El actual boom de las energías renovables se está convirtiendo en un ejercicio de desorden en vez de ser la solución de transformación democrática que tanto necesitamos. Según la propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la actual desregulación acarrea una "falta de claridad normativa y de planificación territorial, la duplicidad de trámites o la escasez de recursos de las organizaciones locales" y participa de una dinámica general altamente especulativa. Se está viendo ya que la masiva implantación de solar sin saber a donde puede ir esta energía está generando otra burbuja como la que ya se vio hace unos años, porque ahora pequeños y medianos proyectos (incluso grandes) empiezan a ver comprometidos sus modelos de financiación por la caída de los precios y temen el 'overbooking' de autorizaciones.

Las soluciones democráticas de consenso ciudadano

El frenesí especulativo pone en peligro a nuestra democracia ya que impide que la gente pueda tener por primera vez el control sobre la energía, emancipándose de la ley del mercado y desarrollando nuevas formas de generar, distribuir, usar la energía, con ahorro masivo de consumo y reduciendo las desigualdades sociales. Algunos pocos expertos han legitimado públicamente la desregulación que beneficia a estos grandes grupos, con el mantra de "renovables en cualquier sitio y de cualquier forma", diseñando incluso desde la propia administración políticas renovables en contra de la gente y en muchas ocasiones en contra de la conservación de los ecosistemas que están siendo fuertemente contestadas por los habitantes de los territorios y por grupos conservacionistas que reclaman "energía por y para el pueblo". En este contexto, surge un discurso electoralista muy permisivo con las renovables especulativas que promueve un muy mal llamado "nuevo contrato social y territorial", que nos propone elegir entre dos males el menor, justificando que o gana el oligopolio de los combustibles fósiles -y morimos por el colapso climático-, o gana el oligopolio de las renovables y... salvamos la vida.

Esta proliferación de simplificaciones y de polémicas sirve principalmente para hablar de renovables sin construir políticamente ningún límite consistente a la destructiva especulación actual, y sin dar a la participación ciudadana la fuerza decisiva que merece en la transición energética. La Asamblea ciudadana por el Clima reunida a nivel estatal en 2022 ha demostrado con creces que un consenso social muy amplio existe en estos temas. Y la reciente Asamblea por el Clima de Baleares llegó a generar un apoyo para las medidas relativas al bloque de energía y un 100% de consenso en torno a las comunidades públicas, con la creación de cooperativas de producción y distribución de energía renovable.

Por lo tanto, la democracia energética no es ningún horizonte utópico y responde a la reivindicación esencial y cada vez más masiva de los votantes: ¿Cómo nos puede beneficiar a todos realmente la transición energética?

Renovables, aquí sí: proteger para acelerar

El acceso directo de la ciudadanía a la producción de energía con tejados solares para autoabastecimiento ha sido muy complicado en los últimos años y en 2022 se produjo por primera vez un desarrollo más masivo en España, pero son sólo unas 200 mil instalaciones frente a los dos millones de Alemania o los 800 mil del Reino Unido o los 600 mil de Italia. Las comunidades energéticas se cuentan en nuestro país en tan sólo algún centenar y no hay siquiera un censo exacto de las mismas. Ahora mismo, un futuro energético democratizado está ya en marcha en el resto de Europa y las comunidades energéticas van a cobrar un protagonismo esencial que España también debe construir, con mucho más voluntarismo que el cupo del 5% que se les atribuye en el último decreto de regulación.

El actual desarrollo descontrolado de las renovables se realiza sin zonificación a escala regional y sin delimitar los espacios que impacten menos la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades locales. Por eso, cientos de colectivos de ciudadanos en toda España están luchando y reivindicado un proceso transparente y eficaz de consulta y de participación directa de los habitantes de esos territorios y esos paisajes, y solicitan con más fuerza el apoyo unificado de los grandes grupos ecologistas contra los macroproyectos de renovables.

No se puede permitir, por ejemplo, la agresión a los paisajes del Maestrazgo de Teruel, con molinos instalados incluso en zonas de protección de la red Natura 2000, o los valles pasiegos, la cordillera cantábrica, o las líneas de montes de Galicia de Sabucedo que el cineasta Rodrigo Sorogoyen defendió ante toda España, durante la última ceremonia de los Goya, con el lema "eólica sí, pero no así".

Planificar y zonificar

La planificación y la zonificación no sirven para sólo prohibir: son la única herramienta que permite a las instituciones públicas agilizar el despliegue para controlar los gravísimos desequilibrios territoriales que se están creando a marcha forzada con las lógicas especulativas. El caso de Madrid o el País Vasco es el más evidente ya que tan sólo producen un 5% de la energía renovable para el total de su consumo.

Existen suficientes espacios para implantar estas zonas industriales limitando los mayores impactos ambientales, al situarlas en zonas ya afectadas por las actividades humanas. Hay cientos de miles de hectáreas donde es posible instalar fotovoltaica con bajo (no nulo) impacto, desde zonas mineras, vertederos, escombreras, invernaderos ya consolidados, zonas alrededor de infraestructuras como autopistas, autovías, vías de tren. "Renovables aquí sí" es de hecho el título del informe publicado por el colectivo Aliente y el Observatorio de Sostenibilidad que defienden una zonificación a escala nacional.

Por una transición energética, económica y social

La democracia energética implica que la gente y las PYMES sean las principales beneficiadas de las energías renovables. Las modalidades de autoconsumo son hoy por hoy tan difíciles en España que el progreso real consiste en construir un sistema de acceso universal, con tarifas asequibles para todos los usuarios y capaz de crear puestos de trabajos seguros y a largo plazo.

Entonces vienen también las preguntas más molestas sobre las actuales carencias de la voluntad política: ¿Por qué no se permite el balance neto? ¿O por qué no se subvencionan el 100% de estas instalaciones? ¿Por qué no se permite que simplemente la gente instale sus placas sin más hasta un determinado límite de potencia como en Portugal? ¿Por qué la administración no da el ejemplo equipando polideportivos, estaciones de tren, aeropuertos, terrenos de defensa? ¿Por qué las primeras iniciativas de reducción masiva del consumo con medidas de eficiencia energética no las concretan las instituciones públicas, transformando sus edificios e instalaciones? Predicando a gran escala con el ejemplo público, se demostraría que la transición energética y todo lo que reduce el consumo genera nuevas formas de bienestar y fabrica una transición social real.

Para que la implantación tanto de eólicas como fotovoltaicas ocurra a la velocidad que necesitamos, es imprescindible que millones de personas puedan a la vez reducir el consumo y generar energías renovables, tanto de forma individual como colectiva. También es imprescindible que las controlen, al poder participar en la organización del despliegue de las grandes instalaciones. Un sistema energético 100% renovable tendrá que ser 100% democrático, eficiente, inteligente y participado por la gente.

¿Hay un partido político 100% comprometido con ello?