José Campos Trujillo
Responsable de Participación Institucional de la Confederación de CCOO

En relación a las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (ATCI), que comenzaron hace un año, hay pocos documentos públicos. Sin embargo, los filtrados por las instituciones comunitarias clarifican lo que Estados Unidos y Europa tratan de eliminar o reducir al máximo, tanto los aranceles comerciales como requisitos técnicos o legales que dificultan el comercio. Además, el Tratado abarca múltiples vertientes: sobre inversiones, contratos y servicios públicos, comercio electrónico, telecomunicaciones, cultura, medio ambiente, materias primas, energía, normas fitosanitarias, etc.

Son reformas de un gran calado para el futuro de la Unión Europea. Hay una absoluta falta de transparencia en las negociaciones, hasta el punto de que toda su documentación permanecerá en secreto al menos durante 30 años, y el propio Parlamento Europeo permanece ajeno, lo que es una violación de la legalidad comunitaria sobre publicidad institucional. Así mismo, los respectivos parlamentos nacionales han sido marginados, por lo que la ciudadanía ignora lo que se está gestando sobre su futuro, a pesar de su importancia. Es tanto lo que hay en juego que más de 2500 lobbies se han movilizado a Bruselas para influir en el resultado de las negociaciones. Y eso no augura nada bueno para los derechos ciudadanos ni para los servicios públicos.

De seguir este derrotero, las democracias, las instituciones, los servicios públicos y los derechos sociales quedarán sometidos al poder económico transnacional. El neoliberalismo dictará a los gobiernos la normativa y legislación que más le convenga. Así, por ejemplo, las empresas podrán contar con la ayuda de la Banca para eliminar regulaciones nacionales que limitan los movimientos de capitales.

Este sometimiento de los poderes públicos no parece preocupar a la Comisión Europea. Y mientras, la ATCI sigue adelante hacia lo que supondrá una indeseable convergencia de Europa con Norteamérica que se traducirá en un proceso involucionista en normativas alimentarias o medioambientales, estándares nacionales, especificaciones técnicas, cuotas o convenios laborales. De manera sistemática, la rigurosa legislación europea (de mayor calidad social y laboral que la estadounidense) será reconvertida a los intereses neocapitalistas.

Ya se empieza a ofrecer al público como el antídoto ideal a la actual crisis. Además, creará cientos de miles de empleos. EEUU, incluso, proclama que el comercio crecerá sobre un 17%. Sin embargo, el crecimiento de la economía de la Unión será entre el 0’5% y el 1% del PIB, según datos de la propia CE.

Pero para las empresas será un negocio redondo al que le ganarán más de 200 billones de euros. Además, los impulsores de la ATCI dicen que España será uno de los países más beneficiados, y crearía más de cien mil empleos, elevando nuestra renta per cápita. Obviamente, tras los EEUU, Reino Unido y Alemania.

Sin embargo, la ATCI puede ser ruinosa. Existen diversos antecedentes de este sistema de libre comercio que siempre protagoniza EEUU. No sólo no reportaron una mejora sustancial en el PIB de los países afectados, sino que ocasionaron desempleo o empleo precario. Así que el Tratado, muy probablemente, supondrá la liquidación de las normativas sociales, laborales y ambientales existentes en la Unión Europea.

La propia Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha expresado sus dudas sobre la cantidad y calidad de creación de empleo que reportaría el acuerdo. La propia Comisión Europea prevé la destrucción de empleo en varios sectores como la industria manufacturera, electrónica, equipos de transporte y metalurgia, sector agrícola y ganadero, sectores madereros y de fabricación de papel,  empresas de comunicación y los servicios públicos, serían los más perjudicados.

El tratado acentuará las diferencias entre la Europa pobre y la rica. Las desigualdades sociales crecerán y el beneficio del mismo será sólo empresarial, no social. A ello se suman los riesgos medioambientales y sanitarios o el deterioro de los derechos a la privacidad y a la protección de datos. Tal será el poder de las multinacionales que incluso un país podrá ser demandado legalmente por cualquiera de ellas si, por ejemplo, las políticas públicas frenan sus beneficios o simplemente ven perjudicar sus intereses. En estos casos la fórmula internacional de arbitraje del tratado, el "Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado" (ISDS en inglés), no resolverá precisamente a favor del interés público.

Con la Asociación, el retroceso de derechos o de protección social y medioambiental será tal que nos situará a niveles de países en desarrollo. No sólo eso. No habrá respeto a ningún pacto social, y el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva o a la huelga se verán trastocados sustancialmente.

Con todo, está previsto la ratificación del Acuerdo el próximo año. Y para evitar en lo posible que la protesta social pueda ser peligrosa, el nuevo sistema se implantará progresivamente a lo largo de una década. Con ello se dará un paso gigantesco hacia la privatización y el desmantelamiento de la protección social, laboral y ambiental.

Ante este estado de cosas, CCOO estima urgente que las negociaciones se paralicen y que se establezca un período de información y debate ciudadano. Conforme a lo que han resuelto las internacionales sindicales (CSI, Global Unions y CES), el sindicato considera que el pacto transatlántico debe respetar al menos lo siguiente: los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo así como los convenios principales de la OIT; la actual legislación europea sobre derechos laborales, sobre la seguridad energética y las energías limpias y renovables y la protección del medio ambiente; los actuales servicios. Asimismo, no debe suponer un relajamiento en la lucha contra el fraude fiscal y frente a los paraísos fiscales; el establecimiento de órganos de seguimiento y control del tratado con participación de los interlocutores sociales y otros representantes de la sociedad civil.

Las instituciones democráticas y las autoridades competentes están para servir a los intereses ciudadanos. En un asunto tan relevante no es admisible que se actúe con secretismo y, menos aún, que el interés público quede finalmente subordinado a los intereses privados.