Ayuso lo ha vuelto a hacer: jugar a la propaganda e ignorar los problemas reales de las personas que habitamos la Comunidad de Madrid. Como si no hubiera otra cosa más importante, ha presentado en el primer pleno de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley (PNL) contra los indultos. En ella habla también de concesiones a los socios independentistas, del no acercamiento de presos condenados por terrorismo, de la política fiscal de las CCAA, y del honor de Pedro Sánchez. Un totum revolutum, donde lo importante es hacer ruido y utilizar la institución en la batalla contra el Gobierno central, para mayor gloria de sus ambiciones políticas. Dada su mayoría la han aprobado con el apoyo de Vox, pero hay que recordarles unas cuantas verdades.
EL 11 de julio de 2010, es una fecha inolvidable: España ganó el mundial de futbol de Sudáfrica. Pero también, el día anterior debería serlo, porque fue cuando se abrió la caja de los truenos en Catalunya. El 10 de julio me encontraba en Barcelona por razones profesionales, cuando presencié una de las mayores manifestaciones ciudadanas que he conocido. Era sábado por la tarde, las grandes avenidas de L´Eixample empezaron a llenarse de ciudadanos. Era una protesta por la decisión del Tribunal Constitucional (TC), presidido por Maria Emilia Casas, contra el nuevo Estatut de Catalunya, aprobado en las Cortes, españolas, el Parlament y por referéndum en Catalunya. Fue el Partido Popular el que, con su recurso al TC, reventó aquel Estatut que hubiera establecido un marco de acuerdo dentro del Estado español que hubiera durado décadas.
Lo que vino después ya lo conocemos. Pero retengan este dato: desde aquella fecha, el número de personas que apoyan la independencia de Catalunya se multiplicó por tres. Objetivamente, el PP ha sido la mayor fábrica de creación de independentistas. Por ello, si nos remontamos a las causas del conflicto, el PP debería hablar bajito. Luego vino el procés y la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, una sentencia desmesurada por la que, probablemente algún día, la justicia europea acabará sacando los colores a la justicia española.
Entrando en materia, el indulto es un mecanismo legal recogido en la Constitución y en el ordenamiento jurídico español. Es potestad del Gobierno ejercerlo como medida de gracia cumpliendo los requisitos establecidos por la norma. En cuanto al fondo, del asunto, su finalidad es la recuperación de la convivencia en Catalunya, explorando nuevas vías de dialogo para encontrar soluciones políticas al problema de la integración de Catalunya en el Estado. Es decir, se ejerce el derecho de gracia por razones de utilidad pública. Sin que exista otra alternativa al diálogo y a la negociación que la confrontación y la represión.
La fórmula de indulto ha sido utilizada de forma profusa con anterioridad. Según la Fundación Civio los indultos concedidos en España desde el año 1996 ascienden a 10.652. Aznar ha sido el presidente que ha concedido más de la mitad de los indultos: 5.948. Pero es más sustancioso el análisis cualitativo. Así, entre los indultos aplicados y apoyados por la derecha están el general golpista Armada, Barrionuevo y Vera condenados por el secuestro y tortura del ciudadano francés Segundo Marey, 30 miembros de Terre Lliure condenados por terrorismo, el juez prevaricador Gómez de Liaño, los oficiales del ejército que falsearon las identificaciones de los militares españoles muertos en el YAC 42, mossos de escuadra condenados por torturas a detenidos, numerosos políticos corruptos, kamikazes, etc. Los Gobiernos del PP aprobaron 152 de los 232 indultos para condenados por casos de corrupción. Resulta más chirriante indultar a corruptos y a golpistas que a dirigentes sociales y políticos que para cumplir el programa electoral por el que fueron elegidos, reclamaron el derecho a decidir, pusieron urnas y realizaron una declaración de independencia más simbólica que real. Por eso, en el tema de la aplicación de indultos, la derecha también debería ser muy prudente.
El debate sobre estos indultos lo ha perdido la derecha en todos los frentes. En la sociedad española: las dos últimas elecciones generales han dejado claro que la mayoría quiere pasar la página del 155 y de la represión; en el debate y votaciones en el Congreso de los Diputados; en la sociedad civil cuando la patronal, los sindicatos y la Iglesia se han pronunciado a favor; a nivel internacional (Consejo de Europa, Secretario General de la ONU, prensa internacional que los ha calificado de valientes y necesario, mientras llama nauseabundo el planteamiento de la oposición (Le Monde)). También lo perdieron en Colón, cuando la Sra. Díaz Ayuso, fuera de control por su afán de protagonismo, dinamitó la concentración con su analfabetismo constitucional.
Este tipo de iniciativas no hacen más que embarrar las instituciones con un patriotismo de pacotilla. Si se quiere demostrar patriotismo del bueno no hay que ir a la Unión Europea, como Pablo Casado, intentando impedir por todos los medios que lleguen los fondos europeos para España. Y, sobre todo, la derecha debe abandonar su actitud anticatalana y antivasca que es profundamente antipatriótica, porque va en contra de la realidad histórica de este Estado multinacional, da argumentos a quien defiende la independencia, y crispa y dificulta la posibilidad de recuperar la convivencia.
Cuando se hiperboliza todo, luego viene la realidad y deja en evidencia las exageraciones y se pierde credibilidad. No se ha roto España ni se va a romper, como no se hundió la plaza de Colón por el peso de muchos millones personas protestando. Si es grave ir a la zaga de la ultraderecha, también lo es que el Partido Popular se coloque a la derecha del sentido común. La principal consecuencia es que le resultará muy difícil conformar una mayoría que le permita gobernar en España.
Lo más preocupante de debates de este tipo es que apuntan a que se va a hacer poco para resolver los problemas sociales más importantes de la Comunidad de Madrid. Al Gobierno de Ayuso entre la propaganda, la confrontación con el Gobierno central y los regalos a los amigos, se les va a pasar los dos años con el mismo balance que en la legislatura anterior: nada.
La derecha ha judicializado la política y politizado la justicia. ¿Qué se puede hacer peor? Si se responde honestamente a esta pregunta quizá se abandone el marketing electoral y se adopte una actitud positiva. Que no puede ser otra que dejar de ser parte del conflicto y pasar a ser parte de la solución. Por difícil que sea, es la hora de la política y hay que darle una oportunidad al diálogo.
Comentarios
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