La respuesta del Gobierno Ayuso en la Comunidad de Madrid a la huelga que llevan a cabo las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad y a las grandes manifestaciones ciudadanas habidas en defensa de la Sanidad Publica, no debería pasar desapercibida a las personas que conforman las organizaciones sociales y políticas de la izquierda. Ni mucho menos al conjunto de la población asalariada que habita en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha exhibido un impúdico desprecio a la movilización ciudadana, así como a los madrileños y a las madrileñas. Ha recurrido al uso torticero de la vieja perorata franquista de considerar que los paros laborales son "huelgas políticas" y que las manifestaciones, por muy masivas que resulten, no constituyen sino algaradas minoritarias organizadas por elementos extraños al cuerpo social.

Asimismo, ha restringido las libertades democráticas como la libertad de expresión, prohibiendo carteles y recogidas de firmas en las instalaciones sanitarias. Ha tomado medidas de coacción y de control, ordenando la utilización de los servicios de limpieza y de la policía municipal de forma represiva. Todo ello, deja al descubierto su concepción de la democracia. El Gobierno madrileño ha mostrado qué hace y lo que haría en el caso de que consiguieran mayor poder en el futuro. Ellos, que a diario se llenan la boca de Constitución.

El gobierno de Ayuso intenta impedir el Derecho de Huelga, mediante la estigmatización de las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad. Si por este Gobierno fuera, no existiría el Derecho a la Huelga, el derecho a la acción sindical, ni el derecho a la negociación colectiva. Derechos todos ellos que no cayeron del cielo ni los regalaron las elites de las que la señora Ayuso es su representante política. Detrás de Ayuso, en efecto, están esas elites, que se benefician de los negocios que acarrean las políticas de privatización y pillaje del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Además, en su empeño por derrotar a los trabajadores y las trabajadoras de la Sanidad Pública, no duda en enfrentar a éstos con el movimiento vecinal y ciudadano, cuestión que dado el éxito obtenido por las movilizaciones, no parecen conseguirlo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y su consejero de Sanidad, están también estigmatizando el derecho a la negociación colectiva y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Se trata de asegurar el orden y el confort, por decreto. El conflicto social, el derecho a la protesta debe ser eliminado, aunque para ello se tengan que deslizar por el filo de la navaja de su democracia iliberal. No inventa nada, copia las políticas aplicadas por Margaret Thatcher, Ronald Reagan hace ya cuatro décadas. Ayuso es una buena representante del ultra neoliberalismo existente en otros países del mundo. Piensa que no hay otro mundo posible y realista que el del ultra neoliberalismo que ella intenta aplicar.

El Gobierno de Ayuso es heredero de una tradición de gestión política que se remonta a los años noventa. Una tradición de erosión permanente de los servicios públicos y de destrucción de los vínculos de solidaridad entre las personas, profundizando la desigualdad, la injusticia y, al contrario, facilitando la concentración de la riqueza.

Sin embargo, Ayuso ha añadido el odio a la izquierda y al centro izquierda, la manipulación, la demonización, el discurso anticomunista, que nada tiene que ver con la realidad presente. Todo ello con un programa basado en el mercado, la apertura a la inversión de las elites, las privatizaciones, envueltas en el papel celofán de la colaboración público-privada y apostando por las relaciones internacionales con Israel, viejo país de la democracia.

Autoritarismo, ideología represiva, culto a la violencia policial, destrucción del factor trabajo mediante la devaluación de los salarios, las indemnizaciones y cotizaciones, desregulación de los derechos y avanzando en el poder discrecional de las elites empresariales son sus señas de identidad del gobierno regional.

La crisis de la Sanidad, la grave situación de la educación, entre otros, son factores de una crisis multidimensional que tiene efectos sociales, ambientales, políticos, jurídicos y culturales que no pueden recaer sobre la mayoría social. Las políticas de derechas del Gobierno de Ayuso exigen transformar la correlación de fuerzas a favor de la mayoría social. Ante esta situación no cabe la resignación, hay otra política, las últimas movilizaciones enseñan el camino. Hay que derrotar las políticas de Ayuso. En este contexto, debería abrirse un procedimiento de estudio para examinar qué medidas de las tomadas por la Consejería de Sanidad de Madrid confrontan con el Derecho del Trabajo, e incluso con el Código Penal.