Otras miradas

Ecuador: estallido social, votos y balas. Una lectura de derrotas y futuras victorias

Adoración Guamán

Indígenas protestan en las calles de Quito (Ecuador).- EFE

Ecuador vive un momento agónico, una confrontación cuerpo a cuerpo entre el amplio bloque popular convocado a las calles de todo el país y el capital financiero, personalizado en su banquero-presidente que, con lógica militar y utilizando de manera brutal la violencia de Estado, exacerba una deriva racista, pero también de clase y aporófoba, contra el movimiento indígena y el conjunto de la oposición política. Un discurso, sostenido además por la internacional reaccionaria, que ha prendido en una parte de la sociedad civil, extendiendo el conflicto mucho más allá del plano político, con un desgaste brutal del tejido social.

Sin lugar a duda, en estos 16 días de Paro Nacional convocado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) el tiempo en Ecuador ha trascurrido a una velocidad enorme. Lo que comenzó como una protesta popular, con un claro decálogo de demandas para contener las políticas que provocan el empobrecimiento acelerado de la población y que permiten la depredación sin control de la naturaleza, ha ido tomando tintes destituyentes al tiempo que escala la confrontación tanto en el ámbito social como político-institucional.

Desde el día 13 de julio hasta el momento se han producido numerosos giros de guion. La detención del presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en un proceso plagado de irregularidades, marcó un punto de inflexión que exacerbó la protesta. A partir de ese momento, la represión subió de tono con el gobierno lanzado a la aprobación de decretos de excepción (hasta tres textos firmó el presidente) y con un ministro del interior que ha apelado sin cesar al "uso progresivo de la fuerza". Distintas misiones de derechos humanos así como organizaciones supranacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana o el Comité de Derechos del Niño de la ONU han mostrado su preocupación, señalando la existencia de seis víctimas mortales, centenares de personas heridas y detenidas. En paralelo, una pequeña parte de la ciudadanía ecuatoriana se convocaba a través de redes sociales para manifestarse contra las protestas. Bajo la autodenominación de "quiteños de bien", las clases altas festejaban con la policía en lugares pudientes de la capital exigiendo al movimiento indígena que abandonara "su ciudad" (al grito de "indios hijos de puta, fuera de Quito"). Mientras, la policía nacional bombardeaba con gases lacrimógenos las universidades, convertidas en centros de descanso y cuidado y otros lugares considerados "zonas de paz". Con el belicismo en escalada, el gobierno de Lasso mantenía su llamada a un diálogo sin las condiciones necesarias y la protesta prendía en los barrios, desbordándose con la suma de sindicatos, gremios y distintos movimientos sociales.

En paralelo, desde el plano político-institucional, la Revolución Ciudadana activó con sus 47 asambleístas el proceso de "muerte cruzada". Se trata de un mecanismo previsto en el artículo 130.2 de la Constitución Ecuatoriana que permite la destitución del presidente por "grave crisis política y conmoción interna". Es un mecanismo puede utilizarse una sola vez, en los primeros tres años de mandato y de prosperar supone la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales (de ahí que lo denominen muerte cruzada).

Entre la activación de este mecanismo, el día 24 de junio, hasta la votación de la destitución del presidente Lasso, que se saldó en la noche del día 28 con 80 votos afirmativos, 48 negativos y 9 abstenciones (para destituir son necesarios los votos a favor de 92 asambleístas), el escenario ha dado varios giros trascendentales.

En primer lugar, se instauró la teoría del "golpe de estado" impulsado por el correísmo (evidentemente, tildar de golpismo a la utilización del mecanismo de destitución constitucional carece de sentido). Tras la activación de la muerte cruzada, el gobierno, que no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, ha maniobrado sin cesar para conseguir apenas 48 votos de sustento. Este resultado evidencia la debilidad política de Lasso que en cambio goza del sólido sustento que le ofrece un bloque de poder compuesto por el ejército y la policía; las burocracias tradicionales; la omnipresente embajada de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

La actuación de este último actor amerita una digresión en el relato. El FMI, anunció, en pleno proceso de Paro Nacional en Ecuador, el día 27 de junio, el desembolso a las arcas del país de la nada desdeñable suma de 1000 millones de dólares y expresó su satisfacción por el comportamiento del gobierno de Ecuador. La satisfacción del FMI se puede valorar con algunos datos que han provocado la aplicación de las medidas derivadas del acuerdo firmado en 2019 con el gobierno de Lenín Moreno: el presente año podría terminar con al menos 189.806 pobres más en el país, en total más de 5,1 millones de personas. En la zona rural, el 41.7% gana menos de 84.71 dólares mensuales, es decir, el 21% del salario básico. En este momento, la compra de alimentos representa el 47% del presupuesto mensual de una familia de clase media ecuatoriana. El trabajo ya no garantiza la salida de la pobreza, han caído en picado las condiciones laborales, escala la informalidad y el trabajo infantil asciende al 8.2%. El cumplimiento de las medidas fondomonetaristas le está costando al Ecuador la vida. Con estos detonantes, la pregunta no era si se iba a producir o no un levantamiento popular sino cuando se daría el estallido.

En paralelo, el gobierno ha continuado preparando el escenario del Lawfare, ampliando la construcción del enemigo político, personalizado claramente en Leónidas Iza pero también en líderes progresistas de oposición como Paola Pabón (que además es Prefecta) o Virgilio Hernández (que es asambleísta del Parlamento Andino). Debe tenerse en cuenta que el Lawfare en Ecuador ha dado un giro argumental fundamental, ya no se utiliza la corrupción como explicación, ni siquiera el de delito de rebelión, que protagonizó la represión política en el Paro de 2019, el nuevo relato construido para aniquilar a la oposición política en el país (el movimiento indígena y el correísmo) se basa en unos supuestos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Sin una sola prueba, portavoces del gobierno y medios de comunicación junto con voceros de la sociedad civil que se enmarcan en posiciones fuertemente marcadas por el discurso del odio, se han ocupado de instaurar este escenario como medida de presión para aniquilar la protesta.

Mientras exacerbaba el giro belicista, el gobierno planteó de manera reiterada una supuesta voluntad de diálogo y fue haciendo pequeñas concesiones hasta que el día 28 de junio se sentaron las partes en conflicto en la Basílica de Quito durante más de 4 horas. Estaban invitadas las cinco funciones del Estado y asistieron cuatro de ellas, faltando el judicial. La ausencia del presidente Guillermo Lasso fue muy llamativa. El presidente envió a su ministro de gobierno y al secretario de la presidencia, pero siguió la sesión vía la retransmisión de Facebook, toda una imagen de su capacidad de reconocimiento del adversario político. Además, estuvieron presentes todos los presidentes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador; el defensor del pueblo; la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el presidente de la Asamblea Nacional. La cobertura de la prensa fue permanente, exigida además de manera clara por el movimiento indígena que demandó total transparencia, la desconfianza por lo ocurrido en el final del paro nacional de 2019 fue evidente.

Las posturas fueron claras, por parte de la CONAIE se valoró la aceptación por parte del gobierno de varios puntos del decálogo de exigencias pero se señalaron dos líneas rojas que consideran necesarias para acabar el Paro: en primer lugar, la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, con auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales y la derogación de los decretos 95 sobre la política petrolera y 151 que contiene el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador. En segundo lugar, exigieron la rebaja efectiva de los precios de los combustibles. El movimiento indígena exige una reducción de los precios de los combustibles que vaya más allá de los 10 centavos aprobados el lunes por el Gobierno. Además, Iza insistió en la no criminalización, la reparación integral y la remoción del ministro del Interior. Tras escuchar las demandas, los representantes del gobierno se retiraron para "consultar" a Carondelet y a su vuelta, aceptaron la derogación del Decreto 95 sobre la política petrolera, pero no del relativo a la política minera y tampoco cedieron en la rebaja de los combustibles, planteando en cambio posibles subsidios focalizados. Ahí se evidenciaron los límites claros de un gobierno capturado por las exigencias de las grandes transnacionales y los acuerdos fondomonetaristas.

Con este principio de diálogo, las partes se emplazaron a continuarlo el día 28 por la mañana y la CONAIE emitió una serie de declaraciones en las redes sociales, remarcando la insuficiencia de las actuaciones del gobierno respecto de sus demandas y afirmando que el movimiento indígena sostendrá las decisiones colectivas hasta conseguir sus exigencias

Sin embargo, la noche trajo otro giro de guion, aprovechado al máximo por el presidente. En un enfrentamiento entre el ejército y el pueblo Shuar de la comuna Yamanunka en Shushufindi (Amazonía), hubo decenas de heridos y falleció un militar. Acto seguido, Lasso lanzó un mensaje en el que se aferró a este fallecimiento para determinar el fin del diálogo, "no vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén, con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos". En su alocución, Lasso llevó al límite el discurso belicista y señaló expresamente a Leónidas Iza, en un grave ejercicio de criminalización con tintes racistas que en ningún caso debería permitirse un jefe de gobierno. Lasso afirmó que Iza está manipulando al movimiento indígena y les emplazó a enviar "legítimos representantes" para continuar el diálogo. La contestación de la CONAIE fue clara, "Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo" y mantuvo la necesidad de un diálogo roto por el gobierno.

Mientras todo esto sucedía, la Asamblea Nacional era el escenario de otra disputa: la votación de la destitución de Lasso. Tras tres jornadas de debate y 109 intervenciones se procedía a una votación que los portavoces del gobierno habían intentado deslegitimar desde un inicio. La causa por la que se pidió la destitución fue la existencia, clara, de una situación de "grave crisis política y conmoción interna". Sin embargo, el gobierno se aferró a la idea de que Ecuador era ya un "territorio de paz". Para apuntalar este relato, Lasso concedió una entrevista en exclusiva a la CNN el día 25 por la tarde, afirmando la finalización del Paro Nacional porque "los pueblos y nacionalidades vuelven a sus comunidades". En la misma línea, procedió a derogar el decreto de Estado de Excepción, maniobrando para intentar rebatir la clara concurrencia de la causa de destitución, mientras en las calles la protesta continua.

Finalmente, tras una larga sesión, el pleno de la Asamblea procedió a votar. La propuesta, registrada por la bancada de UNES (Revolución Ciudadana) concitó el apoyo de la bancada de Pachakutik y registró 80 votos afirmativos, 48 votos negativos y nueve abstenciones, no se alcanzó así el voto favorable de 92 asambleístas, necesario para proceder a la destitución.

Esta votación, como se afirmó reiteradamente en el programa "La Base" dedicado a Ecuador, no debe leerse ni como un punto final ni como una derrota, sino como una etapa más en un proceso que está por venir. Por un lado, es evidente que el conflicto y la movilización perviven frente a la instauración de una especie de "uribismo a la ecuatoriana". La comunidad internacional ha de supervisar con total atención esta deriva para evitar una escalada mayor de violaciones de derechos humanos. La posibilidad de una nueva arremetida judicial frente a líderes de la oposición, en particular frente a Iza, Pabón o Hernández es clara y su seguridad debe ser monitoreada desde los organismos y organizaciones de derechos humanos.

Por otro lado, y en una necesaria lectura que mire hacia adelante con perspectiva. La votación y sobre todo las calles del país evidencian la apertura de una ventana hacia la construcción colectiva de un sujeto social y político que camine tanto dentro como, sobre todo, fuera de las instituciones con capacidad para transformar el país. Que en este momento haya dos bancadas unidas frente a Lasso, UNES y Pachakutik, refleja la posibilidad (la necesidad) de tejer alianzas por fuera de las instituciones, en un mutuo ejercicio de reconocimiento y de aprendizaje capaz de mirar a la cara y de superar un bloque de poder que ya solo impone, que no gobierna, a base de violencia y represión.