Otras miradas

El avance de las mujeres en el Parlamento Europeo y la foto fija del Partido Popular

María Eugenia Palop

Diputada del europarlamento por Unidas Podemos

El vicepresidente del europarlamento europeo con una mascarilla proLGTBI. REUTERS
El vicepresidente del europarlamento europeo con una mascarilla proLGTBI. REUTERS

El Parlamento europeo ha aprobado por amplia mayoría que la violencia de género sea considerada un eurodelito por su especial relevancia, su dimensión transfronteriza y porque no podemos combatirla si no asumimos criterios comunes. No tiene sentido que los crímenes contra las mujeres no se persigan de la misma manera en toda Europa, como se persigue ya el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada. Esta resolución abre la puerta a una directiva que establezca estándares mínimos y definiciones comunes en todos los países de la Unión, cumpliendo, por fin, con los compromisos a los que nos obliga el Convenio de Estambul.

En su discurso sobre el estado de la Unión, Von der Leyen se comprometió con esta directiva que, hoy por hoy, es la única salida que tenemos frente a los gobiernos negacionistas que bloquean la ratificación del convenio en el Consejo y que bloquearán también, sin ninguna duda, esta resolución parlamentaria.

En este momento, no todos los países de la Unión Europea diferencian entre violencia doméstica y violencia de género. En algunos, ni siquiera la violencia doméstica se considera un delito específico, sino que está castigado bajo otras figuras delictivas (Francia y Finlandia, por ejemplo). En España y Suecia se habla de violencia de género, pero las conductas que se regulan no son las mismas. En este sentido, España es la punta de lanza en Europa.

Incluir la violencia de género en la lista de eurodelitos fijaría una definición común de sus formas y de las sanciones aplicables, igualando la protección de las mujeres en todos los Estados miembros y reconociendo el carácter estructural del problema. Una de las dificultades que tenemos para estudiar y combatir estos delitos en Europa es que carecemos de datos suficientes y comparables debido, precisamente, a la falta de un criterio unificado para contabilizar estas violencias. Una mayor armonización en su comprensión y tratamiento se traduciría en un mayor número de enjuiciamiento a los agresores, más cooperación entre Estados y mejores medidas de prevención, protección y reparación a las víctimas. Sabemos, además, que podría generar beneficios sustanciales del orden de 25.100 millones de euros al año, en cinco años, y entre 54.400 y 83.900 millones de euros anuales, en 10 años, superando con creces los costes de la justicia penal y su aplicación.

Aunque sonroja decirlo, la resolución salió adelante a pesar de la abstención del PP, el voto en contra de Isabel Benjumea y la oposición radical de Vox. En una posición minoritaria, el Partido Popular Europeo dejaba claro su apoyo a la lucha contra la violencia de género, pero consideraba que el texto iba demasiado lejos al calificar la prohibición del aborto como una forma de violencia contra las mujeres.

Entre las fuerzas reaccionarias de la cámara se ha extendido la idea, propiciada por Polonia y Hungría, de que la regulación del aborto es una competencia exclusiva de los Estados miembros directamente vinculada al derecho a la salud y las prestaciones sanitarias. Pero el Tribunal Europeo de derechos humanos, en línea con todos los organismos internacionales competentes en la materia, ya ha dicho que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que la prohibición del derecho al aborto supone violar un buen número de derechos conexos: el derecho a la vida, del derecho a la salud y a la atención médica, a la igualdad y la no discriminación, a la seguridad personal, a la autonomía reproductiva, a la privacidad, a la información sobre su salud reproductiva, que incluye la educación sexual, a decidir el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, a disfrutar de los beneficios del progreso científico y a la libertad religiosa y de conciencia, cuando se hace descarado apostolado desde las instituciones, y a no ser sometido a un trato cruel, inhumano y degradante. Así que está claro que la prohibición del aborto es una forma de violencia contra las mujeres y forma parte del elenco de competencias que de la Unión Europea comparte con los Estados miembros. De hecho, aunque los de Casado se descolgaron, una buena parte del Partido Popular Europeo acabó votando a favor de la Resolución.

Pocos días antes, el PP se había abstenido también en la resolución que apoyaba el matrimonio igualitario en todos los Estados de la Unión, aunque una parte de su familia política se había posicionado a favor, y lo hizo, aparentemente, por idéntico motivo. Ya escuchamos a Maroto decir que Europa no podía legislar sobre esta materia como no podía hacerlo tampoco sobre los kilómetros de AVE que España tenía o no tenía que construir. Pero, insisto, la defensa de los derechos humanos y, también del colectivo LGTBI, es una competencia europea.

Hace varios años, en 2018, el TJUE dejó claro que el término "cónyuge" debía aplicarse a las personas homosexuales en toda la UE, independientemente del lugar en el que estuvieran o residieran, asumiendo que el concepto "cónyuge" es completamente neutro en cuanto al sexo/género.  Por eso, la UE puede presionar a Rumanía, Hungría y Polonia en esta dirección y por eso mismo la resolución parlamentaria (que no es directamente vinculante) insta a los Estados a reconocer los matrimonios del mismo sexo registrados en otros países de la UE. Todo ello para asegurar el derecho a la libre movilidad y el derecho a la vida privada y familiar de las familias arcoíris tal como se recoge en la Directiva 2004/38/CE, que es de obligado cumplimiento. Hay que estar muy perdido para decir, como dijo Maroto, que la resolución sobre el matrimonio igualitario es una trampa de la izquierda cuando hablamos de aplicar una sentencia del TJUE y una Directiva comunitaria y estamos frente a una Resolución aprobada por prácticamente todo el arco parlamentario. Una Resolución que, además, curiosamente, procede de la Comisión de Peticiones (presidida por su colega, Dolors Montserrat) a la que en los últimos años habían llegado multitud de denuncias ciudadanas por discriminación y homofobia.

No debe ser ignorancia sino mala fe, porque el PP es tan coherente como Vox en su lucha contra las mujeres y el colectivo LGTB. No olvidemos que hace unas semanas volvió abstenerse (con la excepción de González Pons) en la resolución que apoyaba la condicionalidad de los fondos a Hungría por violación manifiesta de los principios del Estado de Derecho, uno de los cuales, es, obviamente, el respeto y la protección de los derechos fundamentales. Los mismos que en España dicen defender la independencia judicial y se personan en Bruselas para acusar al Gobierno, no tienen ningún problema en financiar la deriva autoritaria de Hungría y los delirios de Orbán, no en vano, hasta bien hace poco, estimado compañero de viaje.

En fin, aunque les duela, la persecución de la violencia de género en todos los Estados de la UE es un paso adelante de enormes dimensiones. Más debía dolerles que su visión mitológica de la familia y su obsesión por el natalismo les haya dejado en manos de la extrema derecha y los fundamentalistas religiosos. Una foto fija que en Europa se recordará como se recuerda en España la foto de Colón y que les ha colocado, otra vez, bajo la imparable rueda de la historia.