Otras miradas

La mentira como arma política

Agustín Moreno

Diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Tenemos un grave problema cuando se miente desde responsabilidades institucionales con el mayor desparpajo dando apariencia de veracidad. Ya se sabe aquello de que una estadística torturada convenientemente acaba confesando lo que el poder quiere.

La mentira es una línea que cuando se traspasa no tiene marcha atrás, porque si se miente una vez, se miente mil veces. En política es especialmente grave, por la responsabilidad que deberían tener los representantes políticos. Mentir, manipular datos, intoxicar a la ciudadanía debería estar penado, al menos con la sanción moral y electoral. Pero, para ello, es fundamental que haya una ciudadanía crítica y bien informada, y unos medios de comunicación independientes que aseguren el derecho a la información y no sean cómplices en la difusión de bulos y falacias.

Los hechos hablan más alto que las palabras. Veamos un ejemplo concreto. Isabel Díaz Ayuso dice que Madrid es la comunidad con la tasa de abandono escolar más baja. El hecho es que es la quinta comunidad y empeorando: en 2021, la tasa de abandono escolar disminuyó en todas las comunidades autónomas con respecto al año anterior excepto en Asturias y en Madrid. No parece un error sin mala intención. El problema aumenta cuando se repite una y otra vez, cuando se descubren infinitos aspectos de la mentira. En el Debate sobre el estado de la región, Ayuso utilizó la propaganda en todos los campos. Solo en educación, hemos denunciado una decena de tergiversaciones y falsedades.

Es especialmente grave lo que sigue. Es tan escandaloso defender que una pareja con dos hijos que ingrese 143.652 euros al año necesite una "beca", que Díaz Ayuso se ha tenido que sacar de la manga unos datos para calmar la alarma social generada. Hasta el propio Feijóo dijo en julio que consideraba "discutible" dedicar dinero público a becas para familias de rentas altas. Pues bien, el 13 de septiembre, Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid, durante el debate citado, que el 93% de las becas van a familias con rentas inferiores a 20.000 euros. Aunque así fuera, obvia dos cosas: 20.000 euros per cápita son 80.000 euros de ingresos en una familia de cuatro miembros, algo muy alejado de la renta media por hogar en la Comunidad de Madrid que es de 37.687 euros en 2021. El solo hecho de dar cheques regalo a 12.000 familias de rentas muy altas, como reconoce y cuantifica el consejero Ossorio, es una obscenidad. Es profundamente injusto, desde el punto de vista social, que familias con rentas altas puedan cobrar esos cheques regalo para sus gastos en la educación privada, mientras se abandona a la educación pública.

Yo mismo, como diputado, realicé trece Peticiones de Información donde solicitaba el "Listado en formato digital, a ser posible en fichero Excel o CSV, que incluya cada uno de los beneficiarios de las becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondientes al curso 2021-2022 incluyendo el dato de renta de cada perceptor, con nombre y apellidos anonimizados". La misma información se exigía para cada tipo de becas de educación infantil en centros privados, Formación Profesional de Grado Medio y FP de Grado Superior. Las peticiones de información se referían también a los cuatro cursos que van desde 2019 a 2023.

Pues bien, el 27 de septiembre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante el conjunto de las peticiones de Información requeridas, responde a este diputado lo siguiente: "La información solicitada por su señoría se encuentra en curso de elaboración para su posterior publicación en la página web de la Asamblea de Madrid". No se nos facilita ninguna información e intentan tomarnos el pelo. Ahora bien, si están elaborando la información y no disponen de ella, ¿cómo pudo realizar las afirmaciones anteriores la presidenta de la Comunidad de Madrid el 13 de septiembre en la Asamblea ¿O Ayuso mintió, inventándose los datos, o nos los está ocultando descaradamente? Quizás ambas cosas.

Hay que recordar de qué estamos hablando, porque no es un tema menor. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este año una fuerte derivación de dinero de todos los madrileños que deberían ir a la educación pública, para destinarlo a cheques regalo para los centros privados. Son un total de 226 millones de euros destinados a pagar cheques en la educación no obligatoria (escuelas infantiles de 0 a 3 años, bachillerato y grados de Formación Profesional de grado medio y de grado superior...). Además de la elevada cantidad de dinero público mal utilizado, esos cheques han sido piedra de escándalo por los requisitos establecidos para poder beneficiarse de ellos con una renta per cápita de 35.913 euros. La consecuencia de esta medida no es solo que se financia a familias ricas con cheques, sino que aumenta la segregación escolar y social (NOTA 7) y refuerza algo que denuncia el último informe de EsadeEcPol (NOTA 8): la escuela no corrige las desigualdades, sino que las aumenta.

Estamos ante una clara voluntad de ocultación de una información necesaria para facilitar la labor parlamentaria de la oposición. Esto no es nuevo y llueve sobre mojado: se ocultan informaciones, las respuestas muchas veces son insultantes, y como la Mesa de la Asamblea es el reino de la arbitrariedad, deniega las peticiones de amparo a los diputados. Otro ejemplo. El PP ha convertido la educación en un mercado y están aterrizando en Madrid grupos de inversión al calor de la oportunidad de negocio. Es lo que se conoce como "nueva concertada". Cuando pedimos acceso a documentación sobre estas entradas de capital no se nos facilita de forma global. Cuando pedimos consultar a colegios concertados concretos, los obstáculos que se ponen son de tal calibre que hacen difícil acceder a la información: "El diputado podrá tomar notas, más no podrá obtener copia o reproducción ni actuar acompañado de personas que le asistan". Esta limitación sólo puede ser establecida en protección de derechos fundamentales y libertades públicas, según la Sección Primera del Título Primero de la Constitución. Pero estamos hablando de información puramente mercantil sobre la gestión del dinero público que debería estar disponible por afectar a conciertos que se pagan con dinero de todos.

En definitiva, si Ayuso dispone de los datos concretos sobre quién se beneficia de los cheques escolares y no proporciona la información a la oposición, está obstruyendo la labor parlamentaria de control a su Gobierno. Si se los inventó para salir del paso y negar las críticas recibidas, está mintiendo en el ámbito parlamentario. Los dos supuestos son graves. El problema es la impunidad. Ello impide que funcione aquella frase de Abraham Lincoln de "puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo". Con Ayuso, el hecho que denunciamos es, desgraciadamente, uno de tantos y demuestra el uso habitual de la mentira como arma política.