En 2015 los cambios que llevaban años cociéndose en la sociedad tuvieron sus primeras consecuencias institucionales. Ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia cambiaron de signo y regiones como la Comunitat Valenciana abrieron nuevas etapas políticas, preparando el camino a la cultura de la coalición que años después se aplicaría al gobierno central. El motor mediterráneo sigue hoy activo y, al igual que hace ocho años, hoy podría ser juez y verdugo del nuevo ciclo político.
Dentro del motor mediterráneo la Comunitat Valenciana y su capital destacan como seña de identidad del cambio. El dominó progresista en 2015 comenzó precisamente en una región y cuidad gobernadas durante dos décadas por el Partido Popular. En el territorio valenciano se alinearon algunos de los temas que con más intensidad brillaron: la corrupción, el desgaste del bipartidismo y las nuevas identidades políticas abriéndose paso.
El cambio sísmico en la Comunitat tuvo como variables la caída del PP, el crecimiento de Compromís y las irrupciones de Podemos y Ciudadanos. Con el PSPV como constante beneficiada de la ecuación. Años después, precisamente las mismas variables, con signo contrario, siguen determinando la competición, pues será el crecimiento del PP, el aguante de Compromís y la caída de Unides Podem y Ciudadanos las que encuadren los resultados, con el PSPV también como constante a la espera de resolver la misma ecuación.
Las elecciones en este territorio pertenecen a la liga de los lanzamientos de moneda, aquellas donde ninguna encuesta o análisis puede sostener, con un alto porcentaje de confianza, lo que ocurrirá. Sin embargo, sí podemos comprender la situación de cada actor político para vislumbrar con más calidad los posibles escenarios que se abren.
El Partido Popular, liderado por Carlos Mazón, ha preparado una campaña para que las elecciones se transformen en un plebiscito nacional. Saben que no juegan con ventaja hablando de un gobierno autonómico que ha conseguido afianzarse dos legislaturas, genera simpatías y cuyo recuerdo todavía despierta las alarmas de la corrupción de los populares. Ximo Puig provoca menos rechazo que Pedro Sánchez, incluso entre el electorado socialista, y el Partido Popular quiere jugar en pista nacional para animar a propios y desmotivar a ajenos.
Mazón, además, tiene ante sí el reto de gestionar una absorción de Ciudadanos incompleta. La negativa del PP valenciano para bajar el umbral del sistema electoral al 3% puede ser un bumerán peligroso, ya que los populares dejarán en mínimos a Ciudadanos, pero con un porcentaje lo suficientemente alto como para peligrar escaños decisivos a la coalición de derechas.
Como en la Comunitad de Madrid, la pelea por el suelo será decisiva. También en el caso de Unides Podem, que concatenará tres elecciones consecutivas a la baja: 11% en 2015, 8% en 2019 y 6% que le dan las encuestas en 2023. Su entrada es también una moneda al aire. Unides Podem puede estar a 40.000 votos de salir de las Cortes o de asegurar un Botànic III. La sincronización de estos dos elementos, un Ciudadanos absorbido por el PP, pero con una fuerza que reste escaños, y un Unides Podem que se salve del sistema electoral, balanceará las posibilidades de ambos bloques para gobernar.
El bloque de la derecha tiene posibilidades gracias a un PP y Vox en sus horas más altas, mientras el bloque de la izquierda pasa por esa constante socialista (el PSPV lleva desde 2011 moviéndose en una horquilla entre el 28% y el 21%) y por la incógnita de Compromís, cuyo candidato, Baldoví, deberá aguantar lo que Oltra consiguió en 2015 y 2019, y lo que su salida del partido ha podido dañar en 2022. La coalición valencianista sigue en una buena salud electoral gracias a un fuerte compromiso de los suyos con el Botànic, a un candidato conocido y atractivo, y a una capacidad de penetración en el PSPV y Unides Podem relativamente alta (según 40dB, el 5,5% y el 14% respectivamente).
El buen aguante, pero incapaz ensanchamiento, del PSPV y el acercamiento de Unides Podem al precipicio colocan a Compromís en la compleja situación de asegurar los apoyos imprescindibles para revalidar el tripartito progresista. También en sus manos está buena parte del resultado. Como en Madrid ciudad, la derecha no depende tanto de su potencial como de la ineficaz coordinación votos-escaños de la izquierda para hacerse con Comunitat y alcaldía.
En esta última, la alcaldía de Valencia, las coordenadas son muy similares. El Partido Popular también quedará primero gracias al trasvase, casi completo, de Ciudadanos, pero sus posibilidades de sumar con Vox quedarán supeditadas al aguante de Compromís y PSOE, en una pugna más competitiva que en 2019, y a la escasa fuerza de Unides Podem, cuya poco probable entrada en el ayuntamiento puede provocar el baile de escaños decisivos. Puede darse la paradoja de que mientras en la Comunitat la entrada de Unides Podem asegure el Botànic, en Valencia su mayor proximidad al 5% pueda restar posibilidades a Ribó.
Es una estrategia pendular que cobra sentido cuando se observa el movimiento que hará la vicepresidenta Yolanda Díaz en la Comunitat Valenciana apoyando a UP en las autonómicas y a Ribó en las municipales. Un apoyo en dos niveles que buscan reforzar las piedras angulares de cada gobierno (la entrada de Illueca y el dominio de Ribó) no solo para movilizar voto progresista, sino sobre todo para aumentar la eficiencia del mismo.
La Comunitat Valenciana es un oasis entre tanto desierto polarizado. La interiorización (y resiliencia) de la coalición tripartita es una realidad y ha llegado muy lejos. No se entendería si no que ocho años después siga en condiciones de revalidar con fuerzas similares. Si sale cruz en la moneda el Partido Popular tendrá el marco gratis de cambio de época y tanto Sánchez como Díaz tendrán que subir una pendiente más empinada hasta final de año. En 2015 Valencia abrió el nuevo ciclo y en 2023 tiene la capacidad de reanimarlo o, por el contrario, de notificar su defunción.
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