Otras miradas

Ayuso y el abandono de la educación pública madrileña

Agustín Moreno

Diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita este sábado a la Feria del Libro de Madrid que celebra su 80ª edición en el Paseo de Coches del Retiro. EFE/ Emilio Naranjo

Desde el poder siempre se lanzan mensajes tranquilizadores, aunque no tengan nada que ver con la realidad. Dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM), que el curso escolar comienza con total normalidad. Pero está afirmación no se apoya en datos sólidos. Simplemente, hay que creerles. La verdad, es que ha habido pocos cursos tan anormales como este que empieza. Al menos, por las siguientes razones: no hay la suficiente seguridad en las aulas, no se apuesta por la calidad educativa y no hay participación democrática. Veamos.

Dudosa seguridad. La vuelta a la presencialidad en las clases es muy positiva, pero no como si no estuviera pasando nada. La pandemia del covid-19 no está superada, hay un alto índice de incidencia en Madrid (y es mayor en la franja de edad de 12 a 18 años); existen variables, como la Delta, que son más contagiosas; y el curso empieza con la mitad de los adolescentes sin vacunar. La OMS, UNICEF y prestigiosos epidemiólogos están llamando a no bajar la guardia e insisten en reducir la ratio en las clases para correr el menor riesgo posible. Además, la vida en los colegios e institutos no discurre solo en el aula. Son hormigueros que bullen en las entradas y salidas del centro, por pasillos y escaleras, baños, recreos y cambios de clase.

El éxito del curso pasado fue gracias al esfuerzo titánico del profesorado y de las familias, y a la disciplina de niños y niñas cumpliendo las medidas adoptadas. Si tenemos que seguir cuidando de la salud de toda la comunidad educativa, ¿por qué se suprimen medidas fundamentales para ello? Tener 25 alumnos en infantil y primaria y 30-33 en ESO y 35-38 en bachillerato afecta a la seguridad y la calidad. Decenas de directores de instituto (NOTA 1) (y otros muchos no lo han hecho por el clima coercitivo existente) han preguntado a la Consejería de Educación cómo pueden aplicar estas cifras y guardar la distancia interpersonal de 1,2 metros en aulas que son pequeñas. La respuesta de la Consejería (Orden de 3 de septiembre) es que hagan lo que puedan con la distancia de seguridad, es decir, que incumplan la distancia Ante esta chapuza total, CCOO lo ha denunciado ante los tribunales (TSJM) y ha pedido medidas cautelarísimas.

Las elevadas ratios. Hay una lógica demoledora: se atiende la diversidad y se educa y enseña mejor de 20 en 20 alumnos que de 35 en 35. Los resultados en el curso pasado en primer ciclo de la ESO, con ratios reducidas, fueron extraordinariamente positivos ¿Por qué no seguir haciendo lo que funciona bien? Que el consejero de Educación diga que reducir las ratios empeora la calidad educativa (porque obliga a usar espacios comunes, sin plantearse cómo ampliarlos) es un insulto a la inteligencia. Además, ¿dónde está la bajada de ratios que prometió Ayuso y que fue bandera de su investidura? ¿por qué no se aplica cuando más se necesita, durante la pandemia y cuando la situación sanitaria aún no está controlada?

La reducción del profesorado respecto al curso pasado. Ante el baile de cifras, si atendemos a lo que la propia consejería de Educación repite en los medios de comunicación, en el curso 2020-21 se contrataron 11.000 profesores de refuerzo y para el curso 2021-22 serán solo 3.000. Es decir, se contratarán casi 8.000 profesores menos, según sus propias cuentas. Según las nuestras son 7.697 profesores menos. Madrid es la comunidad que prescinde de más docentes de refuerzo, mientras que otras CCAA menos ricas contratan más profesorado, tanto en términos absolutos como relativos. De los 3.000 profesores que se ha anunciado contratar, 2.000 irán a centros públicos, lo que dividido por los centros públicos existentes, tocan a 1,1 profesor/centro. Algo totalmente insuficiente, que no da para desdoblar clases ni bajar la ratio, apenar para reforzar alguna guardia. La escasez de profesorado endurece sus condiciones de trabajo, algo que unido a la alta precariedad del colectivo de interinos y al no reconocimiento de su trabajo, produce la percepción entre el profesorado de que ni la peor empresa privada trata tan mal a sus trabajadores como el gobierno de Ayuso.

La escasa inversión educativa: Que Madrid, con 35.900 euros de renta per cápita, invierta en educación la mitad que la media nacional en porcentaje de PIB, lo dice todo. El gasto por alumno/año en 2017 era: Madrid 4.727 euros; España 5.779 €; Castilla León 6.761 €; País Vasco 9. 298 €. La decisión política de reducir la inversión educativa tiene consecuencias: un niño una niña o un joven de Madrid no tiene las mismas oportunidades que los de País Vasco, Asturias, Castilla León, etc. No es aceptable esta política.

El escándalo de la Formación Profesional (FP):  Una grave crisis de matriculación en la región. En julio, se quedaron 6.938 personas sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio y 17.976 sin una plaza pública en ciclos de Grado Superior (NOTA 1). Ello suma 24.914 solicitudes rechazadas, la mayoría de las cuales tampoco encontrarán plaza pública en septiembre. Se les está obligando a buscarse la vida en centros privados y concertados o a quedarse en su casa. El déficit de plazas y la crisis en el proceso de admisión es estructural por la falta de inversión y, sobre todo, por una brutal estrategia privatizadora. Ello está afectando a la equidad y a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo. Negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes, es abocarles al paro, la precariedad y los bajos salarios, en una comunidad con un 35% de paro juvenil.

Ninguna participación democrática: La consejería no se ha reunido con los sindicatos del profesorado, ni con las confederaciones de AMPAS y organizaciones estudiantiles. Pero la práctica de informar, negociar y llegar a acuerdos con la comunidad educativa se realiza en otras comunidades autónomas, incluida alguna gobernada por el PP. No es normal tanta prepotencia y tanto desprecio al diálogo como el que practica el Gobierno de Díaz Ayuso.

En conclusión, en Madrid, además de la falta de seguridad suficiente, se siguen apostando por un modelo educativo de baja calidad, de inversión insuficiente, muy segregador y autoritario. El resultado es la mediocridad educativa en la comunidad autónoma más rica de España, tal y como refleja los últimos informes PISA: bajada de 46 puntos en lectura y fuertes caídas en matemáticas y ciencias. Algo que la propia Ayuso reconocía en un lapsus o en un rapto de sinceridad: que la educación de Madrid es un desastre. Una declaración que no se hace para mejorar la educación, sino para seguir privatizándola, aunque ése sea precisamente el desastre. No tiene ninguna justificación querer cargarse la educación pública en aras del negocio económico, ideológico y político. Todo lo anterior tiene un nombre: abandono de la educación pública madrileña, y la consecuencia de convertir la igualdad de oportunidades en un espejismo. Por ello, desde la comunidad educativa, y como Unidas Podemos, pedimos un Plan de Rescate para la Educación Pública ante esta situación de emergencia educativa.

NOTAS:

  1. https://elpais.com/espana/madrid/2021-09-03/el-gobierno-de-madrid-obliga-a-parte-de-los-directores-de-secundaria-a-incumplir-la-normativa-sanitaria.html

https://www.publico.es/politica/unidas-pide-comparecencia-consejero-educacion-madrid-deficit-plazas-fp.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web