Otras miradas

Google, neofeudalismo sin diezmos

El logo de Google, en Davos (Suiza). REUTERS/Arnd Wiegmann
El logo de Google, en Davos (Suiza). REUTERS/Arnd Wiegmann

Confronta la UE un ‘momento de la verdad’, cuya resolución puede cambiar el curso de los acontecimientos socio-económicos no sólo continentales sino globales. Se trata de comprobar si la tasa Google se aplicará finalmente en el Viejo Continente, o se quedará en un gatillazo fiscal que se disuelva en las exigencias del capitalismo anglo-norteamericano. Los EE UU se han negado a la posibilidad de gravar con un impuesto los servicios digitales de gigantes tecnológicos como Google y de que tributen en los países donde desarrollan sus actividades.

La Secretaría del Tesoro norteamericana ya ha hecho saber mediante misivas dirigidas a países como España, Francia o Italia, que la aplicación de la tasa Google conllevaría represalias por parte de la administración estadounidense. De momento, EE UU se ha retirado de las negociaciones impulsadas por la OCDE y destinadas a lograr una posición común sobre el establecimiento de un impuesto mundial al respecto. En el caso de España, ya se está tramitando un proyecto de ley que gravaría un 3% de los ingresos que las multinacionales tecnológicas obtengan por la explotación de datos de sus usuarios, además de por el ‘bombardeo’ publicitario y otros servicios online supuestamente gratis. Simplificando la discusión, se trataría de que los cuatro nuevos señores feudales digitales (Amazon Apple, Google, Microsoft) paguen --aún muy parcialmente-- sus diezmos a las haciendas de los países donde generan y acopian sus pingües beneficios.

Los adalides neoliberales del mercado irrestricto consideran anatema que se limiten fiscalmente las iniciativas neofeudales que tanto negocio han generado en los últimos decenios. Callan, sin embargo, que esos señores neofeudales globales han vuelto a sus cuarteles de invierno estadounidenses para pagar sus impuestos allí, aprovechándose de las rebajas impositivas aprobadas por el presidente Trump en 2017. Su reforma fiscal – aprobada en el Senado por la mínima diferencia de 51 votos frente a 49 -- permitía expandir el déficit público estadounidense en 1,5 billones (millones de millones) de dólares hasta 2028. El proyecto aprobado incluía recortes de impuestos temporales para los contribuyentes más pudientes, así como rebajas tributarias permanentes para las corporaciones. Ello se tradujo en una rebaja del impuesto de sociedades del 35% al 20%, así como en una reducción del tope para las rentas más altas (del 39,6 al 35%). Según las proclamas de Trump, tales rebajas fiscales estimularían la actividad productiva y promocionarían el crecimiento económico. Todo ello debería revertir en nuevas inversiones y en prosperidad para el conjunto social. Sin embargo, la conocida como ‘economía de goteo’ o ‘efecto derrame’ (trickle down economics) en los tiempos de las presidencias de Reagan y Bush, padre e hijo, en realidad ya resultó en un aumento de la desigualdad y el déficit fiscal, provocando, a su vez, inflación, estancamiento y una menor prosperidad para todos. No así para el 1% de los superricos.

Recuérdese que en mayo de 2016 la UE reclamó a Apple el abono de 13.000 millones de euros en impuestos no pagados a Irlanda, por considerar que el pacto fiscal que Dublín había ofrecido a la multinacional debía considerarse como una ayuda ilegal de Estado. Tras la reforma fiscal de Trump, Apple pasó a considerar a principios de 2018 la ‘repatriación’ de sus ganancias en efectivo que venía manteniendo en diversos países del mundo. Hasta un 94% del efectivo total de 269 millardos de dólares –o miles de millones, que era la cantidad que mantenía fuera de EE UU-- pasaría a ser declarado como ganancias y pagaría por ello al fisco estadounidense la cantidad de 38 millardos de dólares (equivalente a una cuarta parte del coste anual de las pensiones en España). Con la nueva normativa fiscal, Apple anunciaba que contribuiría a la prosperidad de la economía estadounidense con la creación de 20.000 nuevos empleos en el periodo 2018/2022. Una decisión que se alineaba con los vaticinios de Trump respecto a su famoso eslogan electoral de ‘Primero los Estados Unidos’ (America first). Después su llegada a la Casa Blanca, las apelaciones de Trump al proteccionismo propulsaron la globalización en sentido ‘anglo’, a la que se sumó el Reino Unido como secuela del referéndum del Brexit de junio de 2016.

En realidad, a EE UU y Reino Unido les sigue interesando la globalización, siempre y cuando la instrumentalicen a su conveniencia. Esta visión codiciosa define no solo las estrategias económicas de ambos países, sino que son expresión de cierta cultura y valores civilizatorios anglosajones. Por encima de cualquier otra consideración, la actuación de los grandes paladines del neoliberalismo anglonorteamericano siempre ha perseguido el interés propio. El mantra neoliberal ha insistido en que lo público siempre ha sido el problema y, por tanto, el mercado era la solución. Paradójicamente, su aversión a los controles públicos no ha estado reñida a avalar actuaciones gubernamentales que pretenden reforzar sus capacidades de negociación en beneficio propio, como es el caso de la tasa Google. Es decir, desregulación para los otros y proteccionismo para nosotros. Como ya apuntó a finales de los años 1970 el preclaro teórico social Michel Foucault, el neoliberalismo debería ser identificado con una práctica de permanente vigilancia e intervención.

Tras la convulsión provocada por la pandemia del Coronavirus, el Modelo Social Europeo sufre el embate neofeudal de los grandes intereses corporativos globales que esquivan torticeramente los principios de justicia fiscal tan necesarios para el mantenimiento del Estado del Bienestar, garante de los derechos de ciudadanía. Como alternativa, se ofrece la sumisión a los nuevos señores feudales digitales. El ‘momento de la verdad’ ha llegado para la UE, si es que pretende ofrecer alguna alternativa a la unilateralidad interesada del capitalismo anglo-norteamericano.