Recuerdo con ternura la época de las ferias de mi ciudad, Cáceres, la llegada de la Tómbola el Maño, llena de regalos con los que podías ser agraciado si te sonreía la suerte, la cara de felicidad de los premiados y la frustración de los que después de muchos boletos no les tocaba nada.

Durante años la planificación de las infraestructuras en nuestro país se convirtió en una suerte de tómbola. Al llegar al Gobierno el partido de turno lanzaba su plan de infraestructuras, que cambiaba la planificación del anterior, con escasa rigurosidad y con un claro objetivo propagandístico. Así lo hizo el Partido Popular en 2012 con el llamado Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que derogaba el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) puesto en marcha por el anterior Gobierno socialista. En el PITVI, que pretendía estar ejecutado en el año 2024, el PP incluyó todas las infraestructuras que en la práctica el terreno permitía: líneas de alta velocidad, autovías, puertos, aeropuertos... Pero la pregunta es: ¿se garantizaba la financiación suficiente para que fuera una realidad en el tiempo comprometido? Si la Política es el arte de lo posible, durante los años de Gobierno del Partido Popular en materia de infraestructuras no se hacía política, se hacía propaganda.

En el año 2016 asumí la responsabilidad de ser portavoz socialista de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Mi interés por el PITVI 2012-2024, me llevó a analizar con mis colaboradores el citado Plan. Calculamos los años que se necesitarían para ejecutar las infraestructuras que contenía, teniendo en cuenta la media presupuestada en los últimos años, el resultado fue claro y contundente: serian necesario más de 40 años para ejecutar todo lo contenido en el plan. Pero no solo éramos nosotros conscientes de que era imposible ejecutar ese Plan en el tiempo marcado, también lo eran los responsables del gobierno del PP que lo había redactado.

A esta iniciativa le impulsaba la creencia de que esta forma de planificar reportaba beneficios electorales a corto plazo, haciendo creer a todo el mundo, viviera donde viviera, que iba a poder disfrutar de autovías a la puerta de casa, líneas de alta velocidad de última generación que les permitirían conectar con todos los sitios donde desearan viajar, aeropuertos a pocos kilómetros de su residencia ... Pero lo único que ha provocado esta forma de planificar es una gran frustración entre los ciudadanos de todos los territorios al comprobar que se acerca 2024 y la mayoría de las actuaciones planificadas no se van a cumplir.

Cada año, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, los ciudadanos los observan como el que mira el boleto de la tómbola, esperando haber sido agraciados con una de las tantas infraestructuras, que tantas veces les habían prometido y anunciado y que ven que pasan los años y no se hacen realidad.

Pero esta dinámica no solo provoca frustración sino desequilibrios entre territorios y desigualdad entre los ciudadanos en función de su lugar de residencia, algo realmente negativo. Mientras en algunos lugares cuentan con alta velocidad hace 30 años, otros como Extremadura no disponen de un tren mínimamente competitivo.

El actual Gobierno socialista pretende romper esta dinámica con la definición de una estrategia y una ley de movilidad por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es una oportunidad para impulsar una forma distinta de hacer las cosas, que se marque como objetivo que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan unas condiciones equivalentes de movilidad. Y esto se mide fundamentalmente en la facilidad para acceder al  transporte público, y en que el tiempo y el coste para recorrer los mismos kilómetros, se encuentren en unos parámetros homogéneos.

lgunos dirán que esto lo proponemos ahora porque estamos en el Gobierno, pero si se paran a observar las hemerotecas comprobaran que el Grupo Socialista, desde que soy portavoz,  viene haciendo esta propuesta desde el año 2016, fecha en la que gobernaba el Partido Popular.

Las infraestructuras de transporte tienen que servir para garantizar la movilidad de los ciudadanos en igualdad de condiciones, fortalecer la cohesión social y territorial, asegurar la accesibilidad equitativa para todo el territorio español, reducir los desequilibrios y favorecer la competitividad económica de todos los territorios mejorando las cadenas logísticas. En eso está este Gobierno y ese sigue siendo mi objetivo desde que fui nombrado portavoz.