Otras miradas

La construcción ideológica de la Europa fortaleza

Jon Rodríguez

Asesor de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo en materia de migraciones

Jon Rodríguez
Asesor de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo en materia de migraciones

El año pasado llegaron a la Unión Europea de manera legal y segura 2,7 millones de personas, mientras que más de 6.000 murieron ahogadas en el mar como consecuencia de las políticas que conforman la Europa fortaleza. En paralelo, las fuerzas políticas hegemónicas en la UE, es decir, conservadores, socialdemócratas y liberales, han virado su discurso hasta situarlo en los marcos que impone una emergente extrema derecha. Son marcos que trascienden la política institucional y que han penetrado con alarmante fuerza en todos los aspectos de nuestras sociedades, hasta el punto de haber conseguido dar forma a nuevos discursos xenófobos cada vez más extendidos entre la opinión pública.

Este es el contexto político en el que se genera el fenómeno bautizado como "crisis de los refugiados" o "crisis migratoria", que desde su propia concepción terminológica pretende transmitir un doble objetivo: el ya mencionado propósito de competir con la extrema derecha en el espacio electoral, presentando a los poderes estatales y europeos como actores capaces de poner freno a una llegada de personas de fuera que se convierte en preocupación y, paralelamente, generar una percepción de una Unión Europea de recursos muy limitados, que no puede hacer frente a estas llegadas. De esta forma, también sirve para apuntalar su política de recortes en el gasto público. 

Para generar esta percepción de alarma se han provocado situaciones de desborde en nuestras fronteras externas. Mientras tanto, más de medio millón de ucranianos y ucranianas recibían permisos legales de residencia en la Unión e incluso se eliminaba la necesidad de visado para la ciudadanía de este país vecino, lo cual demuestra que existe la posibilidad y la capacidad de recibir a más personas en la UE sin generar ningún tipo de colapso.

No sólo es posible sino que, como demuestran los acuerdos con Kiev o la concesión inmediata de asilo a personas venezolanas, a pesar del interés por crear la falsa percepción de un número inasumible de llegadas, las autoridades europeas no tienen ningún problema en acoger a quienes vienen de fuera si le conviene a sus intereses geopolíticos.  

La política de construcción de muros y de cierre de las rutas migratorias más utilizadas se ha concebido con este fin. Y ha ido acompañada de las pertinentes imágenes de personas a las que el discurso y la comunicación hegemónicos intentan borrar cualquier vestigio de humanidad, convirtiéndolas en meros cuerpos racializados que aguardan su llegada, que se convierte en una amenaza. Además de las miles de muertes en el Mediterráneo, que no debemos olvidar que no son un accidente, sino una parte central de esta política.

Todo esto genera el imaginario necesario para, por ejemplo, la criminalización de las ONG que realizan labores de búsqueda y rescate en el mar y que se les impida hacer su trabajo, porque demuestran que es posible poner en marcha unas políticas diferentes que prioricen la vida de las personas, y que, en lugar de representar una amenaza, estas personas necesitan ayuda.

Las políticas de la Europa fortaleza, caracterizadas por las deportaciones forzosas, la externalización y la militarización de las fronteras, son ya una parte integral de la construcción política de la Unión Europea. Las estructuras comunitarias cuentan con agencias específicas para ello, e incluso con la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que por primera vez para un organismo europeo de estas características tiene personal propio y no depende del que le ceden los Estados miembros.

De hecho, puede incluso actuar en los Estados sin la autorización expresa de su Gobierno. Esta Agencia surge como una evolución de la Agencia Frontex, en la que eran los propios Estados de la UE quienes ponían en común su política de control fronterizo. Con la Guardia Europea de Fronteras y Costas, sin embargo, se genera un cuerpo que responde a una política común completamente opaca, dictada desde una serie de despachos en Bruselas y no sometida a la fiscalización democrática de ningún Parlamento.

Estas medidas están al mismo nivel que las políticas económicas liberales que preconizan las autoridades europeas. Tanto en lo económico como ahora en lo migratorio, utilizan el viejo mantra formulado por primera vez por Margaret Thatcher de There is no alternative, tal y como demuestra el hecho de que la política de fronteras fuera una parte central de las negociaciones entre la Troika y el Gobierno griego.

Hablamos además de políticas xenófobas, construidas sobre la idea de caracterizar la alteridad de quien viene de fuera. De esa forma, mientras los gobiernos comunitarios se vanaglorian de la falsa libertad de movimiento dentro de la Unión, particularmente en el marco de las negociaciones del Brexit, promueven una política que lo limita para el resto, con la aprobación de medidas tan vergonzosas como el Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.

Los derechos en la Unión Europea se asocian así a la condición de ciudadanía, generando una división dentro de nuestras propias sociedades entre quienes pueden acceder a derechos de ciudadanía y quienes no. La importancia de esta política comunicativa puede verse en cómo, tras el fuerte impacto social que tuvo la llegada de personas desde Siria por la guerra en ese país y las numerosas protestas que hubo ante la precariedad de su situación, a los ciudadanos y ciudadanas sirios se les aplicaran unos planes de reasentamiento en los Estados comunitarios, a pesar de que estos hayan resultado ser completamente insuficientes y no estén siendo cumplidos.

Sin embargo, desde la Unión Europea se ha utilizado esta situación para modificar la normativa de asilo de una forma que la basa enteramente sobre la nacionalidad, y permite priorizar un grupos sobre otros. De este modo se ignora las personas que tratan de llegar de otros países con conflictos mucho menos mediatizados como Malí y Eritrea, o que no huyen de un conflicto armado sino de la explotación y miseria que generan las empresas transnacionales en África.

La mayoría vienen a través de Libia, país con el que se ha firmado un nuevo acuerdo similar al turco, pero que no contempla el reasentamiento y va mucho más allá en el blindaje de las fronteras libias, incluido un plan para el refuerzo de la frontera sur de Libia, en pleno desierto saharaui y actualmente un territorio que no controla ninguna autoridad gubernamental reconocida.

Con los africanos y africanas se acabaron los discursos compasivos, y ya no son refugiados sino inmigrantes económicos, a pesar de que la propia ONU estima que el 80% de las mujeres africanas llegadas desde Libia son víctimas de trata que, aunque según la Convención de Ginebra deberían tener derecho a ser reconocidas como refugiadas, son mayoritariamente deportadas sin derecho a una demanda de asilo efectiva. El cambio en el discurso de las instituciones y toda su política comunicativa han tenido éxito, y la reacción de la sociedad ha disminuido sustancialmente. Ya se han convertido en "el otro", cada vez más lejano.

Es una política de divide y vencerás que opera tanto a nivel interno como externo, pues no podemos obviar que las sociedades que habitamos no son homogéneas respecto a los orígenes, racialización e identidades culturales. Sin embargo, ahora se intenta presentar como un problema esta diversidad y se presenta como deseable una homogeneidad interna de la sociedad que nunca ha existido.

El propio Estado español presenta a los africanos como un enemigo a batir y se niega a habilitar vías seguras de acceso para quienes huyen de conflictos, explotación y hambre, a pesar de que en él han vivido desde hace siglos comunidades afrodescendientes por multitud de circunstancias, incluido el tráfico de esclavos que no se abolió hasta 1865.

Problemas, por cierto, en los que las políticas exteriores, económicas y comerciales europeas tienen mucho que ver. Para ello el Estado español ha externalizado la frontera sur a Marruecos, e impedido una llegada digna para estas personas, a las que obliga a jugarse la vida en el mar. Las personas migrantes y refugiadas realizan una contribución positiva en términos sociales y culturales, pero también en términos económicos. Sin embargo, esto no se reconoce y, al contrario, la Unión Europea se construye políticamente como una entidad para frenar sus derechos.

Lo que cabe preguntarse es a qué intereses sirve esta división, esta diferenciación radical entre el "nosotros" y el "otro" que constituye la base ideológica de la Europa Fortaleza y que además alimenta a los movimientos xenófobos que están en auge en el conjunto de la Unión. En lugar de luchar contra el odio y la intolerancia, las fuerzas hegemónicas han adoptado esta bandera como propia. El objetivo es claro, pelear con las fuerzas de extrema derecha por ocupar el poder sin combatirlas en el campo de lo ideológico.

Quizá, el fin último es que los trabajadores y trabajadoras europeos estemos demasiado ocupados pensando en protegernos frente a quienes vienen de fuera, y en competir con ellos por unos recursos diezmados por las políticas austericidas de la UE. De esta forma no nos uniremos para cuestionar el verdadero problema: una distribución de recursos que ahoga a los trabajadores y trabajadoras, vengan de donde vengan, frente a unas grandes empresas cuyos beneficios no paran de crecer a costa de los recortes en lo público y las bajadas de salarios en Europa, pero también a costa de la explotación de las personas y de los recursos naturales del Sur.