"When you talk about destruction,
don’t you know that you can count me out?"
(Cuando hablas de destrucción,
¿no sabes que no cuentas conmigo?)
(Lennon & McCartney, Revolution)

Resulta que algunos nacionalistas vascos y catalanes se incomodaron hace unos días porque, en la fase 3 de la desescalada, el gobierno central hubiese negociado y acordado la opción de que todas las CCAA tuviesen la misma capacidad de autonomía para administrar las medidas que considerasen más adecuadas, según sus peculiaridades funcionales y territoriales. Y ello sin que hubiera asimetrías que pudieran suponer privilegios entre nacionalidades y regiones. Así se facilitó el apoyo del grupo de Ciudadanos a la sexta —¿y última?— prórroga del estado de alarma, posibilitando un respaldo parlamentario mayor que en anteriores ocasiones, y dejando a Vox, PP y los secesionistas de Puigdemont como contumaces negadores del ‘pan y la sal’ al ejecutivo de Sánchez.

El título de este artículo hace referencia a una regla estructural en el proceso de federalización del proceso autonómico en España iniciado tras la muerte del dictador Franco. Un proceso conformado por un modelo de concurrencia múltiple etnoterritorial, ahora sujeto a tensiones centrípetas de recentralización y centrífugas de separación. Ambos envites destructivos arrojan serias dudas respecto a la viabilidad futura de un acomodo interno federal en España. Ese sería el escenario ideal en un país que trata de hacer viables unidad y diversidad mediante el pacto político de sus comunidades constituyentes. Las alternativas destructivas que nos ofrece nuestra historia son la dictadura o la disolución cantonalista.

Recordemos que, según la regla de la mímesis autonómica, las nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco) pretendieron desde un primer momento una equiparación en el ámbito de sus decisiones políticas similar al del Estado central (competencias exclusivas, policías autonómicas, signos exteriores y emblemas propios, viajes de alta representación institucional al extranjero, reclamos de autodeterminación aprobados por los parlamentos autonómicos y, en algunos casos, políticas públicas de nueva implantación). Subsiguientemente, las regiones más autonomistas reclamaron los techos competenciales de las nacionalidades históricas (caso de Andalucía en 1981 y, posteriormente, Valencia e Islas Canarias, 1982), y, finalmente, ellas mismas se convirtieron en referentes para la reivindicación política de comunidades con una identidad colectiva más diluida, y hasta inexpresiva o inexistente (Cantabria, La Rioja o Madrid, pongamos por caso).

La mímesis autonómica es una regla de ida y vuelta y que escuece sobremanera en aquellas nacionalidades o regiones que han asumido más competencias descentralizadas o, simplemente, han ejercido una mayor capacidad de autogobierno y de desarrollo institucional. A la postre, todas las CCAA quieren jugar la Champions League de la autonomía territorial. Pero las que aparecen en los primeros puestos de la tabla de clasificación pugnan como gato panza arriba por mantener a toda costa diferencias competenciales, o privilegiar las relaciones bilaterales con la administración central. No se trata tanto de demostrar sus ‘buena prácticas’ en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades. El caso de la sanidad descentralizada, y de la responsabilidad administrativa de las CCAA en la gestión de la pandemia del Covid 19, ofrece numerosos ejemplos que habría que analizar. Se trata de diferencias, aunque sean retóricas o nominales, que las visibilicen alejadas de las CCAA ‘rezagadas’. A estas se les sigue considerando como convidadas de piedra en el piscolabis del famoso ‘café para todos’.

En realidad bien haríamos en reinterpretar el denostado ‘café para todos’, formulado al inicio del proceso autonómico, no como una estrategia neocentralista con el fin de homogeneizar competencial y políticamente a las 17 CCAA —y desvirtuar así el principio de los hechos diferenciales de las nacionalidades históricas—, sino como un ‘todos queremos café’, reivindicado por las regiones ‘rezagadas’ en petición de obtener ‘lo mismo que catalanes, gallegos y vascos’.

La progresiva e inductiva federalización española ha canalizado el principio del ‘agravio comparativo’ entre nacionalidades y regiones consustancial a nuestro modelo de concurrencia múltiple etnoterritorial, hacia un efecto imitación —o regla de la ‘mímesis autonómica’— que se despliega en los mismos deseos por igualarse entre ellas, al modo a como España ha venido realizando respecto a los países europeos centrales de la Unión Europea (Alemania, Francia o Italia, pongamos por caso) ¿Por qué nos empeñamos en querer el todo (UE), aspiración que no se asume para las partes (CCAA)?

La emulación es una pulsión de gran importancia en las relaciones políticas de humanos y entre grupos de humanos. En la ‘piel de toro’ se prefiere sepultar la concurrencia de territorios que ha hecho posible en su conjunto una modernización y un desarrollo socioeconómico sin parangón en el concierto de las naciones. Se coquetea con una vuelta a fórmulas de homogeneización o disolución que conllevan el germen de la destrucción. No cuenten conmigo...