Protestas del personal sanitario en Portugal por las condiciones de trabajo, choque de trenes en Grecia, que se salda con 57 muertos, oleada de huelgas en Francia por la reforma de las pensiones... Todos estos hechos convergen en el mismo punto: las reglas fiscales de los tratados europeos y su reguero de administraciones en muletas que no alcanzan a responder a las necesidades básicas de sanidad, infraestructuras o pensiones.

Hoy se reúnen las y los ministros de finanzas de los estados miembros en Bruselas para opinar sobre la propuesta de reforma del marco de gobernanza económica europea que la Comisión Europea (CE) presentó en noviembre del año pasado. Tres años después de la emergencia sanitaria del COVID 19, y después de casi dos años de inversión y ayudas públicas dirigidas a la recuperación económica, los Estados miembros de la Unión Europea tienen que decidir cómo será la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

Hablamos de la máxima sacrosanta de no superar el "3% de déficit" y "60% de deuda pública" en aras de la estabilidad de la economía europea y del euro. Recordemos que gracias a la "cláusula de escape", estas reglas fueron congeladas desde la pandemia, permitiendo a los Estados gastar en ERTE (ayudas para el empleo), adquisiciones de vacunas, rescates empresariales, subvenciones al diésel y la gasolina, entre otras. Como consecuencia, a la cita los países llegan con un alto nivel de endeudamiento, en el caso del Estado Español con una deuda pública del 116% del PIB, con las grandes corporaciones con beneficios históricos, y con buena parte de la ciudadanía europea en apuros.

Ahora bien, según la Comisión llega el momento de saldar las cuentas y pensar cómo volver al PEC. A pesar de ser una propuesta continuista, ésta reconoce que no sería recomendable volver a reglas fiscales demasiado rígidas y repetir los errores de la crisis de 2008. Reconoce también que en un contexto de emergencia climática habrá que asegurar las inversiones públicas en la transición verde y digital. Asimismo, en un contexto de crisis y guerra también tendrían prioridad las controvertidas inversiones en seguridad energética y armamento.

Además, se simplifican cálculos y procedimientos, por ejemplo, se extrae del cómputo de déficit los costes de desempleo -gasto procíclico- y la valoración se realiza sobre la capacidad fiscal de los países y no solo del gasto. Si el país sigue altamente endeudado, las medidas correctivas serían más "suaves" y reputacionales a la hora de rendir cuentas frente a las instituciones europeas. En definitiva, habrá que apretarse el cinturón pero con más flexibilidad, ciertos gastos fuera del ajuste y un barniz democrático todavía por definir, ya que estos planes de ajustes serán pactados sin los parlamentos nacionales y serán de obligado cumplimiento para todos los países.

Dos lecciones: de las mareas al Keynes disfrazado de verde 

Cuando estalló la crisis de la burbuja inmobiliaria en 2008, las cuentas públicas entraron en números rojos a fuerza de pagar subsidios de desempleo y rescatar bancos y empresas.

La realidad es que la especulación de los mercados disparó la prima de riesgo y Europa acudió con rescates a los denominados PIGS (cerdos) -Portugal, Italia, Grecia y España- a cambio de recortes. El gobierno de Zapatero cambió la Constitución (artículo 135) para aplacar a los mercados y el del PP se aplicó con esmero con las tijeras, mientras rescataba a la banca con más de 65.000 millones -con la idea de que la Sareb no nos costara un duro-. El resto es conocido: crisis brutal de cuidados, desempleo y emigración. Y mucha indignación que impulsó el 15M, pero también marchitó el proyecto europeo y dio alas a la extrema derecha. La lección de aquella época fue que las reglas fiscales, no evitaron la burbuja especulativa del ladrillo y agravaron la gestión posterior con una enorme socialización de pérdidas. Por el contrario, la salida de la pandemia ignoró las reglas fiscales y el keynesianismo verde ha tenido más propósito y capacidad de amortiguar los impactos sociales, pero no ha resuelto las contradicciones del modelo económico.

Una reforma que ponga la emergencia climática y los derechos en el centro

En un futuro de poli crisis encadenadas necesitamos reglas que ayuden a construir una economía más justa, resiliente y dentro de los límites del planeta. Esta es la propuesta que 30 organizaciones ecologistas, sociales y sindicales pidieron por carta al gobierno español. La nueva gobernanza económica europea debería ayudar a prepararnos para el futuro y no cavar el próximo agujero. Esto pasa por reforzar el papel de las administraciones con un colchón fiscal. Pero no para cualquier fin. Es necesario alinear los recursos públicos con los objetivos del Acuerdo de París y la Carta Social Europea instaurando el principio de Do Not Harm (no daño) en las inversiones públicas y la denominada "golden rule" para inversiones que reduzcan los riesgos climáticos futuros y ayuden a mitigar sus efectos. Se requiere la implantación de presupuestos sociales verdes y lilas, con indicadores claros de seguimiento que midan los riesgos climáticos y sociales con implicación de autoridades independientes.

Asimismo, las reglas fiscales deben fomentar la capacidad fiscal de los países mediante reformas fiscales progresivas y verdes y cerrando los agujeros fiscales por donde se escapan los Ferroviales de turno -por Países Bajos se cuelan 10.000 millones de euros al año- y eliminar incoherencias en el gasto, como los subsidios a los combustibles fósiles -que alcanzaron 50.000 millones de euros en 2021 en toda la UE-. Las medidas fiscales deben integrarse en todos los planes de la UE con aras a evitar el dumping fiscal y generar recursos para sufragar los gastos necesarios en bienestar y cuidados. Por último, los planes de país deben realizarse con una plena legitimidad democrática y con respeto a los ciclos electorales, parlamentos e inclusión de la ciudadanía.

Los cambios cosméticos propuestos son insuficientes para promover las transformaciones de la economía de manera democrática. El riesgo de seguir a merced de nuevas burbujas económicas y nuevos shocks, como el cambio climático, y de seguir ahondando en la sociedad al servicio del 1% más rico es muy plausible. El exceso de deuda pública de Italia o Bélgica es un riesgo para la estabilidad económica, sí, pero lo es mucho más la burbuja de carbono alemana o polaca o los agujeros fiscales de países como Países Bajos o Luxemburgo.

Frente a los países más "frugales" y partidarios de que poco o nada cambie, el gobierno español tiene la oportunidad de promover en la Presidencia de la UE una reforma del marco de gobernanza ambiciosa y con un nuevo rumbo para la economía europea. Sin combustibles fósiles, sin paraísos fiscales y sin hombres de negro... Y como decían en la Puerta del Sol en 2015: "sin miedo".