El artículo 43 de la Constitución Española en su apartado primero dice lo siguiente: "Se reconoce el derecho a la protección de la salud". Asimismo, en el apartado segundo añade: "Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto".

Pues bien, esto no se está cumpliendo en la Comunidad de Madrid. Así de claro. Así de sencillo. Estamos siendo testigos del descarado desmantelamiento de la sanidad pública como jamás había ocurrido, con total y absoluta impunidad, sin que haya responsabilidades, sin ningún pudor. Y dejando fuera del sistema a millones de personas.

El cierre de las urgencias de los centros de salud en Madrid arrancó hace dos años, aprovechando una pandemia. En lugar de reforzar la sanidad, la señora Ayuso cerró centros de urgencias. Prometió reabrirlos. Pero dos años después, no lo había hecho. En mi barrio esto se llama mentir. Ser una señora sin palabra. O lo que es peor, una presidenta ruin.

Hace poco anunció la reapertura de las urgencias. La letra pequeña que no quiso leer, era que estábamos ante una reapertura sin médicos. Cualquiera se da cuenta de que los sanitarios deberán salir de otros servicios, lo que es lo mismo: desvestir a un santo para vestir a otro.

En este caso, ha decidido cerrar las urgencias de atención rural y llevarse a ese personal a las urgencias de atención urbana, en lo que considero una estrategia de trilerismo —con precedentes, puesto que tuvo una buena profesora, la señora Esperanza Aguirre, esa señora que, acuérdense, se encaró con las trabajadoras de un hospital, vendió media sanidad pública madrileña, y por si fuera poco, también vendió un cuadro de Goya por cinco millones de euros sin protegerlo como bien cultural para evitar pagar impuestos—.

Ayuso ha despedido a 6000 sanitarios, algo absolutamente despreciable. Pero es que además se permitió el lujo de llamar "vagos" a los profesionales de la sanidad: "Quien crea que es porque están desbordados se equivoca. No es porque no lleguen a más, es porque son vagos. En los centros de salud hay tensión, se cuelgan pancartas y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro". Estas fueron sus declaraciones exactas, lo que resume a la perfección el tipo de persona y la maldad de sus actos. Jamás he visto tanta miseria moral y ética en política. No solo estamos hablando del respeto a quienes se esforzaron por dar lo mejor de sí en lo peor de la pandemia, sino de la propia protección de la salud de los ciudadanos a los que dicen representar.

Mientras se han perdonado más de 990 millones de euros en el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas, la sanidad sigue siendo despedazada día sí y día también en Madrid a manos de los enemigos de lo público, de los fanáticos de la contaminación y la privatización. Los "constitucionalistas" de pulsera. Los patriotas de hojalata.

Donde antes había tres médicos, ahora solo queda uno o, simplemente, el centro se cierra. Menudo drama. Un vecino de una zona rural puede tardar hasta 50 minutos en llegar al hospital. Mejor no imaginar las probabilidades de salvación si la urgencia es de vida o muerte. El derecho a la sanidad simplemente no se cumple. Menuda infamia. Me pregunto cuánto vale la vida de una persona para esta gente que hoy gobierna la región de Madrid.

Representantes de la sanidad pública madrileña han denunciado varias veces que ninguno de los 500 profesionales SAR afectados por el último plan de la Urgencia extrahospitalaria saben dónde van a trabajar al día siguiente, qué turno van a tener, ni la planilla de guardias de los próximos dos meses. Es un caos. Es un disparate. Jamás ha estado la sanidad pública madrileña tan destrozada.

Es un desprecio total a la gran joya de la corona de la que tanto sacaban pecho algunos hasta que, en 1997, se aprobó aquella ley (15/1997) sobre habilitación de nuevas formas de gestión del sistema nacional salud, que abrió la puerta a la privatización de la sanidad. Obra ejemplar del PSOE y del PP, que cuando se trata de hacer negocios sí se ponen de acuerdo. Cuánto daño ha hecho el bipartidismo impune en este país. Y aprovecho para exigirle al PSOE, al Ministerio de Sanidad, que cierre la puerta a las privatizaciones, que reforme la ley, porque es el camino más seguro para acabar con esta deriva de destrucción de derechos por donde nos está llevando Ayuso.

El próximo día 13 de noviembre Madrid tiene una oportunidad para decir alto y claro que la sanidad no es un negocio, es un derecho. Que por encima de todo hay que hacer cumplir la Constitución. Desde que comenzara la pandemia, las listas de espera de la Comunidad de Madrid han aumentado un 3.500%, una cifra completamente fuera de lugar —y otra forma de exclusión de la sanidad pública a los vecinos de Madrid—. Un escándalo sin precedentes blanqueado por algunos medios de comunicación a los que Ayuso ha regado con subvenciones de hasta 27,5 millones de euros, y jaleado por una extrema derecha anormal, pero normalizada por el PP, a cambio de unas monedas. Son las monedas de la traición, de la puñalada mortal a los principios básicos de la Carta Magna, aquella que hoy es pisoteada por unos irresponsables políticos que están vendiendo nuestra sanidad a las empresas privadas y que han enviado al pueblo madrileño al peor de los destinos: o te pagas un seguro privado de 80 euros mensuales, o búscate la vida.

Elijan. Elijan el próximo mes de mayo. Que esto no va de ideologías, va de proteger unas conquistas mínimas comunes, como el derecho a la sanidad pública universal. Esto va de dignidad.