Otras miradas

La candidata Olona y la supresión de Canal Sur y las Comunidades Autónomas

Ramón Soriano

Catedrático emérito de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, participan en la jornada 'Mitos y realidades sobre la inmigración en España' organizada por la Fundación Disenso a 16 de mayo del 2022 en Almería (Andalucía, España).- Rafael González / Europa Press

Macarena Olona, candidata número 1 del partido político Vox en las elecciones andaluzas del 19J, lleva en su programa como una de las diez medidas estrellas un punto que ha despertado preocupación en los medios andaluces: "eliminar todos los entes públicos que realizan funciones que ya hace o puede y debe asumir el Estado, empezando por Canal Sur". Según la candidata esta televisión lo único que hace es manipular la información y es muy costosa. La abolición de Canal Sur se inserta en una campaña de más altos vuelos: la supresión de las Comunidades Autónomas de España, uno de los temas más recurrentes de los correligionarios de Vox, desde el líder del partido al último concejal.

Se trata de un flatus voci en toda regla, porque múltiples obstáculos se oponen a la pretensión de la candidata de Vox:

Primero. La supresión de la televisión pública andaluza: Canal Sur.

La propuesta de Olona comportaría una atentado directo a la Constitución, porque entrañaría suprimir las competencias de las Comunidades autónomas derivadas de nada menos que un amplio capítulo de la Constitución, el que regula el Estado de las Autonomías (título VIII, capítulo III). Las televisiones públicas de las Comunidades son una competencia autonómica constitucional. El extenso art. 149. 27. CE señala la competencia del Estado en la fijación de las normas básicas de prensa, radio y televisión; normas básicas que son desarrolladas y ejecutadas por las Comunidades Autónomas. Suprimir la televisión pública andaluza, como la de cualquier Autonomía, no es vulnerar un aspecto de una competencia autonómica, sino vaciarla de contenido. Vox en el marco de una mayoría parlamentaria andaluza podría reformar Canal Sur en organización y recursos humanos y materiales, pero no suprimirlo. Se puede reformar la televisión pública de Andalucía, pero no abolirla. Tiene la candidata Olona un precedente: seguir el ejemplo de la presidenta de Madrid, experta en ahogar la libertad de expresión e informativa de la televisión pública madrileña.

Segundo. De la supresión de Canal Sur a la abolición de las Autonomías.

La propuesta de la candidata de Vox es un paso previo al desmantelamiento del Estado de las Autonomías. Con frecuencia los políticos de Vox insisten en que acabarán con las Comunidades Autónomas de España, olvidando el altísimo número de votos del refrendo popular de aprobación de los Estatutos de estas Comunidades. La candidata Olona en primera fila de esta proclama. ¿Sabe lo que está diciendo y promoviendo? Cuesta mucho en nuestra Constitución suprimir un artículo, mucho más todo un capítulo, en este caso el capítulo III del título VIII, dedicado a las Comunidades Autónomas, mucho más aún determinados títulos y capítulos afectados por una reforma agravada, que exigen la intervención de dos Cortes Generales sucesivas y finalmente el referéndum del pueblo español.

Hay que tener en cuenta que este capítulo III contiene 16 artículos, algunos de ellos extensísimos, los cuales presentan relaciones con otros artículos externos, que también habría que suprimir o reformar.  Suprimir el capítulo dedicado a las Comunidades Autónomas implica la aprobación al menos de la mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso de los Diputados, y posteriormente, si una décima parte de senadores o diputados lo solicitan (que seguro lo solicitarán), la aprobación en referéndum del pueblo español. Un largo recorrido para la demagógica propuesta de Vox, que hoy choca frontalmente con todos los partidos políticos y la sociedad española, que se ha manifestado favorable al adelgazamiento de las administraciones públicas y sus costes, pero no a su abolición.

Tercero. La supresión del pluralismo de la sociedad y la diversidad de las lenguas exigidos por la Constitución en los medios de comunicación públicos.

Si se centraliza la televisión pública, si únicamente hay una televisión central del Estado, como pretende Vox y la candidata, se contravienen los límites trazados por la Constitución en relación con los medios de comunicación social: "el respeto al pluralismo de la sociedad y a las diversas lenguas de España" (ar. 20.3). Me pregunto cómo puede captar el pluralismo de la sociedad una única televisión centralizada. Y dónde cabe y qué sentido tiene en el centralismo televisivo el respeto a las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas con lengua propia oficial. ¿Cómo la candidata Olona hará posible que en este centralismo televisivo la información y la comunicación fluyan en las odiadas lenguas de los separatistas que quieren romper a España?

Cuarto. La proclama de la candidata Olona tiene trampa.

No hay que ser un lince para darse cuenta de ello. Basta ver las propuestas programáticas de Vox siempre en línea con las privatizaciones del PP. Porque -no nos engañemos- Vox no pretende la centralización del Estado por sí misma, sino como paso previo e intermedio hacia la privatización de servicios y recursos. La parada final será la supresión de la televisión pública. Y con ello acabará el pluralismo en la información y la comunicación.

La televisión pública, del Estado y autonómicas, garantiza la opinión libre mejor que la televisión privada, porque aquélla tiene límites y controles de los que carece las televisiones privadas de España. No tendría que ser así y en su momento el PSOE con mayoría absoluta parlamentaria pudo sujetar a las televisiones privadas a los valores del constitucionalismo, sobre todo limitando el acceso a la titularidad de los olipolios de la comunicación y regulando los programas televisivos según criterios generales. No tendríamos los programas-basura que inundan la televisión. El resultado es que hoy las televisiones privadas están en manos de tres grandes empresas audiovisuales, que controlan la comunicación, la opinión pública y quita y pone periodistas según sus intereses. La televisión pública, con todos sus defectos, es garantía de una opinión pública más libre que las televisiones privadas.

Quinto. Punto final: la destrucción del pluralismo televisivo interno y externo. En los años ochenta del siglo pasado hubo una intensa producción jurisprudencial a cargo del recién Tribunal Constitucional (TC), desde la ley televisiva UCD de 1980 a la ley televisiva PSOE 1987. El alto tribunal tuvo que hacer frente a recursos de amparo, que le valió para sentar jurisprudencia en el tema de la televisión. Resumiendo: el tribunal ve compatible con la Constitución el pluralismo interno de la televisión pública, que tiene lugar cuando en el seno de esta televisión se practica el libre acceso a la misma y la diversidad ideológica en la programación, y el pluralismo externo de la televisión privada, que se produce por la existencia de una diversidad de televisiones privadas, representando su conjunto las ideologías predominantes en el país. Ha pasado desde entonces largo tiempo, casi cuarenta años, y lamento decirles que las previsiones del TC no se han cumplido en absoluto. No hay pluralismo externo televisivo porque las televisiones privadas están en manos de tres oligopolios, que lo controlan todo y a todos. El sueño del TC de llegar a un escenario de un número relevante de televisiones privadas, representando una ideología determinada cada una de ellas y su conjunto las ideologías vigentes en España, ha sido un fracasado propósito. Si a la inexistencia de pluralismo por la vía externa de las televisiones privadas se une la supresión de las televisiones públicas autonómicas pretendida por Vox y su candidata, el resultado es que no habrá pluralismo de ningún tipo; campeará sin límites ni control el pensamiento único del centralismo televisivo.