El debate en torno a la vivienda se ha convertido en el último episodio de una emocionante saga electoral. Y es que tiene casi todos los elementos que una buena serie necesita: una buena trama con giros que nos atrapa, una trepidante banda sonora al ritmo de urnas y tambores, personajes bien definidos donde tanto los protagonistas —Gobierno, ERC y EH Bildu— como los antagonistas —Partido Popular— y tritagonistas —Ciudadanos, PNV y VOX— cumplen su función, una dirección digna de eclipsar los 26 premios Emmy de El Ala Oeste de la Casa Blanca y, quizá, lo que más le falle sea la duración. Demasiado larga teniendo en cuenta que, si hubiera habido voluntad, podría haber sido más corta y dinámica.

Han sido meses de negociaciones, desacuerdos y, lo que es más importante viendo el actual estado de la política española, acuerdos. Es precisamente un acuerdo del Gobierno con ERC y EH Bildu lo que permitirá que España cuente con su primera Ley de Vivienda en democracia. Puede resultar extraño, sí, pero éste debería ser el fin último de la política: llegar a acuerdos entre partidos políticos que diversas ideología e intereses con el objetivo de resolver los problemas que plantea la convivencia colectiva. Este jueves el Congreso aprobará el texto de la Ley de Vivienda para que, una vez pase por el Senado y vuelva a la Cámara Baja, entre en vigor justo a tiempo para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Si bien las fechas elegidas no son casuales, es crucial valorar el acuerdo alcanzado. La nueva ley reconoce el derecho a la vivienda e interviene y regula el mercado del alquiler con el objetivo de facilitar y asegurar el acceso a la vivienda en condiciones aceptables y asumibles para toda la ciudadanía. Al menos sobre el papel. Porque en Euskadi contamos con una Ley de Vivienda desde el año 2015 que reconoce el derecho a la vivienda con carácter subjetivo, pero, sin embargo, éste no se garantiza. Esta ley permite a quien cumpla determinados requisitos económicos demandar a la Administración una vivienda de protección pública y en casi nueve años tan solo 2.253 familias sido beneficiarias. Es por ello que debemos tener claro que, el hecho de tener una Ley de Vivienda, no implica la solución del problema de la noche a la mañana.

Aunque la Ley de Vivienda se quede corta, es un punto de partida. Dicho con otras palabras: si bien deja muchos flecos sueltos, es mejor que nada. Es innegable, para cualquier persona progresista, que la ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler, la nueva definición de grandes tenedores, el establecimiento de un límite en la actualización anual del alquiler eliminando el IPC, la regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas en nuevos alquileres, la obligación de que sea el casero quien pague la comisión de la inmobiliaria o las nuevas medidas de protección frente a los desahucios son novedades que avanzan en la dirección correcta.

De todas estas medidas se ha hablado, se habla y se hablará largo y tendido. En este artículo, a mí me gustaría matizar, aunque sea tangencialmente y para tratar de luchar contra los intentos de propagación del miedo que desde ciertos sectores políticos y lobistas infunden en la ciudadanía, afirmaciones que se han vertido sobre dos de ellas. En primer lugar, en lo relativo a la regulación de los precios de los alquileres: regular los precios de los alquileres no es una medida radical. Es una medida que, con mayor o menor tradición y con regulaciones diversas, se realiza en países tan poco sospechosos como Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Austria o Luxemburgo —por nombrar solo algunos de los más cercanos—.

En segundo lugar, han suscitado —o se han hecho esfuerzos porque susciten— cierto revuelo las nuevas medidas de protección frente a los desahucios. Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, afirmaba este lunes que "Sánchez es un chollo para los 'okupas'". Estas declaraciones son extremadamente peligrosas, siendo una lectura interesada de los grandes capitales para meter miedo a los pequeños propietarios. Lo que hay en juego, a fin de cuentas, no deja de ser una batalla cultural. Porque esta nueva Ley no favorecerá, como se está diciendo por parte de la derecha y grandes lobistas, la ocupación. Ni mucho menos. La nueva ley simplemente modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje para los grandes tenedores de vivienda cuando hay personas con vulnerabilidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que se dará más tiempo a las Administraciones Públicas para que puedan encontrar una solución habitacional para las personas vulnerables, que estén así acreditadas por los servicios sociales, sin limitar ni eliminar los derechos de las personas propietarias. Esta medida permitirá, además, responder a las peticiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las ONU, que en reiteradas ocasiones ha reprendido a España por vulnerar el derecho a la vivienda.

En conclusión, estamos ante una ley moderada, nada radical y que se queda corta en muchos aspectos. Una ley que no solucionará el problema de la vivienda en España, uno de los países de la OCDE con menor porcentaje de viviendas de alquiler social —solo República Checa, Estonia, Lituania, Letonia, Luxemburgo y Colombia se encuentran por detrás—, pero que, sin embargo, es un punto de partida y señala en la buena dirección. Lógicamente podemos fustigarnos con todo lo que nos gustaría haber hecho y lo que finalmente se ha conseguido. Yo, no obstante, soy partidario de reconocer los acuerdos alcanzados y apuesto porque, una vez sea aprobada, seamos todavía más exigentes y sigamos trabajando por dar respuesta a uno de los problemas más graves de nuestra sociedad. De momento, cojamos palomitas y preparémonos para los próximos episodios, porque lo que está claro es que habrá nueva temporada.