El Tribunal Constitucional consagra el derecho al aborto avalando así una norma aprobada en 2010 que situaba a España como un país a la vanguardia en el ámbito legislativo en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos. El movimiento feminista tenía razón, el Gobierno socialista que impulsó la ley, también.

Nos dice Nuria Varela que el feminismo es una historia de éxito y, estando de acuerdo con ella, considero que la historia del derecho al aborto así lo constata. La primera batalla ganada fue la social. El feminismo se cargó de razones para hacer posible que la sociedad española entendiese que nuestro país solo avanzaría con el reconocimiento de la igualdad plena entre mujeres y hombres, y para ello era fundamental el derecho al aborto de las mujeres. La segunda batalla ganada fue la legal, los partidos de izquierdas asumieron en su agenda política el derecho al aborto y fue un gobierno del PSOE quien impulsó su despenalización en el año 1985 y quien aprobó una Ley de aborto libre en el año 2010. Y la tercera batalla ganada la hemos conquistado en los tribunales, enfrentando una resistencia feroz y con trece años de retraso, pero la hemos ganado, el TC reconoce la constitucionalidad de la Ley del aborto.

Que la historia del feminismo sea una historia de éxito mejora la vida de toda la humanidad. Cualquier sociedad que quiera construirse sobre pilares de decencia democrática debe aspirar a la igualdad y a erradicar la violencia contra las mujeres. El derecho al aborto otorga a las mujeres una situación de poder democrático que implica que puedan participar de la convivencia política, social, laboral o económica desde situaciones más igualitarias.

El poder y la libertad mantienen sinergias necesarias. Es una evidencia sociológica que las relaciones de poder vertebran las sociedades que habitamos. La socialización machista perpetúa generación tras generación determinadas relaciones de poder que sostienen un modelo androcéntrico impuesto sobre toda la sociedad a costa de la subordinación de las mujeres. ¿Cómo es posible que este modelo subsista con el paso del tiempo? Fundamentalmente porque se sirve de dos elementos de represión sobre las mujeres: la dominación y el control. La dominación se arraiga sobre el miedo, la insumisión conlleva niveles de violencia terribles. ¿Y qué ocurre con el control? El control se reglamenta, no de manera sutil, sino transparente y visible, con normas asumidas y naturalizadas para que las mujeres no puedan disputar el poder.

Durante siglos el control institucional de la maternidad ha sido una estrategia efectiva para subyugar a las mujeres. El control de nuestra maternidad ha estado tradicionalmente en la agenda política, cultural y religiosa. Siempre como un mandato construido por varones, siempre asociado a la imposición de que la maternidad era incompatible con el poder. Se nos instruía y aleccionaba para ser madres a la misma vez que serlo nos alejara del espacio público. El movimiento feminista hizo lo más revolucionario, construir el discurso necesario para cambiar el poder de manos: de las doctrinas de los señores, a señoras que decidieran libremente sobre su maternidad. La libertad para decidir si ser madre, cuándo serlo o cuándo interrumpir un embarazo es un poder determinante en la vida de las mujeres y en el diseño de una nueva maya de relaciones de poder. Por eso el movimiento feminista en todos los países ha reivindicado de manera tan beligerante el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por eso el derecho al aborto es tan simbólico y trascendental para cambiarlo todo.

El aborto se ha practicado siempre. Para algunas mujeres suponía jugarse la vida, para otras cuyos entornos tenían dinero suponía un secreto de familia. Por lo tanto, el aborto es una cuestión de poder que también tiene una fundamentación clasista. Pero ni siquiera en los casos más acomodados decidían ellas, sino que lo hacían sus familiares puesto que eran quienes pagaban, raramente las mujeres han tenido suficiencia económica para pagar su propia libertad.

El aborto es un derecho, no una imposición. La prestación sanitaria pública de la interrupción voluntaria del embarazo no obliga a abortar a nadie, sino que otorga esa decisión única y exclusivamente a las mujeres. La decisión sobre ser madres o no serlo solo puede emanar de las propias mujeres.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional reconoce lo que ya sabíamos, que teníamos razón. Es por ello que hoy es un día de celebración, hoy es un día en el que hacemos de nuestro país un país mejor.