Otras miradas

La Ley Trans más allá del ruido: dudas razonables, peligros potenciales

Cuando hace algo menos de un año escribí en esta misma publicación que el feminismo estaba sufriendo una guerra civil a causa del proyecto de Ley Trans el debate estaba a punto de saltar a los medios generalistas y por tanto a gran parte de la sociedad. La pandemia postergó aquel conflicto que, tras la presentación por parte del Ministerio de Igualdad de una propuesta legislativa, se ha recrudecido. La ley, que aún debe ser consensuada en el Ejecutivo y aprobada en el Parlamento, ha despertado las reticencias del PSOE. Irene Montero, al frente de Igualdad, y la vicepresidenta Carmen Calvo, han sido los polos representativos de un enfrentamiento que, sin embargo, no se puede reducir al Gobierno. Estamos en esos días esenciales donde se gana la batalla de la opinión pública.

El debate, como era de esperar, ha sido de todo menos limpio, sobre todo en las redes sociales donde los argumentos quedan reducidos al impacto y ensuciados por la manipulación. Una de las primeras inexactitudes ha sido reducir este conflicto a la pugna, más o menos abierta, que PSOE y Unidas Podemos mantienen por imponer su agenda y rentabilizarla electoralmente. Es cierto que el PSOE ha cambiado de postura en el punto central de discrepancia, la autodeterminación de género, de 2017 a la actualidad. Es cierto que la entrega de Igualdad a UP no sentó bien en las filas socialistas. Tanto como que este es un debate internacional que trasciende el poder de Calvo y que ya se lleva dando dentro del movimiento feminista desde mucho antes de esta ley.

De hecho, en el PSOE se han alzado algunas voces a favor de la ley, dentro de su sector LGBT, como la de la diputada autonómica madrileña, Carla Antonelli. Dentro de Unidas Podemos no se han escuchado opiniones discrepantes entre sus dirigentes, lo cual no quita que, a poco que se escarbe en la conversación de telegram, se intuya incomodidad por cómo el Ministerio de Igualdad está llevando este asunto. Asumir, por otra parte, que la militancia de Unidas Podemos es favorable a la ley, especialmente dentro del Partido Comunista, es también hacer un brindis al sol. Podrá primar la disciplina, pero también el desánimo, sobre todo cuando muchas mujeres y hombres, que llevan años dando la cara por sus organizaciones, ven sus dudas tratarse con condescendencia, en el mejor de los casos.

El debate, como decíamos, va mucho más allá de los intereses del PSOE por mantener su influencia entre las feministas, tanto que si afirmamos lo primero deberíamos completarlo con que aquellos sectores del activismo que quedaron fuera de las instituciones en el anterior ciclo, han visto en este asunto, como ya hicieron con la fiebre ecologista de 2019 o con el intento de importar Black Lives Matter en junio de 2020, una manera de obtener algo de la relevancia perdida. Resulta bastante paradójico que quien ha despreciado a la actual dirección de Podemos esté legislando indirectamente a través de uno de los ministerios que controla la coalición.

No, el Ministerio de Igualdad no tiene intención de borrar a las mujeres, de perjudicarlas de forma intencionada. Mantener una conversación con alguno de sus altos cargos ayuda a entender que lo que les mueve es su pretensión de facilitar la vida a las personas trans. Y esto hay que decirlo. Tanto como que calificar a las feministas que han criticado el proyecto de ley como el régimen sudafricano del apartheid, amenazarlas bajo la etiqueta punitiva TERF o acusarlas de ultraderechistas tránsfobas es de una ruindad notoria. Sobre todo porque es mentira. Las dudas en torno a la autodeterminación de género ni implican odio hacia los trans ni negar su existencia.

Una cuestionable estrategia ministerial

Políticamente el Ministerio de Igualdad tiene un problema y es que se ha granjeado la antipatía de una parte notable del feminismo al no haber sabido, o podido, negociar sus términos más problemáticos. Imaginen ustedes que Trabajo plantea una ley que no sólo tiene en contra a su socio de Gobierno, como suele ocurrir, sino a uno de los dos grandes sindicatos. En principio no parecería muy buena idea que ese Ministerio chocara frontalmente con quien podría, bajo otros parámetros, haber estado de su lado. Que Igualdad pueda sacar adelante esta ley tal y como está sería, a lo sumo, una victoria pírrica: vale de bastante poco ganar arrasando a tus propias filas, sobre todo si eso te va a restar unos votos de los que precisamente Unidas Podemos no anda sobrado.

Por otro lado, sorprende que la coalición de izquierdas, que ha cedido o tenido que ceder en temas impositivos, laborales y de política internacional haya tomado esta ley como uno de esos conflictos en los que merece la pena correr el riesgo de tropezar: otros ministerios no han tenido tanta atención cuando han planteado los suyos. Sorprende no porque algo que afecta a una minoría no se considere relevante, sino porque esa difícil conjunción entre principios y posibilidades a la que UP se ha visto sometido en esta legislatura parece que esta vez no se ha tenido en cuenta.

Existe una última pregunta en el terreno estratégico que Igualdad debería haberse planteado antes de lanzarse a una batalla que tampoco parece fácil ganar en sede parlamentaria. Si se asume que el PSOE iba a poner palos en las ruedas del Ministerio de Montero, si ya se conocía que una parte del feminismo no iba a aceptar la autodeterminación de género con facilidad, quizá hubiera sido más razonable haber priorizado otras propuestas, con más consenso y que hubieran requerido el concurso de otros ministerios, siendo Igualdad una de esas carteras transversales. A pesar de que Igualdad ha actuado en otras áreas de su competencia, su labor se ha visto ensombrecida al marcar de una forma tan patente lo que se ha considerado una propuesta estrella: Montero necesitaba una victoria de peso antes de encarar esta batalla.

Un ministerio es el encargado no sólo de trabajar en un texto legislativo, sino de lograr que se apruebe en sede parlamentaria, defendiéndolo en los medios y entre sus propias filas si hay debate. Si Montero saca adelante la ley será una victoria que la hará subir enteros dentro y fuera de la coalición, pero que tampoco favorecerá especialmente a UP. Si el PSOE la enmienda será una derrota, puesto que los socialistas concitarán las simpatías feministas e Igualdad la decepción transactivista. Si la ley no es llevada al Congreso -sería peculiar que se presentara como está y la bancada de Sánchez votara en contra- será un golpe duro puesto que se ha elegido como propuesta estrella. Incluso en gobiernos monocolores, los presidentes prescinden de ministros en los que creen, de proyectos que llevaban en su programa, cuando no se consigue el consenso necesario y la credibilidad queda dañada. Que se lo pregunten a Gallardón, Corcuera o Pedro Solbes. Las victorias son hijas de todos, las derrotas en política sólo llevan un nombre.

Autodeterminación de género: consideraciones legales

Cualquier sociedad democrática debe garantizar los mismos derechos para todos sus ciudadanos. Es más, en cualquier sociedad democrática nos deberían ser indiferentes los modos en que la gente expresa su identidad, pensamientos o creencias, siempre que no resulten perjudiciales para otros.

Aquí se halla el primer punto donde deberíamos prestar atención: el respeto a la identidad no tiene por qué ser constitutivo de un derecho. Que algunos ciudadanos de este país no se sientan españoles o que otros extranjeros quieran serlo no les otorga un derecho inmediato a perder o conservar esa nacionalidad, sino que la legislación establece una serie de supuestos para regular estos cambios, que tienen que ver con la residencia, el origen de los padres, el tiempo de permanencia y otros hechos comprobables. Es decir, que el deseo o la identidad no suelen ser suficientes para cambiar un estatus legal. El concepto de autodeterminación de género previsto en la ley no sigue esta tradición jurídica del hecho comprobable dentro de un proceso reglado: para cambiar el registro del sexo en la administración pública bastará con que la persona lo afirme, haga explícito su deseo.

Aunque todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, hay colectivos que tienen dificultades para que esos derechos sean efectivos: se legisla para suplir estas carencias. En España, de esta manera, se aprobó en 2007 la Ley de Identidad de Género. Permitía cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin requerir una cirugía de reasignación, siempre que hubiera un diagnóstico de disforia de género realizado por un médico. La diagnosis se refería a la certificación del proceso por el que se descartaban los trastornos de personalidad, no en considerar a la transexualidad como una enfermedad, que la ley recogía como una "realidad social". Es decir, que en España, desde hace 14 años, la transexualidad estaba protegida, regulada y sus procesos cubiertos por la sanidad pública, algo que no está de más recordar cuando los sectores más radicales del transactivismo pintan a la sociedad de esta país como retrógrada.

Posteriormente fueron apareciendo leyes específicas en algunas comunidades autónomas. En 2014, Andalucía legisló al respecto, incluyendo el concepto de autodeterminación de género, más como un precepto que no se debía contravenir que como una aplicación concreta de la ley estatal, ya que las competencias registrales son exclusivas del Estado. No puede haber dos leyes contradictorias: la andaluza está redactada para no entrar en conflicto con la estatal, por eso no se expresa sobre el registro: no tenía competencias. En 2017 la OMS dejó de considerar la transexualidad un trastorno, para pasar a denominarla como una incongruencia de género, lo que condujo a abogar por la despatoligación de la transexualidad, es decir, no tratarla como una enfermedad, algo que no implica que su reconocimiento pueda seguir un proceso que implique algo más que el deseo del sujeto.

Hasta aquí podríamos hacer dos consideraciones. La primera es que resulta extraño que si se aprueba la ley vaya a ser más sencillo cambiar el sexo y el nombre en el registro civil que empadronarse en una nueva localidad: no es una cuestión de control moral, sí una presupuestaria. En segundo resulta también extraño que los médicos, esos profesionales a los que no nos hemos cansado de aplaudir en esta pandemia, vean su trabajo bajo sospecha. Que las unidades de identidad de género de la sanidad pública sean cuestionadas indirectamente, apareciendo más como un problema que cómo los que han ayudado a miles de personas desde que se crearon, resulta incongruente.

¿Por qué el conflicto con el feminismo?

Los seres humanos nacemos hombres o mujeres, en una inmensa mayoría. Nuestro sexo se expresa culturalmente en el género, las carácterísticas que las sociedades usan para distinguir entre hombres y mujeres. Las corrientes biologicistas afirmarán que el género si está mediado de una u otra manera por el sexo, las más sociológicas que es sólo una construcción cultural. Las feministas añadirían que el género es algo que ha sido aprovechado por diferentes sistemas económicos a lo largo de la historia para atribuir a las mujeres unos roles secundarios, que las situaran en determinadas tareas de la producción.

El género es una cuestión social, no depende de la voluntad del individuo. Es compartido puesto que lo entendemos y aplicamos colectivamente. Es cambiante en sus especificidades a lo largo de las épocas, desde la estética hasta el valor otorgado a los comportamientos. Desde que los métodos de producción permitieron la estratificación social y la herencia, el género ha cumplido una función en relegar a la mujer.

Es decir, que desde luego el género no parece algo que se pueda elegir como un producto instantáneo ni mucho menos interpretar como si nuestra relación con el mismo fuera la del actor con el libreto. Lo sustancial, en todo caso, es que no se puede, pretendiendo simplificar el proceso legal, reducir el sexo al género y este conglomerado a una suerte de identidad individual.

La llamada identidad de género, que además se entremezcla con nuestra orientación sexual, se modula en cada individuo, se expresa de una manera peculiar en cada persona. Lo cual no debería implicar que el Estado tenga que dar a esas identidades individuales la categoría de derecho, autodeterminado, para acreditar a todos los efectos legales a una persona como mujer u hombre. ¿Cuáles son los resultados potenciales de este laberinto?

En un informativo de ayer noche aparecieron diferentes personas dando su opinión sobre la ley, entre ellas un hombre que decía sentirse mujer, pero que no quería someterse ni a una operación genital ni a un tratamiento de hormonación. De hecho su aspecto, incluida una tupida barba, era lo que todos reconoceríamos como un hombre. ¿Deberíamos hacer algún juicio moral o tener alguna opinión al respecto de cómo esta persona dice sentirse? En absoluto. Debería resultarnos indiferente la identidad individual de esta persona, o cómo interprete su género. Lo cual no debería obligarnos como sociedad a otorgarle el derecho a reconocerse legalmente como mujer, algo que podrá hacer si el proyecto de ley se aprueba.

No tenemos por qué dudar siquiera, repito, de la honradez de los sentimientos identitarios de esta persona, pero tampoco podríamos distinguirla legalmente de un hombre que quisiera utilizar fraudulentamente la ley. Cargaríamos la responsabilidad sobre las autoridades judiciales, las cuales no tienen la capacitación profesional de los profesionales sanitarios. Sustituiriamos un proceso regulado que daba seguridad jurídica a los transexuales por la expresión de un deseo, algo que puede ser notablemente indefinido y abstracto.

A efectos legales el hombre y la mujer ya no serían un sexo, ni siquiera un género, sino una identidad individual que tampoco tendría por qué coincidir siquiera con estas dos realidades biológicas. Las feministas advierten que desde las instituciones penitenciarias, pasando por el deporte, pero en especial todos los presupuestos que dependen del reconocimiento legal del sexo quedarían en entredicho o podrían verse perjudicados.

Existen, sobre todo en niños y adolescentes, trastornos de la identidad, es decir, etapas en las que la persona, aún en formación hacia la adultez, tiene dudas con lo que cree que significa ser ella misma. Estos trastornos pueden ser de múltiples tipos pero tienden a manifestarse, especialmente en la pubertad, respecto a la identidad de género. La ley, de aprobarse, permitirá a los mayores de 16 años autodeterminar su género sin necesidad de informe o tratamiento, lo que podría conducir a confusiones de difícil enmienda. A los mayores de 12 se les permitirá hacerlo con el consentimiento de los padres.

Cuando se expresa la necesidad de no patologizar a estos menores, se les está exponiendo a tratarse hormonalmente bajo la decisión de unos tutores que podrán consultar a un profesional pero que no tendrán ya la obligación de hacerlo, algo que parece peligroso. Casos como el de Keira Bell en Reino Unido, una mujer de 23 años que ha ganado un juicio al servicio de salud británico, por administrarle un tratamiento hormonal cuando era menor sin realizarle una evaluación psicológica, son otro ejemplo del peligro de la autodeterminación en menores y adolescentes.

Que en la compra de niños, la llamada gestación subrogada, ilegal en España, los hombres interpreten una especie de parto tiene que ver en gran medida con la transformación de la mujer en una especie de rol identitario para todo, menos para engendrar y parir, lo cual unido a los condicionantes de clase tiene unos resultados a nivel mundial desastrosos. Esta ley no tiene nada que ver con esta práctica, pero otorgar al sexo y al género la naturaleza de una identidad individual que se elige, o incluso se varía gradualmente a lo largo del tiempo, refuerza la idea de que al final ser mujer no es una realidad biológica, a la que algunas personas acceden después de un proceso, sino una especie de rol utilizable en el mercado de las identidades.

Cómo lo trans puede acabar con lo transexual

Cuestionarse esta ley, tener dudas especialmente con todas las situaciones que hemos visto relacionadas con eliminar el proceso reglado para cambiar legalmente el sexo, así como la protección de los menores, no tiene nada que ver con ser de ultraderecha. Hazte Oír negaba la existencia de la transexualidad, calificándola de enfermedad y reduciéndola a la genitalidad. Paradójicamente, las teorías que han dado impulso a esta ley, han ido renombrando la transexualidad como transgenerismo, para acabar apocopándola a lo trans, una categoría donde ya no está clara ninguna frontera más allá del deseo individual por la identidad. Hay también transexuales que se sienten desaparecer como colectivo bajo estas teorías deconstructivas de las realidades biológicas y obsesionadas con la especificidad.

Lo trans queda cada vez más como un cascarón vacío donde algunos adolescentes y jóvenes empiezan a volcar su deseo por diferenciarse, algo que antes se expresaba en expresiones como las contraculturas juveniles. En una época donde existe una terrible presión por la competencia individual, todo lo relacionado con las identidades se constituye como un bien más preciado cuanto más particular. De ahí que la orientación sexual, antes poco más que binaria, se esté transformando en una panoplia donde se pretende recoger hasta la variación más peregrina que un día alguien ha volcado en internet. Con la identidad de género comienza a suceder lo mismo. Nadie, más allá de los integristas religiosos y los ultras, niega que la transexualidad es una realidad social, también en adolescentes y jóvenes. Pero habría que empezar a tener en cuenta que en este momento de angustia identitaria competitiva, lo que antes era una realidad muy minoritaria y particular, puede convertirse en poco más que una etiqueta.

La autodeterminación de género, pensada para facilitar el proceso transexual, puede acabar provocando que se diluya en la nada. En primer lugar afectando a las mujeres, que se verán reducidas a una performance que se adquiere como un producto. También a los gays y lesbianas, que pierden sentido al desaparecer el concepto del sexo y por tanto su categoría homosexual. Y también paradójicamente a los propios transexuales, que siendo un porcentaje tan pequeño de la población pueden quedar desdibujados entre el identitarismo trans.

Como decíamos al principio de este artículo, estamos convencidos de que el espíritu de la ley es ayudar a las personas transexuales. Facilitarles un proceso que para algunas de estas personas podría resultar largo, desagradable o invasivo, pero que al menos no las perjudicaba dándoles seguridad médica y jurídica, protegiendo a quien podría sufrir un trastorno de identidad y proporcionando unas guías a los menores y los padres. No se trata de afirmar que, de aprobarse esta ley, al día siguiente se produciría una avalancha que desestabilizaría la sociedad. De hecho, seguramente muchas personas que quieran acogerse a la misma se verán beneficiadas al ser inmediato su cambio registral mientras que continúan con su proceso. Lo cual no implica que se puedan abrir una serie de lagunas que a medio plazo pueden provocar todos los problemas que hemos ido identificando en el texto.

¿No se podía haber trabajado en afinar ese proceso, en acortar el camino que condujera al cambio registral sin eliminar la evaluación médica?¿No sería más sensato contemplar todas las posibilidades antes que pretender sustituir algo que ya reconocía los derechos de los transexuales y funcionaba desde hace más de una década?¿Tan dramático era pasar una evaluación médica que a menudo no se oponía al cambio de sexo?¿No se podía haber consensuado con el sector del feminismo crítico una solución, cuando su sintonía histórica con las mujeres transexuales había sido positiva? Contemplar los problemas sociales como una competencia entre opresiones y privilegios nos lleva, por lo general, a reducir los derechos más que a ampliarlos, a crear conflictos donde antes no existían, a sustituir la lucha de la igualdad por el reino inasible de la diferencia.

A veces, y esta es una de ellas, da la sensación de que la izquierda ha perdido su agenda en determinados temas; que carece de opinión propia plegándose a teorías que poco o nada tienen que ver con sus objetivos y presupuestos. Hace un año titulé mi anterior artículo al respecto "La izquierda claudicante". Me equivoqué. Claudicar significa renunciar a unos principios por una presión externa. La izquierda no claudica, simplemente se deja arrastrar bienintencionada e inconsciente, probablemente acomplejada, por aquellos pretendidos apóstoles de la vanguardia y la alteridad que siempre la despreciaron por ser la herramienta para las mayorías.