orden Publico (1966 a 1974) y después desde finales de 1974  Director General  del Régimen Jurídico de la Prensa, a quién podemos ver en dos fotografías de la agencia Efe en el momento del juramento de los Principios del Movimiento y de la Fidelidad al Caudillo Franco ante el Ministro León Herrera Esteban y altos cargos del Ministerio de Información y Turismo. Este personaje pasó de ser miembro activo-comisario de la brigada político social al de juez de orden público y por último  a la dirección general del régimen jurídico de la prensa- que así se le denominaba entonces a la  censura de medios de comunicación.

Antonio González Pacheco, el torturador más cruel de los que compusieron la Brigada Político Social durante 40 años en nuestro país, tiene cuatro condecoraciones pensionadas por los méritos contraídos en el ejercicio de su profesión.

De los pocos que hemos sobrevivido a sus interrogatorios, hemos testificado ya en la querella argentina y en los medios de comunicación el trato que semejante ser nos propinó cuando pasamos inermes por sus manos, en la impunidad y el silencio que eran dueños de la Dirección General de la Policía Nacional. Las palizas que se propinaban a los detenidos solían dejarlos tullidos o incluso inválidos, cuando no muertos. Solamente la fortaleza y la juventud de algunos les permitieron integrarse casi con normalidad a la vida civil.

A Julián Grimau lo tiraron desde una de las ventanas de la Dirección General de Seguridad cuando lo interrogaban. Y con las muñecas rotas, puesto que no permitieron que lo atendieran médicamente,  lo fusilaron el 20 de abril de 1963. A Enrique Ruano lo asesinaron arrojándole desde la ventana de su domicilio cuando realizaban un registro el 16 de enero de 1969.

El sindicalista José Luis Úriz recuerda en su testimonio Peleando a la contra el momento en que fue detenido y torturado por el inspector Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño. Mientras golpeaba a Úriz, otro policía que participaba en el interrogatorio le dijo al torturador: «ten cuidado que se te va a ir la mano otra vez y lo vas a matar», y respondió según el relato de Úriz: «no importa, hacemos como con Ruano, lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar».

Parece ser que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estudia qué pasos hay que dar para quitar las cuatro condecoraciones que posee Billy el Niño.

Pero preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que es además Ministra de Educación, ha asegurado que desconoce el avance de estos trámites seguidos en Interior y que "Billy el Niño es un ciudadano libre que puede acudir a los lugares donde le invitan".

Y más tarde no se ha retractado.

O al menos explicado a la ciudadanía que debería haber sido informada ya en la escuela de quien es González Pacheco,  por qué ese criminal es un ciudadano libre en un país en el que se presume que se  hace una justicia democrática.

Por los mismos delitos en Alemania, en Italia, en Francia, en Portugal, en Argentina, en Chile, en Uruguay, se han seguido juicios contra asesinos y torturadores y se les ha condenado a largas penas. Alguno de esos juicios incluso se ha celebrado en España. Terrible y desconsoladora situación la que permite que se condene en España a un criminal argentino mientras los asesinos españoles gozan de libertad. 

La jueza argentina que está investigando la querella que presentamos las víctimas de la represión y que pidió la extradición de varios de los jerifaltes franquistas no ha recibido respuesta ni tampoco ha podido interrogarles. Ni la justicia ni el gobierno español van a colaborar en la persecución de los delitos cometidos por ministros, políticos y policías franquistas.

Tenemos al dictador Franco enterrado con todos los honores en un enorme monumento donde se honra a los máximos responsables de la masacre y genocidio que supuso la Guerra Civil y la represión franquista y no se sabe cómo sacarlo de ahí ni donde enterrarlo, mientras Queipo de Llano, el exterminador de Andalucía duerme el sueño de los justos en la Macarena de Sevilla, la ciudad que diezmó cuando entró a sangre y fuego en 1936.

Y los sucesivos gobiernos que han consolidado la democracia, como dicen, han permitido que después de la dictadura se ascendiera al comisario Martínez de Zaragoza al que muchos sindicalistas acusaron de haberles torturado, que se condecorara a González Pacheco, que Martín Villa, el gobernador de Barcelona cuando ejecutaron a Puig Antich y se incendió la discoteca Scala de Barcelona y que fue ministro de Interior con Adolfo Suárez, sea asesor de grandes corporaciones  y se niegue a declarar ante la juez Salvini.

Pero ya sabemos, según nos ha enseñado la ministra de Educación, cuya misión es esa, educarnos, que todos esos criminales que siguen impunes viviendo una confortable vida son hombres libres que pueden acudir a los lugares donde les invitan.