Otras miradas

¿Y si este invierno te quedaras sin luz, Mariano?

Cecilia Carballo de la Riva

Directora de programas de Greenpeace

Cecilia Carballo de la Riva
Directora de programas de Greenpeace

Querido Mariano, al igual que muchos españoles, yo también estoy preocupada por la coyuntura nacional y los problemas derivados del modelo territorial. Pero hoy, quiero llamar nuevamente su atención ante la ausencia de planes efectivos para hacer frente a las también preocupaciones de muchos españoles.

Porque, más allá de mi lejanía o cercanía con el conjunto de sus políticas, creo que usted gobierna para todas las personas que somos parte de este país megadiverso y no sólo para aquellos que aplauden sus actuaciones.

Después de constatar que el 2017  está siendo uno de los años más calurosos desde que se tienen registros, nos preparamos para la llegada del invierno con la escalofriante cifra de que más de un 10% de la población española se enfrentará a situaciones de pobreza energética.

A su gobierno no le salen las cuentas y ha optado por la prórroga de unos presupuestos "antipersonas"

Como bien sabe, el gasto público en políticas sociales, durante el periodo 2007-2017 se ha mantenido, o incrementado levemente, estando aún lejos de alcanzar los niveles de gasto público que existían previos a la crisis (anteriores al año 2008).

Resulta evidente que las partidas presupuestarias destinadas a las políticas sociales no dan respuesta a las necesidades de los millones de españoles que se han empobrecido y han perdido poder adquisitivo durante los últimos años. Actualmente en España hay 12,9 millones de personas -lo que supone el 27,9% de la población- que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social según los datos del último informe 2017 de EAPN sobre el Estado de la Pobreza.

De los casi 13 millones de españoles en esta situación, "aproximadamente, unos 4,5 millones podrían estar en riesgo de pobreza energética.

Así lo reconoce su Gobierno en el decreto por el que pone en marcha las nuevas normas para acceder al bono social eléctrico, una medida que, según admite el propio Ejecutivo en la memoria previa a su aprobación, no va a atajar ese problema social: calcula que tan sólo el 45% de los hogares que pueden beneficiarse de esas ayudas se acogerán a ellas.

"Es improbable que la totalidad de ellos" llegue a solicitarlo, señala la memoria, mientras varios organismos y agentes sociales critican la complejidad burocrática de las solicitudes, según recoge un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Además el Bono incluye lagunas como valorar los ingresos de los hogares sin tener en cuenta su número de miembros, limitar los beneficios a tramos de consumo muy inferiores a los reales y penalizar en la práctica a quienes residen en zonas con climatología extrema.

Una vez más, es la población más vulnerable la que resulta más perjudicada, con las correspondientes consecuencias para su salud y su calidad de vida.

¿Quién asume los costes?

Si anteriormente aludía a la prórroga presupuestaria, y al mantenimiento de unos presupuestos "antipersonas" que siguen facilitando el adelgazamiento de las partidas sociales, retomo ese argumento para explicar el modelo de financiación.

El Ministerio de Industria revisó el bono social después de que el Supremo rechazara el anterior modelo de financiación, que obligaba a las compañías eléctricas a asumir una factura de entre 180 y 200 millones anuales. En la actualidad se estima el coste en unos 236 millones de euros.

Pero curiosamente, el Ejecutivo no va a asumir el coste del nuevo sistema,  se lo carga a Servicios Sociales en las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Y serán éstos los que, sin recibir aportaciones presupuestarias adicionales, deberán tramitar las solicitudes y asumir el pago de parte de los recibos de las familias en situación de vulnerabilidad.

Nuevamente y con la connivencia del Gobierno, las eléctricas nunca pierden, van a cobrar de las administraciones, y la responsabilidad de los cortes, cuando los haya, van a ser de los servicios sociales en las administraciones locales y autonómicas, que han visto como su incremento presupuestario - previsto para el 2018 - quedaba congelado con esta prórroga.

Así, prorrogando, trasladando responsabilidades y socializando las pérdidas cuando los beneficios no se reparten, ustedes siguen escribiendo la historia de un sector público cada vez más mermado para el ejercicio de sus funciones.