La gestión de los incendios forestales en España sigue siendo un desastre, como se ha visto en 2022, con más de 300.000 hectáreas –el peor registro desde principio de siglo-y este comienzo de 2023, con más de 80.000 hectáreas quemadas en agosto. Mientras, se ha quemado Tenerife con un incendio de unas 14.000 hectáreas "como no se había presentado otro en los últimos 40 años" que ha afectado en tan solo una semana a más del 10% de la superficie forestal de la isla.

El fuego es una parte fundamental en los ecosistemas, pero no con esta frecuencia, intensidad y extensión. El desconcierto y los intentos de eludir responsabilidades de los políticos y comunicadores es patente. Ya se ha echado la culpa a los "terroristas del fuego", a la Agenda 2030, a las superficies protegidas, a los habitantes de las ciudades o  incluso a los ecologistas (¡).

España se ha caracterizado en los últimos años por tener grandes expertos en extinción, incluso de nivel internacional, pero muy pocos expertos en prevención y detección, lo que determina que seamos de los primeros países de todo el mundo y sobre todo de Europa en superficies quemadas, pérdidas económicas, incluso pérdidas personales, sin que nadie haya asumido nunca responsabilidades y sobre todo sin que se haya solucionado el tema. La ineptitud, ineficiencia e ineficacia durante décadas es manifiesta.

Las administraciones públicas parecen carecer de expertos competentes en planificación forestal, lo cual determina que se haga una gestión forestal desordenada, sin base científica y, en muchas ocasiones, donde no se necesita. Y en otras se ignoran enclaves críticos de gran riesgo. En efecto, se meten procesadoras, por ejemplo en zonas de bosques maduros de gran valor para la biodiversidad, como en el Alto Tajo en Teruel o en los cantaderos de los urogallos cantábricos que son adehesados... Mientras, en millones de hectáreas de plantaciones forestales donde esta gestión es indispensable, no se hace.

El incendio en Tenerife avanza sin control: hay ocho localidades afectadas y más de 3.273 hectáreas calcinadas

Por otra parte, hay miles de hectáreas que se deben de pastorear donde no hay una cabeza de ganado. Tampoco se dotan de mayor control y vigilancia a los espacios de la Red Natura 2000, incluso parques naturales y nacionales y paisajes valiosos, hoy  ignorados. Estos ecosistemas que la sociedad ha decidido que se deben conservar por sus valores ecológicos carecen de control y vigilancia. Aunque deberían estar más protegidos que el resto de la superficie forestal, carecen de control y vigilancia. No solo no hemos mejorado, sino que en 2023 siguen ardiendo parques nacionales.

La falta de detección de medios operativos durante todo el año en importantes zonas de España es alarmante. En abril, ya ardieron 46.000 hectáreas. Hemos de recordar que el año pasado -no hace 15 años- pasó algo parecido, el primer incendio de la Sierra de la Culebra del 15 de junio de 2022 fue de 30.000 hectáreas cuando no estaban todavía operativos los medios.

Tampoco hay una coordinación funcional entre Comunidades Autónomas previa a la época critica. Los cultivos forestales (como eucaliptos y pino pinaster en el norte) siguen aumentando en contra de lo que hace Portugal, diseñando paisajes con un riesgo brutal, aunque finalmente Feijoo estableció moratoria en Galicia (pero no así en Asturias o Cantabria).

El incendio más grande jamás registrado en Europa sigue sin control en Grecia

Amplias zonas de matorral están sin ningún tipo de control, ni de pastoreo. Además de la inestabilidad laboral de los que luchan contra el fuego en primera línea: ¡en Aragón en un reciente incendio interrumpieron la huelga los bomberos forestales por las malas condiciones laborales para ir a luchar directamente contra el fuego!; en Cataluña hay ahora una huelga de 1.300 efectivos y en Galicia unos 500 bomberos que protegen las casas del fuego. Ello unido a las diferentes y contradictorias políticas de los responsables de las políticas forestales en cada comunidad autónoma, controlados básicamente  por forestales más preocupados por la producción de madera o de biomasa que por una gestión sostenible del paisaje forestal y que, año tras año, se ven desbordados por 'las circunstancias'.

Las estadísticas de los últimos 60 años ya permiten extraer algunas lecciones, que deberían estar aprendidas. Por una parte, ya han ardido 8,6 millones de hectáreas, lo que revela el gran fracaso de la política forestal de este país. Por ora parte, los incendios se producen en épocas diferentes del año, en algunas de las cuales no se dispone de medios. Además, los matorrales y superficies desarboladas están en expansión, aumentan respecto al total de superficies quemadas frente a los pastos, que disminuyen de forma alarmante. Respecto a las superficies arboladas, se comprueba, tanto con datos oficiales durante estos 60 años como de Copernicus de los últimos 25 años, que ciertas especies arboladas -especialmente las introducidas (los eucaliptos, el pino de Monterrey...)- han ardido en mucha mayor proporción que los bosques nativos, también el pino canario, el halepensis o el pinaster en sus repoblaciones.

También podemos observar que la meteorología no guarda relación directa con las superficies afectadas por el fuego. Este 2023, por ejemplo, ha habido menores superficies afectadas a pesar de haber riesgos muy elevados como en 2022. Pero sobre todo se comprueba que la falta de planificación y de asunción de responsabilidades de políticos y funcionarios, cuya misión es justamente prevenir los incendios, ya en alarmante incremento.

Pero estamos ante una catástrofe insoportable que se reitera y se multiplica. No se trata de debatir de ideas, sino de evitar su repetición y de pedir cuentas a los responsables. Este año que viene y la próxima década nos volvemos a jugar mucho, la situación es ya intolerable. Veamos por ejemplo el incendio de Grecia de 78.000 hectáreas, o la situación en Canadá, o la de California... La sequía, al igual que las temperaturas, los próximos meses y años exigen un cambio radical de política y sustituir a los actuales responsables por otros más preparados y eficaces en un escenario de cambio climático. En el 2023 se ha vuelto a culpabilizar al calentamiento global, que efectivamente ya está aquí, o a todos los que no son del sector de la extinción, pero el cambio climático no lo vamos a poder modificar. Debe reconocerse la gran diversidad de situaciones, de ecosistemas y de casuísticas.

Algunas acciones a aplicar inmediatamente tienen que ver con asociarse con ganaderos para gestionar amplias zonas de matorral, implica volver a crear mosaicos y paisajes agroforestales, con discontinuidades en las superficies forestales, implica medios en detección las 24 horas del día los 365 días del año, supone realizar desbroces, crear bosque a partir de monte desarbolado, implica estabilidad y profesionalización en medios de prevención y extinción, en generación de empleo rural, decretar moratorias de repoblaciones de especies de crecimiento rápido y reducción de superficies. A medio y largo plazo implica construir paisajes que ardan menos, limitar extensión de pinos y eucaliptos, crear dehesas, crear bosques a partir de monte bajo, implica generar vínculos de los paisanos con el medio rural, exige una coherencia en las políticas de las diferentes comunidades, políticas de desarrollo rural y fijación de población...

La solución pasa primero por reconocer la urgencia y gravedad de la situación, exigir responsabilidades e implantar programas de prevención masivos y eficaces, para lo cual se necesitan medios y un equipo multidisciplinario eficaz que emplee criterios científicos y sustituya a los corporativismos tecnocráticos que nos han llevado a la presente situación.

Nuestros montes están hoy en buena medida monopolizados por equipos en los que impera un descarnado corporativismo burocrático, obsesionados con la producción maderera o de celulosa. Han sido incapaces de prevenir los incendios y sus actuaciones reflejan un preocupante desconocimiento de la ecología. Es necesario y urgente que sean reemplazados por equipos multidisciplinarios que integren ecólogos, sociólogos, geógrafos, antropólogos, juristas, economistas, ganaderos y ecologistas al menos, pues algo tan complejo como un bosque no puede ser el coto de técnicos madereros.

La gestión debe basarse en criterios científicos modernos que remplacen las arcaicas rutinas que han contribuido a la pérdida de una inmensa superficie de nuestro patrimonio natural. En definitiva, planificación forestal inteligente con profundo conocimiento del medio natural y humano con una visión integrada de los ecosistemas, sus servicios y funciones, pero teniendo en cuenta la gran diversidad de situaciones existentes, basada en la ciencia y en los habitantes del territorio.

Lo que se hace en un valle puede ser negativo en el de al lado, es necesaria una política de Estado que sea capaz de valorar esta diversidad para unos bosques sostenibles en un escenario de cambio climático. Unos bosques bien conservados son claves para el ciclo del agua, el almacenamiento de carbono, la fijación de suelo, el mantenimiento de la biodiversidad y sobre todo imprescindibles para que podamos tener un futuro viable en este país que está en las zonas de mayor riesgo por el cambio climático del planeta y donde ya ha aumentado un 1,65ºC su temperatura respecto a la época preindustrial, según la Aemet. En definitiva, un tema sin controlar, consecuencia de enormes errores mantenidos en las últimas décadas, que debe de ser retomado de una forma categórica, basado en criterios científicos y sin complejos por el nuevo gobierno, porque es clave para el próximo futuro del país y más en un entorno de cambio climático.