El Gobierno traerá a votación la propuesta de reforma laboral en las próximas semanas. Nos pedirá el voto a los grupos de izquierda asegurando que se trata de un paso adelante y que se podrán dar más. Pero, ¿es eso cierto?

Empecemos por describir brevemente en qué consiste la propuesta y después analizaremos su trascendencia. El acuerdo está muy lejos de lo que Unidas Podemos llevaba en su programa electoral del 2019: derogar las reformas laborales del PP 2012 y del PSOE 2010. La derogación de la reforma laboral del PP 2012 también la llevaba el PSOE en su programa (2016) hasta que llegó al poder a través de la moción de censura. Porque entonces, en el programa para las siguientes elecciones (2019), esta oposición integral se transformó en la derogación de "los aspectos más lesivos" de aquella reforma del PP. Y esto fue lo que prevaleció en el acuerdo para el Gobierno de coalición, concretando estos aspectos más lesivos en tres: el despido por enfermedad, la no ultractividad de los convenios y la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios de sector.

Quedaban fuera, por ejemplo, cuestiones como la indemnización por despido (con el PP pasó de 45 a 33 días por año trabajado); los salarios de tramitación (lo que se cobra entre que te despiden y que una sentencia lo declara improcedente); y la autorización administrativa de los ERE (es decir, que las autoridades políticas conserven una última palabra en procesos de despido masivos). Y en el acuerdo de coalición se añadieron otros tres compromisos para limitar la subcontratación, la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de las empresas y el descuelgue del convenio. Pues bien, podemos decir que tan solo se ha conseguido recuperar la ultraactividad (aunque no totalmente) y una parte de la priorización del convenio de sector.

El resto de cuestiones se quedan como las dejó el PP en 2012 y por eso no es extraño que la FAES haya apoyado esta última reforma porque ve aquella "consolidada". El propio Garamendi, presidente de la CEOE, afirmó que la "esencia" de la reforma del 2012 se preserva "intacta". Tampoco en los otros tres aspectos añadidos, las citadas limitaciones, se ha avanzado, y hay que tener en cuenta que las condiciones de las subcontratas son una de las fuentes de explotación añadida, como han señalado luchas referenciales como las Kellys o el metal de Cádiz. Y en lo relativo al convenio de sector hay que señalar que sólo se aplica a los salarios y deja fuera horarios, compensación de horas extra, turnos, etc. Esta es una cuestión, por cierto, que ya acordaron el PSOE y Cs en su propuesta de Gobierno en 2016.

Algún avance era necesario para que CCOO y UGT apoyaran el texto y por eso las dos cuestiones conseguidas son las más directamente relacionadas con la negociación colectiva. Aun así hay que decir que en este mismo ámbito se podrían haber recuperado más posiciones. Como por ejemplo la posibilidad que un convenio territorial mejore las condiciones respecto al convenio estatal. Prevalece, pues, un criterio centralista también en la negociación colectiva. Ni rastro de la plurinacionalidad de la que hace bandera Yolanda Díaz o del "federalismo fáctico" del que habló el flamante Ministro Subirats en su primera entrevista. Por eso uno de los frentes más críticos con la reforma ha estado el del sindicalismo nacional gallego, vasco y catalán principalmente que, junto con otros pueblos y sumando 17 centrales sindicales, publicaron un manifiesto que resumía la negociación de los últimos meses: "La prioridad del Gobierno de atraer a la patronal al acuerdo, le ha otorgado a esta última el derecho a veto, y la falta de presión y movilización de los sindicatos firmantes ha derivado en una Reforma Laboral hecha a la medida de los intereses de la patronal".

No se puede llamar derogación a una reforma que mantiene intactas todas las condiciones para el despido: ni autorización administrativa, ni indemnización, ni salarios de tramitación, ni un aumento de los requisitos o una mayor delimitación de las condiciones para el despido objetivo. Y este es el principal punto flaco de la propuesta.

Después hay una serie de medidas contra la temporalidad que también se presentan como avances. Pero como indican expertos laboralistas, si el despido continúa siendo barato, las empresas seguirán cometiendo fraude en la temporalidad.

Finalmente, se cuentan los ERTE como un avance. Y si bien es cierto que en una situación de emergencia sirven para evitar una debacle, no es menos cierto que convertirlos en estructurales es una forma de rescate del capital, puesto que con dinero público se están salvando empresas privadas sin prácticamente contrapartidas.

Con este balance, las fuerzas de izquierdas y de los pueblos del Estado tenemos que decidir si apoyamos o no la reforma. Pero esta no es la situación recurrente del vaso medio lleno o medio vacío. No estamos dando un paso para más adelante dar otros. Al contrario, aprobar esta reforma complica las conquistas en el futuro por dos motivos. Primero, porque consolida aquello que fue impuesto por el PP y la patronal, que diez años después sumará el aval tácito del PSOE, UP, CCOO y UGT. Con esto, se dan argumentos a la patronal para no volver a abrir esos aspectos (indemnizaciones, salarios de tramitación, autorización administrativa,...) en mucho tiempo. Y segundo, porque aprobándola se pierde la fuerza negociadora que se tiene. Que no es mucha, porque lo cierto es que CCOO y UGT no han movilizado nada durante el proceso negociador y la CEOE ha hecho valer sus vetos sin prácticamente desgastarse.

No se trata pues de ninguna victoria, siquiera parcial. Se trata de un trámite para cumplir con las exigencias europeas que pedían ciertas reformas en el ámbito de la temporalidad. Parece que el Gobierno quiere cerrarlo sin más, puesto que se negará incluso a que el Decreto sea tramitado como ley sin que, por tanto, los grupos de izquierdas podamos proponer enmiendas en la dirección de derogar las reformas del 2012 y el 2010.

Ante esto no dejan otra opción que votar en contra. Se nos dirá que así se pierden los aspectos positivos pero no es así. El Gobierno puede traerlos a votación independientemente, como hizo con la derogación del despido por enfermedad al principio de la legislatura,  que todas las izquierdas apoyamos. Y de esta forma no se cierra la lucha por la derogación de las reformas anteriores, una lucha del todo necesaria para asegurar puestos de trabajo y para construir una correlación de fuerzas en la que la patronal no salga ganando siempre.