Si todo el mundo quiere tren de alta velocidad e internet de alta velocidad, el presidente de la Diputación de Ourense Manuel Baltar ha debido de pensar que lo que toca en el siglo XXI es el caciquismo de alta velocidad, tan alta como 215 kilómetros por hora, récord de velocidad en un político español y probablemente mundial registrado el otro día por un radar de la Guardia Civil. Luego se supo que ya había hecho otros intentos de plusmarca, dando lugar a multas anteriores.

En un comunicado firmado y difundido para tratar de justificarse Baltar dice que "en un momento de despiste acontecido en una larga recta de la A-52, sin referencias de ningún tipo, me situé por encima de los límites de velocidad permitidos. Lamento, reitero, este error", que un poco antes califica de "aislado".  Definir el asunto como error aislado es una tomadura de pelo. No se pueden alcanzar los 215 kms/hora por "despiste" como alega. Un despiste puede llevar a superar el límite de velocidad, cosa que todo el mundo ha hecho alguna vez, pero no a una velocidad que la inmensa mayoría de la población –excluidos los pilotos de carreras- no ha alcanzado nunca al volante. Así que el error queda descartado, y tampoco ha sido aislado porque se ha sabido que el vehículo oficial sancionado, que usa en exclusiva Baltar, había dado lugar a nueve multas antes de esta, de las cuales en dos adicionales se produjo la parada e identificación de Baltar, mientras que en otras no se identificó al conductor a pesar de ser requerida para ello la Diputación, curioso caso de incumplimiento de una obligación pública por parte de una administración.

Tan descartado queda el error que conducir a 215 kms/hora es un delito contra la seguridad vial del artículo 379 del Código Penal, que castiga con penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de retirada del carnet, a quien circule a más de 80 kms/hora por encima del límite permitido en vías interurbanas. Por supuesto Baltar puede decir que no ha sido condenado aún, y cuando (previsiblemente) lo sea puede recurrir y decir que la sentencia no es firme, y cuando la sentencia sea firme (cosa que puede tardar) puede alegar una conspiración judicial. Pero una cosa es la responsabilidad política, que se basa en quebrantar la ética pública, y otra la penal, que se basa en quebrantar el código penal (que solo recoge las conductas más graves para una sociedad) y desvirtuar la presunción de inocencia (algo nada fácil) en un proceso penal que puede dilatarse muchos años. Un cargo público que condujese un coche oficial a 200 por hora (15 menos que Baltar) no sería responsable penalmente, pero sí debería serlo políticamente porque a esa velocidad se pone en riesgo evidente no solo la vida propia sino la de terceros, vulnerando gravemente la ética pública.

Estamos ante un nuevo capítulo de la estafa democrática que lleva perpetrándose en Ourense por parte de la dinastía baltarista durante los últimos 33 años, período durante el cual ha habido siempre un Baltar al frente de la Diputación. Baltar padre fue condenado en 2014 por enchufar a 104 personas en la Diputación solo en el primer trimestre de 2010. Según el auto de procesamiento, Baltar "se limitó a contratar a aquellas personas que le vinieron en gana, atentando contra la función pública" y "la mayor parte de las personas beneficiarias" de los enchufes eran "afines, de uno u otro modo, al PP". Y según la sentencia "a la vista de la documentación y de las declaraciones realizadas por los testigos parece que la diputación era una empresa privada".

Esa condena a 9 años de inhabilitación por prevaricación es una muestra de las dificultades de la lucha contra la corrupción en nuestro país, que se queda casi siempre en la punta del iceberg y suele llegar tarde, porque no tuvo ningún efecto real para un Baltar padre ya jubilado. Precisamente estos 104 enchufes, que se unen a muchísimos más realizados en los 20 años anteriores (en total 400 cargos o familiares de cargos del PP según una información publicada en 2011) y que nunca fueron juzgados, sirvieron para comprar las voluntades que permitieron que Baltar hijo fuera elegido presidente del PP provincial y un par de años después Presidente-heredero de la Diputación, el primer caso conocido de traspaso hereditario de una diputación.

Baltar hijo ha mantenido intacto el sistema familiar, que en una metáfora biológica puede identificarse con el parasitismo de una provincia, dando trabajos, contratos públicos y subvenciones solo a los afines. De hecho, en esto se bate también un récord paralelo al de velocidad porque un informe del Consello de Contas de Galicia de 2021 señala que la Diputación de Ourense otorga a dedo nada menos que el 84% de las subvenciones, adjudica mediante contratos menores (nuevamente a dedo) el 80% del volumen de contratación y de este el 70% corresponde a 5 empresas, siempre las mismas. Son indicios claros de corrupción masiva en una institución pública, entre otras cosas porque la legislación especifica que las subvenciones nominativas y los contratos menores deben ser la excepción y no la regla.

El penúltimo capítulo de esta serie se produjo el año pasado, cuando se supo que la Xunta construiría con 366.000 € de fondos públicos una senda peatonal que va desde la casa de Baltar hijo a la casa de Baltar padre en Esgos, con la excusa de la mejora de una carretera, desmontada por el hecho de que esa zona prácticamente solo la habitan los Baltar y sus familiares.

Por tanto el baltarismo, además de ejemplificar el naufragio del estado de derecho, la corrupción sistemática y el fallo de los sistemas de control, demuestra con este nuevo episodio un nivel de desprecio por la legalidad y por la ética que hace que su protagonista no pueda seguir en el cargo, incluso en el supuesto de que volviese a conseguir el apoyo para repetir como presidente en las próximas elecciones municipales, en las que hay que recordar que no se elige a los presidentes de diputación, que salen de una elección indirecta posterior en la que deciden los partidos y no la ciudadanía.

En conclusión, es obvio y evidente que Baltar debe dimitir y ya lo habría hecho en las democracias más serias, pero es muy probable que no lo haga si no le fuerzan Feijóo y el presidente de la Xunta de Galicia, que echan balones fuera. ¿Seguirán haciéndolo y siendo cínicos cómplices de los desmanes baltaristas por puro interés político?