Un año después de que se empezaran a inyectar las vacunas contra la covid-19, la mayor parte del planeta ya ha inmunizado al menos a la mitad de su población, pero los países más empobrecidos siguen estando marginados y viviendo el Apartheid de las vacunas. Los datos no engañan. El 54,2% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna covid-19. Sin embargo, solo el 5,8% de las personas residentes en los países con rentas más bajas ha recibido al menos una dosis.

Sudáfrica e India fueron los primeros en alzar la voz impulsando ante la Organización Mundial del Comercio la liberalización de las patentes por un periodo de tres años, revisable y prorrogable a su conclusión. Una iniciativa a la que se unieron más de 100 países; los más poderosos, en cambio, se volvieron a posicionar en contra.

Esa petición motivó el apoyo de instituciones y organizaciones de todo el mundo. En Hego Euskal Herria, en poco menos de un mes, se aprobaron sendas iniciativas para liberar las patentes de las vacunas. Ambas propuestas salieron adelante, a petición de EH Bildu, tanto en el Parlamento de Iruñea como en el Parlamento de Gasteiz. No fueron una excepción. En el Estado español, la izquierda soberanista vasca logró también que el Congreso y el Senado se posicionaran a favor.

Transcurridos seis meses desde la aprobación de nuestras iniciativas, los gobiernos occidentales siguen sin adoptar pasos en esa dirección y, lejos de entregar el excedente de vacunas a los países más necesitados, han priorizado aplicar las terceras dosis por encima de realizar un reparto equitativo de las mismas. Es un ejemplo más que confirma lo que ya sabíamos. La pandemia ha evidenciado que el sistema económico dominante en el mundo es incompatible con el bienestar, la dignidad y calidad de vida de las clases populares.

El egoísmo y la nula solidaridad mostrada por los países más ricos han dejado un panorama desolador para todos y todas. Medio mundo, el empobrecido, sigue esperando una dosis mientras otros países llevan semanas poniendo terceras dosis. Y las consecuencias no se han hecho esperar: África, por ejemplo, no llega al 7,5% de su población con pauta de vacunación completa.

La desigualdad en la distribución de las vacunas se cobra vidas diariamente y, lamentablemente, sigue poniendo en peligro a toda la ciudadanía. Porque seguimos teniendo claro que no estaremos a salvo, hasta que todos y todas estemos a salvo. O logramos que el proceso de vacunación se realice de una manera equitativa y llegue a todos los rincones del mundo, o el riesgo para la ciudadanía seguirá siendo altísimo, como se está demostrando estas últimas semanas debido a la nueva variante Ómicron. La solución no vendrá cerrando las vías aéreas con los países africanos, sino dotándoles de las vacunas necesarias y suficientes para proteger a su ciudadanía. Y, en definitiva, para protegernos a todos y todas.

La equidad en las vacunas no es un acto de caridad; es la mejor forma de controlar la pandemia a nivel mundial. No solo es lo correcto, es lo más inteligente. La historia y la ciencia no tienen dudas al respecto: una acción coordinada, con un acceso equitativo a los recursos de la salud pública, es la única manera de hacer frente a una pandemia global como la covid-19.

Quienes se mostraban y se muestran críticos ante la liberalización de patentes, la contraponían con la iniciativa COVAX, que se comprometía a distribuir las vacunas a todos los países del mundo y a proporcionárselas gratuitamente a los empobrecidos. A día de hoy, la realidad no se asemeja ese objetivo: los países desarrollados acaparan la mayor parte de las vacunas y el sistema COVAX se tambalea. Hasta el momento, ha proporcionado tan solo el 5% de las vacunas administradas en el mundo, y recientemente ha anunciado que no cumplirá su objetivo de 2.000 millones antes de fin de año. Un agravio que se une a la falta de plazos de entrega y las fechas de caducidad próximas, lo que dificulta prever los medios organizativos para poder llevar adelante las campañas de vacunación.

Los dirigentes de los Estados de África mostraron su malestar ante la ONU por el acaparamiento de los países más ricos y pidieron al unísono la necesidad de una distribución más pareja de las dosis. Precisamente, es ese egoísmo que denuncian el que está amenazando nuestro futuro colectivo. El de todos y todas. En estas condiciones, sin una vacunación generalizada y a falta de medidas públicas y sociales más eficaces, es probable que la cuarta ola del Continente Africano "sea la peor, la más brutal hasta ahora". Esa es la advertencia que ha lanzado recientemente Benido Impouma, director del programa para África de la Organización Mundial de la Salud.

Una advertencia que deberíamos de tomarnos muy en serio. La liberalización se debe realizar en la mayor brevedad posible y debe de ir acompañada de la transferencia de la tecnología para asegurar la capacidad de producción y fabricación a nivel mundial. Es el momento de priorizar los intereses colectivos por encima de los particulares. De saldar con los más empobrecidos una deuda que nos persigue desde el inicio de la pandemia. De quitar a las grandes farmacéuticas el poder sobre las patentes, un monopolio muy lucrativo para ellas pero tremendamente caro para el conjunto de la población.

Sabemos que la liberalizacion temporal de patentes y el fortalecimiento del mecanismo COVAX no van a poner fin en toda su complejidad a las consecuencias derivadas de la COVID-19. Pero también sabemos con certeza que sin adoptar esas dos medidas será muy complicado, por no decir imposible, solucionar los retos a los que a corto, medio y largo plazo esta pandemia nos enfrenta. La respuesta institucional no puede ser la misma de estos últimos meses, debe estar a la altura de las necesidades existentes. El Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó recientemente que "no tener una distribución igualitaria de vacunas no es sólo una cuestión inmoral, es también estúpida". Porque nadie estará a salvo hasta que todos y todas estemos a salvo.