En Catalunya el 99,9% de los catalanohablantes son, por lo menos, bilingües. La misma cifra se da en Euskadi con los euskaldunes. Todos hablan el español además del catalán o del euskera. Esa es la realidad lingüística de Catalunya y Euskadi. Son bilingües los que hablan catalán y vascuence. Pero en el resto de ciudadanos que no hablan estas lenguas, el bilingüismo decae. Sobre todo en Euskadi acentuado por la complejidad del euskera.

Catalunya y Euskadi optaron por modelos diferentes. Mientras Catalunya se dispuso a generalizar el catalán como lengua vehicular, Euskadi optó por la segregación lingüística con su triple modelo.

Pronto quedó claro el efecto pernicioso de separar a los alumnos. El Modelo A, con el castellano como lengua vehicular, fracasó de pleno. Los escolares a duras penas tenían conocimientos de euskera a nivel de usuario. Pero hubo un segundo efecto aún más notable, de carácter social. Progresivamente los padres huían del Modelo A y optaban por el D -basado en el euskera como lengua vehicular-, incluso en zonas donde el euskera era residual. El modelo A se fue asociando con la inmigración y las clases más humildes mientras el D crecía hasta amenazar con morir de éxito. Y justo eso ha ocurrido. Puesto que la decisión no era tanto lingüística como social. Los padres optaban por un entorno que asociaban a un nivel cultural más acorde con sus deseos.

Euskadi ya ha dado el pistoletazo de salida al cambio de modelo. Y lo hace mirando a Catalunya y apostando por no separar los alumnos y, a su vez, dando un nuevo impulso al euskera tras unos años -como el catalán- retrocediendo su uso social.

La propuesta cuenta con un amplio consenso que va mucho más allá del independentismo o el nacionalismo al contar con el apoyo del PSE y los morados de Unidas Podemos. Justo eso ha acontecido en Catalunya como respuesta en este caso a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya imponiendo en diversos centros el 25% de clases en castellano.

Sólo que en Catalunya los de Puigdemont se han descolgado blandiendo un presunto retroceso o renuncia que la artífice del consenso, Irene Rigau (exconsellera d’Educació por CiU), ha negado indignada ante los aspavientos del entorno mediático y político de Junts que declaró anatema la propuesta de consenso y desencadenó una tormenta en las redes. A las pocas horas, Junts se descolgaba del acuerdo con un comunicado público retractándose pese a haber participado en su gestación y suscrito punto por punto.

Rigau se mostró indignada ante la sarta de mentiras para blasmar el acuerdo. Fue rotunda: ‘la propuesta mantiene la inmersión’ además de mostrarse indignada por la actitud de Junts pese a que participaron del acuerdo algunas de sus voces más conocidas como la mismísima Laura Borràs que pretendía no tener nada que ver con el asunto.

Euskadi mira a Catalunya y su modelo pese a estar en el punto de mira de una justicia que ha puesto cerco a la inmersión. Tampoco es que el modelo catalán esté exento de problemas. No sólo los judiciales. La verdad es que la inmersión es asimétrica y que precisamente adolece su aplicación justo donde más necesaria es, en los centros educativos de entorno más abrumadoramente castellanohablante.

Catalunya tiene un doble problema. Primero, esa relajación en el uso del catalán. La administración lo ha tolerado ante el incumplimiento de los docentes. Segundo, el acoso judicial amparando las demandas de los sectores más hostiles al catalán. De hecho, ese es el germen de Ciudadanos, la beligerancia contra el catalán como única lengua vehicular pese a los buenos resultados, inclusive el nivel de castellano.

Tercero, la eclosión de un mundo ultranacionalista que rehúye cualquier consenso esgrimiendo la pureza virginal por bandera. Lo que no sólo es altamente improductivo si no que rompe con todo consenso plausible.

La inmersión lingüística en catalán en la escuela ha dado buenos frutos allí donde se ha aplicado de veras. Ese debería ser el principal cometido con permiso de una justicia que insiste en manosear la escuela catalana con resoluciones de parte.

El catalán y el euskera deben aspirar a ser lenguas de todos, jamás de parte.  Bastante difícil es ya todo en un contexto sociolingüístico cada vez más adverso para lenguas como el catalán o el euskera que no sólo no gozan de la protección de un estado -muy a menudo justo lo contrario- si no que padecen un proceso de globalización que acorrala las lenguas minoritarias.

La escuela es fundamental para garantizar la salud del catalán. Pero hoy es insuficiente. La escuela sola no puede resolver las debilidades estructurales de unas lenguas que, además de no gozar de plenitud en sus áreas geográficas, exigen una militancia lingüística que se contrapone a la fuerza intrínseca del castellano y a la espontaneidad con que la gozan los castellanohablantes.