En estos últimos cuatro años se han producido algunas mejoras en la política cultural autonómica. No era difícil dado el maltrato y desprecio que los responsables públicos hicieron padecer al sector en anteriores legislaturas. Mejoras que tienen que ver con las políticas desarrolladas en algunos municipios (Madrid, Móstoles, etc.) y con el esfuerzo de los grandes profesionales que están al frente de los equipamientos culturales y de las entidades de la sociedad civil que apuestan por la innovación cultural.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid carece de un proyecto estratégico de política cultural. Pese a escasos incrementos presupuestarios -que de ningún modo compensan los salvajes recortes anteriores-, cambios en la orientación de la programación y una mejoría en el trato al sector, grosso modo la política es exactamente la misma que lleva desarrollándose desde hace más de veinte años. Una política que antes que resolver, sigue profundizando en los problemas estructurales en la región: la exclusión de amplios sectores de la población del disfrute y de la participación cultural; la desatención de las distintas escalas del ecosistema cultural, la precariedad y dependencia institucional del tejido profesional, la desigualdad de género o la ausencia de gobernanza y buenas prácticas en las instituciones culturales. El gobierno privilegia los grandes nombres, grandes equipamientos y grandes eventos olvidando que en un ecosistema complejo es necesario cuidar y atender a todas las escalas que lo conforman; el tejido profesional está sujeto a la voluntad de los cargos públicos mediante subvenciones nominativas -que representan el 75% de la inversión-, pero también mediante las de libre concurrencia -el 25% restante-, ya que también las asigna el Gobierno y no expertos independientes; y los equipamientos no cuentan con convocatorias de concursos públicos y abiertos para su dirección minimizando su margen de independencia frente al gobierno.

Seis ejes para un proyecto estratégico para la región

Uno de los errores de fondo del Gobierno ha sido confundir hacer política cultural con programar. Su papel no es determinar lo que es cultura o no, ni generar una oferta de actividades culturales; la intervención pública ha de servir para facilitar, con condiciones materiales y marcos legales, que la cultura pueda proliferar -en su diversidad de escala, de contenido, de formato- y garantizar los derechos culturales -participación, creación y toma de decisiones-. Para esto no bastan un conjunto de actuaciones deslavazadas, sino que es necesario un proyecto que integre todos los campos de acción necesarios para garantizar una cultura rica, sostenible e independiente. Para Podemos este plan estratégico tendría que articularse principalmente en torno a seis ejes:

• Financiación: con la prioridad de resolver, mediante modelos de financiación diversos y con procedimientos transparentes, la tensión entre la sostenibilidad y estabilidad del tejido y su necesaria independencia.
• Descentralización: creando una región con múltiples núcleos culturales vinculados por relaciones de cooperación y con los objetivos de garantizar el acceso a todos los madrileños; permitir la extensión territorial de la actividad cultural; y generar comunidad en una región donde el Partido Popular ha puesto a competir a unos municipios con otros.
• Políticas de públicos: poner a los públicos -en sus distintas manifestaciones- en el centro de la política, fomentando el deseo y la curiosidad por el arte y la cultura. Con el objetivo no tanto de generar una oferta diversa sino de cambiar la manera en la que las instituciones culturales se relacionan con los públicos.
• Cultura y educación: haciendo entrar el arte en los centros educativos de manera integral e innovadora.
• Democracia cultural: abriendo la cultura a quienes están excluidos de ella de diferente manera, ya sea en la representación o en la creación, incorporando distintas modalidades de gestión y cogestión de espacios culturales, o abriendo la planificación cultural a la participación ciudadana.
• Evaluación: un plan sometido a autoevaluación, que valore el impacto cuantitativo y cualitativo de sus intervenciones para mejorarse permanentemente.

Este programa tiene que nutrirse de las innovaciones que ya se está desarrollando en la sociedad civil y en el tejido cultural, que van muy por delante de la propia administración. Transversalidad e innovación son claves para pensar en el ecosistema en su conjunto, desde las expresiones de la cultura de base o comunitarias, hasta las manifestaciones de ámbito industrial.

El escritor keniata Ngũgĩ wa Thiong’o afirmaba que la cultura es como las flores, pero no por su belleza, sino porque las flores son las que portan las semillas de las que surgirán nuevas plantas. Cualquier tipo de planta, incluso las venenosas o las carnívoras, todas. Porque lo importante es que existan. Así sucede con la cultura, lo importante es que existan infinitas, múltiples y diversas manifestaciones culturales, accesibles, y que el compromiso vital con la cultura no sea un sinónimo de precariedad. Este es el objetivo de una política pública en cultura, esta es la misión de quien se hace responsable: conseguir que la cultura forme parte de la vida de todos los ciudadanos, porque nos permite estar en permanente movimiento y construcción, porque en ella radica la oportunidad de ampliar el horizonte de lo posible. Y una sociedad que no coloque esa posibilidad en su centro estará condenada siempre al mismo destino.