El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.

La revelación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo cambió todo. Ya no era sólo un abuso de poder que afectaba a derechos fundamentales de unos catalanes que atentan contra la unidad de España. Era una evidencia del fallo estrepitoso de los servicios de inteligencia del Estado, de su incompetencia, de su manifiesta insolvencia.

Y no era ni mucho menos la primera vez. Los atentados del 17 de agosto de 2017 debería haber costado la cabeza al General Sanz Roldán, director del CNI que llevaba ya 8 años en el cargo. En la mejor de las hipótesis, el CNI no supo detectar al comando islamista pese a que su cabecilla era un informante de los servicios secretos españoles. Y esa negligencia permitió la locura criminal de unos jóvenes imberbes.

Luego vino el 1 de Octubre. El mismo General Sanz Roldán tampoco supo encontrar ni una sola de las miles de urnas que llegaron a Catalunya y luego fueron distribuidas sin excepción por seis mil colegios electorales. Rajoy hizo el ridículo porque el director del CNI le aseguró -a él y a la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría- que lo tenía todo controlado. Sólo por eso, el General debió ser cesado fulminantemente. Pero incomprensiblemente salió indemne de tamaño ridículo. Al igual que la hija del General Sáenz de Santamaría. E incluso siguió en el cargo con Pedro Sánchez, que lo mantuvo durante un año más sumando diez años sin haber dado pie con bola.

Ahora, en el ‘Caso Pegasus’, para dar un giro al escándalo que suponía la infiltración de teléfonos del presidente del Gobierno y de ministros -que se sumó al espionaje político masivo a los independentistas-, y al ridículo internacional que ello supone, rápidamente se pretendió que el falló de seguridad no era atribuible al CNI que pende del Ministerio de Defensa sino de Presidencia, responsable de chequear los móviles. ¡De risa!. El CNI se defendía y su alegato era amplificado. Lo que sólo demuestra que el CNI pretendía de nuevo eludir toda responsabilidad. Pretenden ser intocables puesto que representan a las entrañas del Estado, a su misma esencia. Y si encima quien exige cabezas son los indepes catalanes cuentan con un argumento imbatible para blindarse, invocando la unidad de España como argumento casi religioso que de hecho sirve sobre todo para encubrir carencias insostenibles.

Paz Esteban debía caer. Aunque sólo fuera porque fracasó estrepitosamente como antaño su predecesor. La invocación a la sagrada unidad de España puede colar -y cuela- ante los odiados indepes catalanes, ante los que todo se justifica sin rubor alguno.

Pero pretender no responder cuando no se enteraron de que se vigilaba ni más ni menos que al Jefe máximo del Gobierno español ya es de auténticos embaucadores de rebaño, de tenaces vividores del cuento más allá de su pasión por agitar la rojigualda como santo y seña de su valía e impunidad.

No va a caer Robles, Ministra de Defensa, jefa política del CNI, porque la democracia española es prisionera de sus miedos y tabús, de su rancio abolengo. Y también porqué el independentismo cayó en la gesticulación mayestática. Justo lo que no hizo con los indultos. Sus aspavientos, sus exigencias de que rodaran cabezas, su escalada verbal, ha sido la peor estrategia pese a que Oriol Junqueras, líder republicano, se haya esforzado en temperar los ánimos y en no dejarse llevar por impulsos emocionales. Si así lo hizo cuando sobrellevaba una condena firme de 13 años no iba ahora a perder el temple por unas escuchas que por muy infames y graves que fueran, y por poner en entredicho los derechos fundamentales de la democracia. Todo ello no es peor que lo acontecido desde 2017.

La asunción de responsabilidades es buena para la democracia ante tanto atropello a derechos fundamentales. Pero también para la mínima exigencia de funcionamiento responsable y eficiente de aquellos encargados de velar por la seguridad de las instituciones, empezando por la Presidencia del Gobierno.