[0] Primeras elecciones de un nuevo ciclo político

El próximo 5 de abril se celebrarán las primeras elecciones (pendientes de Catalunya) que servirán para observar cara a donde se orientan las tendencias electorales del nuevo ciclo político abierto tras las pasadas elecciones generales (y la realineación partidaria surgida de las mismas) y que valdrán para evaluar en que situación queda la estructura de partidos tras el fin de un ciclo caracterizado por el surgimiento de interfaces que se inspiraron o intentaron rentabilizar las demandas del movimiento de indignación del 15M (lo que se dio en conocer  como "nueva política").

En el caso de Galicia las elecciones cierran el ciclo abierto con la irrupción de AGE (primera experiencia de transversalidad en lo nacional y en lo social) en las elecciones del 2012, continuado por el éxito de las Mareas Municipalistas en mayo del 2015 y la candidatura de En Marea que si bien fue capaz de revalidar en las autonómicas del 2016, por escaso margen,  el liderazgo en la oposición al PP alcanzado en las generales de noviembre de 2015,  su posterior convulsa evolución, plagada de contradicciones, le impidió ejercer realmente como tal en el parlamento gallego.

En el caso del País Vasco, en un momento de reubicación de la izquierda abertzale, Podemos fue capaz, sin ningún tipo de aliado local, de convertirse en la primera fuerza electoral del País Vasco en las generales de 2015 y su repetición de 2016, para pasar a una importante tercera posición en las autonómicas de octubre de 2016.

Si bien la ‘nueva izquierda’ tuvo en Galicia y País Vasco un éxito importante en el pasado ciclo electoral, en el caso de la ‘nueva derecha’ representada por Cs no dejo de ser minoritaria, incluso marginal, en ambos territorios.

Las elecciones del 5 de abril en Galicia y País Vasco servirán de indicador de algunas cuestiones importantes pero sobre todo servirá para determinar si, como pensamos algunos, estamos ante un nuevo ciclo en el que, sin cerrarse el episodio de cambio democrático abierto en el 2011, estamos ante una pérdida de oportunidad política por parte de la ‘nueva izquierda’ que permitiría hablar de la etapa post-Podemos y del fin de la nueva política tal como la conocimos en este periodo.

Es necesario situar el marco global y local para entender el episodio de cambio al que asistimos y comprender el auge y la crisis de la nueva política y los interfaces nacidos ligados a ella.

[1] Crisis del contractualismo y del estado social

La globalización se ha llevado por delante el modelo de estado de bienestar y ha evidenciado una crisis del paradigma del contractualismo de la modernidad y la necesidad de un nuevo contrato social.

Asistimos a una crisis del contrato social salido de la modernidad que no parece resistir las múltiples fragmentaciones y apartheids emergentes. Estamos delante de una crisis paradigmática de la modernidad en todos los aspectos (Sousa Santos 1999).

Donde más se observa la crisis del contractualismo es en el ámbito social. El neoliberalismo lo hizo saltar por los aires (como elemento opcional y no como parte de por sí del contrato social). Como su resultado queda el predominio de procesos de exclusión sobre inclusión.

Se produce una pérdida de legitimidad (el sistema actúa más como un régimen) y fruto de eso asistimos al surgimiento de lo que se define como fascismo social (Sousa Santos 1999). Fascismo no en su expresión política: totalitarismo para eliminar los problemas del capitalismo de ejercer su control; sino en el social: estado de legitimación cero.

La globalización neoliberal situó el problema democrático en un primer plano, siendo este el elemento central en el debate político tanto en el aspecto conceptual sobre que democracia queremos ejercer, como en la propia democracia como elemento de articulación.

Existe una clara crisis de legitimidad democrática que coincide con una crisis del contrato social. Además esta crisis democrática coincide con una crisis del modelo del estado de bienestar histórico en Europa.

No se puede volver a construir el estado de bienestar tal como fue concebido en los últimos 50 años por múltiples razones entre las que cabría destacar tres:

• la inexistencia de una clase obrera uniformada sociológicamente y concentrada en grandes fábricas, bajo el modelo fordista, y representada por influyentes sindicatos corporativos;
• la desaparición del mundo bipolar Este-Oeste, haciéndose innecesario concesiones en el ámbito social con el fin de mitigar posibles contagios interbloques;
• el agotamiento de recursos energéticos y el surgimiento de la ciudadanía del Sur como agente de demanda de derechos sociales y democráticos que imposibilitan la construcción de ‘guetos privilegiados’ de bienestar.

El nuevo estado de bienestar y democrático sólo será posible desde la superación de modelos democráticos actuales, desde una democracia redistributiva, desde un planteamiento experimental y global.

Nos enfrentamos a una crisis multidimensional (económica, ecológica, social, cultural y política), causada por la concentración del poder en las manos de élites oligárquicas. En ese sentido una nueva democracia (inclusiva) no se formula so como una utopía, sino como la única salida de la crisis, basada en la distribución igualitaria del poder en todos los niveles.

La democracia, el espacio público incluye no sólo el espacio político, como es usual en el contractualismo moderno, sino también el espacio económico, el social y el ecológico de manera holística.

Y esto tiene que ver con el primer aspecto a abordar: la aceptación de que solamente desde las recetas tradicionales socialdemócratas (mucho menos desde el ideario comunista) que apuntan a reequilibrios sociales es posible abordar esta crisis de legitimidad y abordar el surgimiento de populismos de extrema derecha.

Es necesario situar el debate democrático; en la defensa, también, de los aspectos ‘formales’ del funcionamiento democrático (frontispicio ético); en el represtigio de las instituciones (regeneracionismo político); y en la profundización de la misma (radicalidad democrática); el programa de la izquierda.

[2] Nuevos paradigmas

Asistimos la segunda fase de la globalización, los enfrentamientos comerciales entre China y USA así lo certifican. Durante la primera fase el altermundismo jugó el papel de recomposición de una izquierda mundial aturdida y derrotada por la caída del comunismo soviético y la crisis de la socialdemocracia desarrollista.

En esta nueva fase el altermundismo ha quedado sepultado debajo de los fracasos de los modelos latinoamericanos y solamente la corriente de la New Deal Green en la izquierda del Partido Demócrata en los Estados Unidos está ofreciendo una alternativa de supervivencia global.

Una Europa en crisis estructural se juega si le va a quedar algún papel reequilibrador entre dos potencias que se disputan el reparto del nuevo mundo entretanto ponen en peligro la propia supervivencia del mismo.

El reto del cambio climático y la respuesta política al mismo, no pasa por ser una demanda más que se pueda sumar incoherentemente a un listado programático más amplio.

La contradicción principal es, hace tiempo, la supervivencia de la vida en el planeta. Los europeos empiezan a observar que la salvaguarda de los derechos democráticos y sociales del que fue el espacio más avanzado en el mundo con respecto a ellos pasa por salvar la espacialidad sobre los que se asientan: la tierra.

Con la caída del muro de Berlín, fecha simbólica del inicio de la globalización, se agudizó la crisis en la que ya estaba inmersa la izquierda, tanto la de cultura socialdemócrata como la de cultura comunista, desactivándola como alternativa.

La desaparición en nuestras sociedades, fruto del desarrollo tecnológico y el proceso de deslocalización, de la concentración en grandes centros de trabajo de miles de trabajadores volatiliza su conciencia de clase y dificulta su organización sindical.

La sociedad post-fordista (y de la información en red) ha construido una estructura de clases mucho más ecléctica, con unas necesidades vitales nuevas condicionadas por la sociedad de consumo, de una parte, y de nuevas demandas en el campo psicoafectivo, de otra; y con unos niveles de transversalidad más fuerte.

Esta nueva estructura, no significa que se invalide la contienda política entre clases y sectores sino que la misma pasa a tener un mayor grado de complejidad y un formateo diferente.

La situación de monopolio económico por parte de las grandes corporaciones, la degradación de las condiciones de vida de sectores de la pequeña burguesía o de empobrecimiento masivo en los países del Sur o en las periferias del Norte han construido un espacio para la coincidencia de intereses de amplios sectores sociales antes imposible (‘somos el 99% frente al 1%’).

En lo ontológico el nuevo paradigma sitúa a la ciudadanía en su concepto amplio como actor del cambio, a diferencia de la vieja izquierda que lo sigue situando en la clase obrera (y más allá en el proletariado como subsector) o del nacionalismo que lo sitúa en el pueblo (entendida la nación como un ente abstracto sin intereses en liza).

Los partidos o propuestas políticas nacidas al calor del nuevo tiempo (prinicipalmente Podemos en un primer momento) han coincidido en la reflexión de cambiar el foco a propósito del sujeto político de cambio (la ciudadanía).

Pero además de corregir el paradigma en el ontológico, la vertebración de un nuevo constructor (imprescindible para que exista una nueva izquierda) tiene que venir necesariamente acompañado de una revisión a fondo de los paradigmas en lo epistemológico (además del metodológico) que requiere una nueva construcción desde una realidad compleja y tridimensional - democrática, social y nacional - en un tiempo de ruptura donde la coordenada democrática se convierte en el eje central.

Una de las características del fracaso paradigmático de la izquierda fue entender la realidad de manera unidimensional, fruto del cual, en función de sí ponía el foco en las contradicciones sociales o nacionales de la realidad, acababa siendo izquierdista o nacionalista.

En esta visión hay que buscar buena parte de su incapacidad para que construir la hegemonía social necesaria que luego se convierta en hegemonía electoral, además de haber formalizado una división en compartimentos estancos impermeables entre reformistas y revolucionarios, entre nacionalistas y estatalistas.

Los nuevos movimientos relacionados con la ‘indignación democrática’ hicieron que haya emergido hacia la superficie una realidad poliédrica y multidimensional con tres coordenadas políticas igual de importantes y relacionadas dialécticamente: la social (que se mueve en el eje izquierda-derecha); la nacional (en el eje soberanía-dependencia); y la democrática (en el eje arriba-abajo).  Necesariamente abordables en su complejidad pues la sobredimensión de cualquiera de ellas significaría tener una caricatura irreal del terreno donde se produce la contienda política.

Así, la izquierda tradicional al no tener en cuenta o minusvalorar lo nacional no fue quien de construir una hegemonía liderando a diversos sectores. Por su parte, el nacionalismo ideológico al dejar en segundo plano el eje social acabó construyendo un proyecto cada vez menos transformador. Ambos al no tener en cuenta a realidad democrática se incapacitan para construir una alternativa transformadora para la mayoría.

Es el movimiento 15M el que ponen en valor la coordenada democrática, hasta ese momento ausente en la contienda política. A sabiendas que no son cómo dicen el movimiento Ocuppy Wall Street el ‘1% frente al 99%’, pero, sin duda, una amplísima mayoría afectada por las políticas dictadas por una ínfima minoría oligopólica a su favor.

[3] Tiempo constituyente

En este contexto de crisis global el Estado Español está, medio siglo después, a abordar una nueva transición política que en este caso no se debate entra la dicotomía dictadura versus democracia (con todas sus variables) sino en una nueva dicotomía entre democracia plutocrática y democracia real (siguiendo el eslogan quincemayista).

Medio siglo separan los episodios de cambio político en España. El inicio del anterior episodio podemos situarlo en las movilizaciones obreras y estudiantiles de inicios de los años sesenta la raíz de las demandas sociales de una nueva clase obrera que surge del proceso desarrollista de la segunda mitad de los cincuenta. El inicio del actual episodio de cambio podemos situarlo en las importantes movilizaciones de inicio de siglo, lideradas por una generación ya nacida en democracia y con muchas diferencias culturales e interpretativas con respeto a las generaciones educadas en la dictadura.

Pero sí es en eses períodos donde podemos ubicar temporalmente el episodio de cambio de ciclo político, son dos acontecimientos concretos los que abren simbólicamente el período de los dos procesos constituyentes. La muerte del dictador (20N) y la rebelión de las plazas (15M).

El episodio de transición de la dictadura a la democracia permitió, en un contexto interno y global complejo, dotar al Estado Español de un marco jurídico que en los principios básicos son los mismos de nuestro entorno: reconocimiento de derechos humanos, régimen de libertades y derechos individuales, economía social de mercado y derechos sociales básicos, ...

Y si bien podríamos interpretar la transición española como una ‘guerra civil que nunca se produjo’ (McaDam, Tarrow & Tilly 2005) e interpretar la constitución de 1978 como el momento constituyente de nuestro estado moderno; de igual modo podemos afirmar que el modelo salido da la misma a todas luces está agotado, más si tenemos en cuenta el nuevo contexto político, social y económico; nuevo marco internacional; y nuevos paradigmas democráticos.

Hay muchas señales del agotamiento del modelo del 78 y delante de ellas las élites que han actuado durante estos cuarenta años se comportan más como las élites de un ‘régimen’ que como las élites de un estado democrático. Cuatro son las centrales:

1. 1. El inmovilismo. Casi no existen constituciones que en cuarenta años (dos generaciones) no sean modificadas o actualizadas parcialmente. Las dos veces que en este tiempo se ha modificado la constitución española las dos fue por decisión externa: modificación del derecho a voto para extranjeros, para aplicar los acuerdos de Maastrich, y la pérdida de soberanía, exigida por la Troica en el caso del nuevo artículo 135 que prioriza el pago de la deuda a cualquiera otra determinación presupuestaria.
   2. La corrupción generalizada. No estamos delante de casos aislados de lucro personal sino casos de corrupción de instituciones que tienen una clara ‘dependencia’ estructural de la financiación irregular. La corrupción que durante los últimos años tiene estado presente afecta transversalmente a la financiación de los partidos vertebradores del modelo (PP, PSOE, CiU), a la gestión de las subvenciones de las centrales sindicales y organizaciones empresariales, a la jefatura del estado, a las instituciones municipales ligadas a la falta de transparencia en las concesiones administrativas de contratas o la privatización de servicios.
   3. El traspaso de la gobernanza a esferas privadas. La crisis económica ha servido para consolidar un proceso de traspaso de la soberanía del estado a los oligopolios que han visto cómo se aprobaban políticas de rescate de sus negocios mientras los distintos gobiernos no abordaban los problemas sociales de una población cada vez más empobrecida. La modificación del artículo 135 es toda una declaración de intenciones de cómo a partir de ahora se van a abordar las crisis.
   4. El ‘caso’ catalán cómo falla tectónica democrática. La forma de cerrar en falso las demandas de mayor autogobierno vasco, concretadas en el portazo al Plan Ibarretxe, ya fue una señal clara de que el encaje de las naciones periféricas del estado iban a ser un problema a partir de ahí. El intento de federalizar el estado desde la periferia ensayado con el proceso del nuevo Estatut catalán generó una triple frustración democrática que crea desafección de una importante parte de la población con la democracia española en los tres poder del estado: primero en el recorte del texto aprobado por el Parlament catalán en el trámite de aprobación en las cortes del estado (legislativo), después en la segunda poda hecha  en el tribunal constitucional (judicial) y al final en el bloqueo de traspasos de las nuevas competencias emanadas del incluso (ejecutivo).

Es verdad que había múltiples señales claras de esta crisis pero no existía conciencia de lo que ello significaba. La concurrencia de múltiples crisis globales, de cambio productivo (financiera), de modelo de consumo (ecológica), de estado de bienestar (social), de identidades referenciales (democrática), con tres grandes crisis temporalizadas a nivel local marcán el momento:

En el período 2002-2008 una crisis institucional caracterizada por la ausencia del estado en los grandes problemas (Prestige, Guerra, 11M,...) y que se salda con una grave frustración social con el gobierno Zapatero, por parte de los sectores más nuevos esperanzados con él.

En el período 2008-2011 una crisis económica y social que sí bien a nivel global se comporta como una crisis social típica de un crack financiero, en España adquiere una característica de crisis de representatividad que genera una fuerte desafección y culmina en el 15M.

Por último, en el período 2011-2015 se produce, fruto de la suma de las dos anteriores, una crisis democrática y la consiguiente reconstrucción de nuevos interfaces: AGE, Podemos, iniciativas municipalistas, En Marea, En Común.

Este contexto de desafección política y crisis de representatividad se da en una situación de padecimiento de los sectores más desfavorecidos de la población y de desmantelamiento social y democrático y con un ciclo electoral iniciado en las elecciones municipales del 2011 (surgimiento del movimiento 15M) y que tuvo en las elecciones municipales 2015 un momento determinante (triunfo de las candidaturas del cambio) para avanzar en el proceso de constituyente al ser la primera concreción de quiebra del modelo bipartidista abriendo el proceso de alternancia de las élites que hegemonizaron la política española en los últimos cuarenta años, dominada por el bloqueo las políticas de progreso y por la corrupción ética y económica.

Estamos en un proceso constituyente, aún en su fase inicial de-constituyente que se abre con el 15M marcando las prioridades de las agendas políticas. Las municipales del 2011 abrieron el ciclo simbólico, las municipales del 2015 mostraron la posibilidad de construir mayorías electorales de cambio.

La apertura de un proceso de transito democrático no asegura, no obstante, un resultado progresista. De hecho esta nueva fase ha puesto en marcha una ofensiva económica, cultural y política por parte de las fuerzas de la derecha y de las élites dominantes para el desmantelamiento del estado de bienestar así como para la hegemonización ideológica del neoconservadurismo recentralizador y antisocial, con la intención de eliminar por medio de un proceso de recortes todos los aspectos sociales y democráticos más avanzados.

Sin duda abordar un proceso constituyente en los inicios del siglo XXI difiere mucho de abordar un proceso constituyente en la década de los setenta del siglo pasado.

Entender el período que enmarca este episodio de cambio democrático es el segundo reto de la izquierda.

Para ello es necesario  un nuevo proyecto democrático donde la ciudadanía actué como sujeto de un cambio sustentado sobre un programa basado en la radicalidad democrática, el regeneracionismo y la transparencia, el republicanismo y el laicismo, la justicia social y ambiental, la igualdad y los derechos civiles, y la solución  plurinacional al conflicto territorial.