Otras miradas

Operación Chamartín: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Eduardo Mangada

Arquitecto y socio del Club de Debates Urbanos

Varios obreros trabajan en las obras de la Estación de Chamartín, uno de los proyectos del Plan de Recuperación en la Estación de Chamartín, a 25 de octubre de 2021, en Madrid (España). Foto: Alberto Ortega / Europa Press
Varios obreros trabajan en las obras de la Estación de Chamartín, uno de los proyectos del Plan de Recuperación en la Estación de Chamartín, a 25 de octubre de 2021, en Madrid (España). Foto: Alberto Ortega / Europa Press

La sentencia

Oigo y leo la noticia: el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid ha desestimado, entre otros, el recurso presentado por el Club de Debates Urbanos, en el que se pedía la declaración de nulidad de la modificación del Plan General de 1997, con la que se habilitaba la ordenación urbanística de la Operación Chamartín, denominada finalmente Madrid Nuevo Norte.

Desestimación que abre la puerta legal para la culminación de este atentado urbano, culminando así un farragoso y oscuro proceso iniciado en 1993, durante el cual se han pactado, de forma opaca, una serie de modificaciones de acuerdos alcanzados por el Ayuntamiento de Madrid y la promotora privada DCN (sustentada financieramente por el BBVA), siempre a favor de esta última, violentando normas legales y de procedimiento, en un continuo incremento de edificabilidades, minoración de cargas y prolongación de los plazos de ejecución de obligaciones y obras de hasta los veinte años previstos como horizonte final. Y todo ante un futuro plagado de incertidumbres.

Un dilatado proceso, impulsado y alimentado tanto por el Ayuntamiento, como por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y el propio Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Gobiernos conniventes y "socios" en este negocio financiero-inmobiliario, si tenemos en cuenta que un 75% del suelo sobre el que se proyecta esta operación es de titularidad pública, gestionado por organismos tales como ADIF (RENFE), Empresa Municipal de Transporte (EMT), el Ayuntamiento y CYll (Comunidad Autónoma).

Treinta años de turbios apaños público-privados, durante los cuales, y especialmente en el último decenio, este fastuoso negocio financiero-inmobiliario ha encontrado la oposición dura, permanente y razonada de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y el Club de Debates Urbanos (CDU).

Una oposición hecha pública en debates, artículos periodísticos, entrevistas e informes en las pocas y estériles mesas de participación que ha tenido a bien convocar el Ayuntamiento. Una batalla en la que se pedía su paralización, para iniciar un nuevo plan, formulado por el Ayuntamiento y no por una empresa privada, tomando como punto de partida la propuesta redactada por los técnicos municipales en el año 2019, tras la suspensión temporal decretada por un ayuntamiento, teñido de izquierdas, y aplaudida, en su momento por quienes, años después, hemos presentado los recursos ahora desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Un nuevo plan más justo y culto que asumiese, como bases disciplinares y políticas, la valoración de este amplio territorio como área de oportunidad para Madrid, en la que dar respuesta a las muchas necesidades, demandas y aspiraciones de sus ciudadanos, teniendo en cuenta las características del propio lugar: su dimensión y localización en la ciudad y el entorno metropolitano; sus características paisajísticas y topográficas; así como la valoración de las edificaciones e instalaciones existentes (los talleres y cocheras de la EMT, incluso la inacabada MALMEA), ponderando su posible y conveniente permanencia en la futura ordenación. Y, como primer compromiso, dar respuesta positiva a los déficits de equipamientos y servicio en los barrios limítrofes, incluida la vivienda pública en alquiler accesible, tantas veces demandados y nunca atendidos.

Un nuevo plan más justo y culto, en lugar de "un cortijo BBVA", como coto de caza privado, en el que financieros de todo tipo y origen pudiesen cobrar ricas plusvalías, en un bucle especulativo sin fin.

Porque nunca se pensó, ni se propuso por los recurrentes, que esta gran área de oportunidad de Madrid pudiese quedar en barbecho y olvidada, sin aprovechar su capacidad para completar y recalificar el conjunto de la ciudad. Sin olvidar su función de charnela verde que conectase el Madrid central con los grandes y valiosos espacios naturales del entorno metropolitano. Un gran desarrollo urbanístico que viniese a reducir sensiblemente la brecha histórica, social y física, que separa el norte rico del sur pobre. Un objetivo que se vería reafirmado y creíble si, aprovechando la importante superficie de suelo público, se asentase aquí una gran promoción de vivienda pública en alquiler, como reflejo en el norte de Madrid de las 12.000 viviendas anunciadas por el presidente del Gobierno en Campamento.

Sí se exigía que un ayuntamiento democrático borrase los desafueros urbanísticos fraguados en torno a esta operación y reafirmase el interés público ineludible en todo desarrollo urbano, más aún cuando de esta importancia se trata.

El recurso del CDU

Una primera aclaración. Ya en 1993, se alzaron voces advirtiendo del riesgo que acechaba a una operación urbanística, que fiase su financiación a la privatización de las plusvalías generadas en un suelo de titularidad pública, una vez desafectados de las actividades que sobre él estaban implantadas, bien mediante su venta al mejor postor o bajo la fórmula de una concesión del derecho de superficie.

No obstante, hay que destacar que en aquellos momentos el acuerdo se firmó entre dos entidades públicas: Renfe y Argentaria, con la presencia, más simbólica que necesaria, de la constructora San José. Y cabe recordar, que la finalidad de aquella operación era obtener por el estado el dinero suficiente para las obras de modernización de la Estación de Chamartín y las instalaciones ferroviarias que la acompañan. Objetivo que treinta años después aún no se ha cumplido.

Y una segunda aclaración. Conforme iban pasando los años y se iban conociendo las sucesivas propuestas de ordenación y gestión, amparadas por el nuevo convenio entre ADIF, BBVA (antes Argentaria) y la constructora San José, fue acentuándose la oposición a la Operación Chamartín, desde colectivos profesionales y vecinales. Oposición frente al Ayuntamiento y a DCN (empresa gestora) y, posteriormente, frente al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Fomento. Oposición en la que el Club de Debates Urbanos tuvo, desde el primer momento, un papel destacado, junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción.

La aportación del Club de Debates Urbanos (CDU) en esa batalla tuvo siempre un carácter profesional, marcado por una cultura de izquierdas, confiando en todo momento en que la razón disciplinar, acompañada del compromiso ético, consustancial con el urbanismo, pudiese ayudar a los poderes públicos implicados a corregir las desviaciones graves que se iban consolidando en cada revisión del convenio, siempre favorables a los intereses privados, y en perjuicio del bien común.

Advirtiendo de las irregularidades normativas y, lo más importante, lamentando la ceguera empecinada del Ayuntamiento, que le impedía ver cómo, a cada paso, se iba devaluando la gran oportunidad que encerraba este singular espacio. Se iba perdiendo el potencial reparador de una autentica operación urbanística, malvendiendo su riqueza, medida en plusvalías especulativas, a un operador privado nada honorable.

Fracasado este intento, ante la cerrazón y la sumisión de las administraciones públicas a los intereses del bloque financiero inmobiliario, conscientes de la responsabilidad cívica que el propio nombre de este club de "debates urbanos" exige, se adoptó la decisión de formular un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM, este sí sustentado por una sólida argumentación jurídica y disciplinar, confiando que aquello que la razón y la defensa de los ciudadanos no había conseguido, lo impusiese la fuerza de la justicia. No ha sido así. Y todo parece empujarnos a repetir la manida formula, triste y resignada de: "se acata, pero no se comparte". Aunque no en silencio.

Al menos, sin referirnos a un elemento básico del proyecto y el recurso ahora desestimado. La losa de hormigón de 20 hectáreas, soterrando el haz de vías existentes. Una desmadrada obra de ingeniería no justificada por la prevista modernización de la Estación de Chamartín. Un ostentoso despilfarro de recursos, sin una justificación razonable y razonada, desde el punto de vista de la ordenación del territorio ni por exigencias funcionales del sistema ferroviario.

Solo el afán de lucro desmedido de CDN, avalado por las administraciones públicas que han jaleado este atropello a la inteligencia y la decencia con frases como "La mayor operación urbanística de Europa", "The biggest business centre of the world". El mayor robo de suelo público hasta el día de hoy. Porque, violentando la lectura de la ley, con esta losa se pretende construir un suelo artificial, sobre el que implantar el "parque central" de Madrid Nuevo Norte, con árboles de gran porte (y un mercadillo popular los domingos para solaz de las clases privilegiadas) en lugar de asentar este parque sobre el terreno natural, como lo exigen la razón y la naturaleza. Justificando así el computo legal de zonas verdes establecido por el planeamiento y con ello un incremento desmedido de la edificabilidad terciaria, sobre la que se basa este negocio.

En algún medio he podido leer estas palabras, en voz de un jurista: "Sin la losa, no sale esta operación". Triste epitafio, para una triste y descorazonadora historia del urbanismo español.