Opinion · Otras miradas

El derecho a la información de la ciudadanía, otra vez olvidado

Agustín Yanel

Secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia ante los medios en el Palacio de la Moncloa, en la que informó de la formación de su nuevo Gobierno. EFE/Paco Campos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia ante los medios en el Palacio de la Moncloa, en la que informó de la formación de su nuevo Gobierno. EFE/Paco Campos

En los 35 folios que ocupaba el discurso de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el sábado 4 de enero, el entonces candidato y ya presidente del Gobierno no dedicó ni una sola línea al derecho a la información de la ciudadanía. Y tampoco se refirió a este derecho constitucional y humano en ninguna de las 22 intervenciones que hizo posteriormente, durante los tres días del debate, para responder a los portavoces de las distintas formaciones políticas.

El presidente no habló de este derecho ni del retroceso en libertad de expresión e información que ha habido en España en los últimos años ni de la precaria situación en la que desempeñan su trabajo muchos periodistas, imprescindibles en las democracias para que este derecho se cumpla como corresponde. Y no es que le faltara tiempo, porque cada portavoz tenía 30 minutos para intervenir más otros 10 de réplica, pero el candidato no tiene limitado el tiempo de sus intervenciones en estos debates. O se olvidó, o no quiso abordar estos asuntos.

El presidente del Gobierno no lo citó en el debate de investidura

Solo hizo una mención a RTVE: «Defenderemos un modelo de RTVE plural, independiente, público, transparente y de calidad, que esté orientado al fomento y difusión de la cultura española», afirmó. Y punto. Ni una sola referencia más al derecho a la información, salvo el anuncio de que, ante la proliferación de bulos y mentiras (las llamadas noticias falsas o fake news), el nuevo Gobierno impulsará «una estrategia de lucha contra la desinformación» que tampoco explicó, «dentro siempre del respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información».

Podría haber aprovechado para hablar de ese derecho cuando respondió a la portavoz de Ciudadanos, pero tampoco lo hizo. Inés Arrimadas afirmó: «Se cargan el concurso público de Televisión Española. ¡Hombre, por favor, van a perder el juguetito de Televisión Española!». Y añadió: «Estamos viendo cómo tratan ustedes a los medios y cómo tratan ustedes a la prensa. Porque, sinceramente, presentar un acuerdo de gobierno echando literalmente a los periodistas de la sala donde lo presentan es una indecencia y, por supuesto, sabemos por dónde van los derroteros de los populistas cuando se meten dentro del Gobierno».

El concurso público de RTVE debe ser resuelto con urgencia

El debate de investidura era una buena ocasión para que Pedro Sánchez hubiera anunciado, entre otras cosas, que el grupo parlamentario del PSOE agilizará la resolución definitiva del concurso público para elegir el Consejo de Administración y la Presidencia de Radiotelevisión Española, pero no lo dijo. La ley que el Congreso aprobó por unanimidad en septiembre de 2017 establece la fórmula del concurso público para esa elección, pero han transcurrido dos años y tres meses sin que lo hayan llevado a cabo. Y, por sorprendente que parezca, hay socialistas que hablan de buscar otro método, lo que obligaría a modificar esa ley sin haber cumplido aún ese mandato.

Las consecuencias de esta situación (en parte debida al poco interés por el concurso público de algunos grupos parlamentarios mayoritarios y también a la parálisis de la actividad parlamentaria por las dos convocatorias de elecciones generales) no pueden ser peores: RTVE lleva ya año y medio sin Consejo de Administración y demasiados meses sin control parlamentario, su administradora única provisional fue nombrada para tres o cuatro meses pero lleva ya 15 meses, y la audiencia de TVE ha caído a sus peores datos históricos bajo su mandato. Pero, por lo que se ve y se escucha, no parece que al presidente y a su grupo les preocupe mucho este asunto.

Habrá quien opine que Pedro Sánchez se olvidó del derecho a la información porque tenía otros muchos y muy importantes asuntos que abordar, cuando presentó su programa de Gobierno en el debate de investidura. Pero no parece ser un simple olvido, porque obstaculizar el trabajo de los informadores, con el consiguiente perjuicio para el derecho a la información de la ciudadanía, parece haberse convertido en una costumbre.

Pueden servir, como ejemplo, algunos casos recientes:

  • en las negociaciones del grupo parlamentario socialista con ERC previas a la investidura, el PSOE no permitió la presencia de fotógrafos y cámaras para realizar el habitual mudo al inicio de las reuniones, sino que el partido distribuyó después las imágenes que ellos  grabaron;
  • al acto de firma del programa de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, convocaron a fotógrafos y cámaras pero no permitieron la presencia de los redactores encargados de elaborar la información, con lo que no pudieron preguntarles;
  • en algunas comparecencias del presidente en La Moncloa sólo han permitido dos preguntas de los periodistas, con la excusa de que cada uno hace más de una pregunta cada vez que toma la palabra y se prolongan demasiado las ruedas de prensa.

Esta manera de dificultar el trabajo de los periodistas ha sido criticada por los propios informadores que cubren la información del Gobierno y por organizaciones como la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Quizá por esas protestas, en la comparecencia sin preguntas que el presidente realizó el domingo 12 de enero, para anunciar oficialmente el nuevo Gobierno, dijo dos veces que protagonizará la rueda de prensa tras la primera reunión del Consejo de Ministros y responderá a las preguntas de los informadores.

La ciudadanía debe exigir que se cumpla, como hace con la sanidad o la educación

El derecho a la información de la ciudadanía, para que sea pleno como corresponde a un sistema democrático, requiere adoptar algunas decisiones que, hasta ahora, ni los gobiernos del PSOE ni mucho menos los del PP han querido poner en marcha. Cuando están en la oposición se declaran los máximos defensores de la libertad de expresión y del derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural, dicen que conocen bien la mala situación por la que atraviesa el periodismo y la precariedad en la que trabajan muchos profesionales, y se comprometen a actuar desde el Gobierno para mejorarla; pero cuando llegan al Ejecutivo olvidan esa promesa, no aprueban ninguna medida y hacen lo mismo que antes criticaban a su adversario político.

El presidente del Gobierno y su partido conocen las propuestas que vienen planteando desde hace años la FeSP y otras organizaciones profesionales y sindicales de periodistas. También las conocen los demás partidos, pero ni el PSOE ni el PP han tenido la voluntad política necesaria para transformarlas en leyes. Por temor a los grandes grupos de comunicación, en unos casos, y porque no quieren periodistas y medios que trabajen con plena independencia y libertad, en otros.

Ahora que se inicia en España una nueva etapa con un Gobierno progresista de coalición hay que exigir a quienes lo integran, PSOE y Unidas Podemos, que cumplan lo que han prometido en sus programas electorales en materia de libertad de expresión y derecho a la información de la ciudadanía. Y que abandonen, de una vez por todas, las malas prácticas que los profesionales de la información vienen padeciendo: ruedas de prensa sin preguntas, imposibilidad de los medios para grabar imágenes propias en mítines y otros actos, intentos de controlar la información en algunos casos…

La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, plural y de calidad. Es un derecho constitucional y humano, y para que se cumpla es necesario que los periodistas trabajen en condiciones dignas, con independencia y sin presiones políticas, económicas o de otro tipo. El nuevo Gobierno y el Parlamento deben empezar a adoptar medidas para que esto sea posible, en beneficio de la democracia; y la ciudadanía debe exigirlo, como exige una sanidad o una educación de calidad.