Es muy cansina la estrategia de la derecha, especialmente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de utilizar todo tipo de trapacerías para la confrontación con el Gobierno central. Les sirve como cortina de humo para tapar la incompetencia en su gestión, el ataque a lo público y para hacer electoralismo barato en uno de los momentos más críticos de este país. Hay que recordar, además, que Díaz Ayuso y Martínez Almeida gobiernan gracias al voto de la ultraderecha y que si este país fuera Alemania, eso nunca sucedería.

Si es grave por irresponsable esta manera de actuar, lo es más por la agresión permanente a servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Ayuso aplica con descaro el manual del buen privatizador al servicio de las élites y en contra del bien común. Es lo que viene haciendo el PP en la sanidad madrileña: deteriorar primero para privatizar después. Veamos. Han recortado la financiación, han reducido las plantillas, han quitado capacidad operativa a Atención Primaria, han transferido recursos y la gestión de hospitales públicos a multinacionales, han intentado privatizar centros de salud y hospitales, algo que se evitó gracias a la lucha de la Marea Blanca y a las resoluciones judiciales. El responsable de aquella siniestra operación privatizadora, Fernández-Lasquetty, ha sido premiado con la consejería de Hacienda en el Gobierno de Madrid. Y han aprovechado la pandemia para privatizar todo lo que han podido, desde los contratos opacos y la triplicación del coste del hospital del IFEMA (59 M de euros), a la contratación de rastreadores o a la actual vacunación.

No hay que olvidar que otro de los objetivos de la derecha es engrasar las relaciones con aquellas grandes empresas que luego son generosas con el partido, como se ha evidenciado en los múltiples procesos por corrupción ya juzgados o pendientes de juzgar. Ocupa un lugar de honor en esta estrategia el hospital Isabel Zendal. No es simplemente una obra faraónica para mayor delirio de Isabel Díaz Ayuso, es un auténtico monumento al disparate. Ha enterrado ya en él del orden de los 135 millones de euros, sin ser necesario, según han denunciado desde el sector sanitario público, y le falta dotación (urgencias, quirófanos, laboratorios...) y plantilla. Pero si la propaganda es la política de Ayuso, el negocio está en las obras y, seguramente, lo estará en el futuro. Ya veremos si no acaba siendo un hospital privatizado para el turismo sanitario sin que se recupere el dinero público invertido. Es llamativa la insistencia que hace la presidenta de su proximidad al aeropuerto de Barajas. Al tiempo.

El Gobierno de Madrid completa su política antisocial y de ataque a lo público con el despido de 1.117 profesores de refuerzo COVID y con la falta de sensibilidad hacía los colectivos vulnerables: ancianos, familias excluidas y niños necesitados. Desde los menús de Telepizza para niños que necesitan comer, a dejar a las familias de la Cañada Real sin luz en pleno invierno lo que ha provocado quejas de la ONU. O la gestión en las residencias de ancianos durante la pandemia, por lo que familiares de las víctimas piden su procesamiento, habiendo sido admitida una querella contra ella y los consejeros de Sanidad y de Justicia. Pues bien, Ayuso solo destina a las residencias y a la pobreza el 0,5% de los 3.357 millones del fondo Covid-19 que ha recibido del Gobierno central.

El penúltimo episodio es la campaña de vacunación contra el covid. El Gobierno de Madrid ha clamado exigiendo al Ministerio de Sanidad mayor número de vacunas, pero solo ha sido capaz de utilizar el 6,3% de las recibidas en la primera entrega ¿Cómo no han utilizado todas las vacunas disponibles dada la situación de riesgo extremo que hay? Otras comunidades con una población más dispersa y menos ricas que Madrid han vacunando al 83% (Asturias) o al 52,8% (Galicia) ¿Es solo mala gestión, falta de planificación o inutilidad del Gobierno de Ayuso? No solo. También ha aprovechado para privatizar a dedo la vacunación y le pagará 130.000 euros al mes a Cruz Roja. Sospechosamente, Cruz Roja empezó a poner anuncios para contratar a personal once días antes de que se adjudicara el contrato. La pregunta es ¿por qué no contrata el sistema público de salud? Como bien denuncia la Asociación Madrileña de Enfermeras, "de manera clamorosamente obscena la Comunidad de Madrid abre la puerta nuevamente a una privatización de la campaña" a través de empresas privadas, farmacias, ONG, clínicas dentales. Y reclama su papel como parte responsable en la planificación, ejecución y evaluación de la campaña de vacunación contra la Covid19 desde Atención Primaria

La lección que todos deberíamos haber aprendido de la pandemia era la necesidad de fortalecer la Sanidad Pública. No solo no se ha hecho, sino todo lo contrario y encima tenemos que aguantar que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, salga con un desparpajo tan grande como su cara a decirnos: "La gente no va a distinguir" (NOTA 1), para justificar la privatización del proceso de vacunación. Claro que distinguimos. Y nos importa y mucho. Porque es nuestro dinero el que se está dando al sector privado, y porque la asistencia sanitaria es un derecho fundamental que no puede estar sometido a intereses de lucro. También, porque creemos en lo público y somos más del Omnia sunt communia, es decir, del "todo es de todos" y no del todo es de unos pocos, como defiende el neoliberalismo rampante. Pero más allá de la indignación que nos produzcan estos insultos a la inteligencia, ante estas agresiones solo queda calle y urnas. Recuperar la movilización, y a ver si de una santa vez la izquierda deja de jugar a dividirse y aspira de verdad a ganar las elecciones. Mientras no lo hagamos, seguiremos entre los dientes de los tiburones.