La negativa del PDeCat y ERC a negociar los presupuestos y la renuncia del gobierno a realizar esfuerzos para conseguir sumar los apoyos necesarios para su aprobación, obliga a realizar una reflexión sobre lo que está en juego.

La moción de censura supuso un higiénico cambio de personas y de estilo en el Gobierno. Pero el cambio de políticas requiere de unos nuevos presupuestos, acompañados de medidas legislativas, para pasar página de la austeridad, revertir recortes, afrontar problemas sociales como el de la vivienda, la precariedad, la pobreza energética o la desigualdad entre hombres y mujeres; garantizar libertades e iniciar el camino de la desjudicialización del conflicto catalán y su traslado al ámbito político.

A veces nos miramos demasiado el ombligo y perdemos de vista que lo que sucede en la cuarta potencia económica de la Unión Europea tiene su incidencia en el ámbito europeo. La  aprobación de los presupuestos fortalecería una alternativa europeista y progresista a la austeridad, frente a la alternativa de la extrema derecha, triunfante en Italia y en alza en buena parte de los países de la UE. Demostraríamos, como ha hecho Portugal hasta ahora en solitario, que otra política económica es posible.

Tanto los partidos independentistas catalanes como los sectores del PSOE que se apresuran en dar por muertos los presupuestos, deberían tener en cuenta que echar a Rajoy, pero quedarse con sus presupuestos, con su política económica, es un sinsentido; que hacer políticas sociales, a base de decretos ley, puede ser un avance pero tiene un escaso recorrido con un presupuesto heredado del PP que limita la inversión social. Y, especialmente, deberían tener en cuenta que millones de pensionistas, personas dependientes, niños y niñas que viven situaciones de pobreza o mujeres que sufren la violencia machista necesitan que se aprueben los presupuestos, porqué cuando hablamos de las cuentas públicas hablamos de gente concreta, no de meros apuntes contables.

No es incompatible denunciar la injusticia que sufren los presos políticos catalanes y exigir su liberación y acordar unos presupuestos que contribuyan a mejorar la vida de la mayoría en Catalunya y en el resto del Estado.

Las mismas fuerzas que en el Congreso rechazan sentarse a negociar los presupuestos forman parte de un govern de la Generalitat que pretende que fuerzas políticas del Parlament, como Catalunya en Comú Podem, aprueben sus presupuestos sin transferencias que requieren de los presupuestos del Estado y sin nuevas medidas fiscales, cuando el agotamiento de los servicios públicos es evidente y los funcionarios y el personal sanitario de la Generalitat han convocado huelgas para exigir que se reviertan recortes realizados por los gobiernos de CiU. La desconexión con la realidad no puede ser mayor.

Pero además, la decisión sobre los presupuestos condiciona el futuro político más inmediato. Lo que se decidirá en unas próximas elecciones no es la alternancia entre el PSOE y el PP, tampoco se dirimirá, en el próximo ciclo electoral, la independencia de Catalunya y la unidad de España. El dilema real sobre el que deben posicionarse las fuerzas políticas es entre cambio o involución, entre una democracia de baja intensidad o el avance democrático. Ambas opciones defendidas con diferentes acentos por una pluralidad de fuerzas.

Ya conocemos que es una democracia de baja intensidad: politización de la justicia, vulneración del derecho de expresión ante la disidencia cultural o política; mercantilización de la sociedad,  debilitamiento del trabajo frente al capital, con el empobrecimiento de amplios sectores de la población, indiferencia ante el cambio climático, recentralización del Estado y autoritarismo para afrontar la cuestión catalana. Este es el programa común del PP, Ciudadanos y Vox.

Una opción de avance democrático pasa por recuperar prestaciones y derechos sociales, feminizar la política y la sociedad, impulsar la transición ecológica y el cambio de modelo productivo; garantizar plenamente la libertad de expresión y manifestación y canalizar por la vía de la negociación política el conflicto catalán, con una visión democrática y plurinacional del Estado. En definitiva, avanzar hacia un horizonte de cambio constituyente que permita rehacer el pacto social y territorial sobre nuevas bases.

La derecha ha iniciado un peligroso camino de involución democrática que parece no tener límite. Los que empujan, con su rechazo a los presupuestos, hacia unas elecciones anticipadas lo deberían tener muy en cuenta. Alimentar la idea de la derecha y de algunos sectores del PSOE, que anhelan un acuerdo con Ciudadanos, de que las fuerzas que impulsaron la moción de censura son una "mayoría Frankenstein" de difícil viabilidad, cuando tanto ahora como después de unas próximas elecciones es la mayoría progresista posible, es irresponsable y supone un enorme riesgo que no merecen las clases populares que han sufrido la involución y que esperan el impulso de un cambio que mejore sus vidas y garantice más y mejor democracia.