Otras miradas

Abortar sin acoso

Laura Berja

Diputada, y portavoz de Igualdad del Grupo Socialista

Manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto./ EFE.
Manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto./ EFE.

El miércoles 12 de mayo el grupo parlamentario socialista en el Congreso presentó una Proposición de Ley de reforma del Código Penal para incorporar en el mismo el acoso que sufren las mujeres que acuden a las clínicas sanitarias para abortar. Esta es una cuestión denunciada durante años por el movimiento feminista y por los centros acreditados en la interrupción voluntaria del embarazo.

Los derechos sexuales y reproductivos en España han ido reconociéndose con el avance de la democracia y de la mano de las feministas. La despenalización de los anticonceptivos era un compromiso asumido en los pactos de la Moncloa, un acuerdo de Estado, y aunque con muchos detractores, sobre todo entre los grupos conservadores y ultracatólicos de la época, una mayoría política entendió que era el momento de ampliar las libertades públicas.

En octubre del año 1978 las cortes constituyentes despenalizaron la venta, divulgación y uso de los anticonceptivos. Este hito supuso la materialización de un derecho, el derecho de las mujeres a decidir si querían tener hijos e hijas, cuántos y el momento en el que tenerlos.

Habría que esperar hasta 2010 para que el poder legislativo aprobara en sede parlamentaria la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una ley de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y, una ley de plazos para el ejercicio del derecho al aborto. Con esta norma, y junto a las leyes de Igualdad del año 2007 y la de contra la violencia de género de 2004, España se convirtió en referente internacional en legislación feminista fruto de una apuesta política clara del Gobierno socialista del presidente Zapatero.

La tendencia legislativa que los gobiernos progresistas han impulsado en España ha sido la de despenalizar los derechos de las mujeres, criminalizadas por el régimen político y jurídico, hasta la llegada de la democracia, y garantizar el ejercicio de los mismos. La traducción política de esta tendencia es la de más libertades en igualdad para que las mujeres ejerzan libremente sus derechos.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una prestación sanitaria legal, reconocida por el Sistema Nacional de Salud, gratuita para las mujeres y financiada con fondos públicos. Las instituciones deben garantizar el ejercicio del derecho al aborto en condiciones de libertad y seguridad. Sin embargo, todos los días del año, se somete a las mujeres que van a abortar a situaciones de hostigamiento y acoso a las puertas de los centros sanitarios, agresiones intolerables que suponen una flagrante vulneración del ejercicio de un derecho fundamental. Gracias a la denuncia de las clínicas acreditadas para desarrollar las interrupciones voluntarias de los embarazos conocemos esta realidad.

Las convocatorias de concentraciones del tipo "cañas por España" y "viernes por la vida" pretenden la personación de estos grupos de ultras en las inmediaciones de los centros sanitarios para acosar a las mujeres que acuden a estas clínicas. Estos indeseables bombardean a las mujeres con información falsa y con mensajes de culpa como ¿Viene usted a matar a su hijo?. ACAI, la asociación de clínicas acreditadas para la IVE, denuncia que esto ocurre en muchas partes de España y hacen público que son más de 8.000 mujeres las que han sufrido acoso al intentar acceder a su derecho al aborto. Tanto las organizaciones feministas como ACAI han exigido medidas legales para proteger a las mujeres.

La forma elegida por el Grupo Socialista en el Congreso para proteger a las mujeres de este acoso es incorporar en el Código Penal un tipo específico que aluda al hostigamiento que ejercen estos grupos. Hay precedentes en países de nuestro entorno que también han elegido esta solución normativa. Es el caso de Francia que en 2017 legislaba estos delitos con penas de hasta dos años de prisión y hasta 30.000 euros de multas a quienes impidan o traten de impedir "la practica u obtención de información sobre una interrupción voluntaria del embarazo". La propuesta del Grupo Socialista contempla penas de cárcel para los acosadores de hasta un año.

Es un paso de gigante acabar con estos actos de acoso a mujeres, con esta violencia sistemática de carácter machista y ultraconservador. El tren de la libertad puso fin al intento del Partido Popular de fulminar la Ley 2/2010, la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, pero debemos seguir montadas en los vagones de este tren feminista para acabar definitivamente con cualquier intento de vulnerar nuestros derechos.