La dirección de Podemos ha decidido salirse del grupo parlamentario de Sumar e incorporarse al grupo mixto. Se abandona el acuerdo constitutivo de la coalición Sumar firmado por dieciséis grupos políticos. Es una decisión unilateral, no pactada con el resto del grupo parlamentario, aunque sí comunicada antes de hacerla pública, de carácter colectivo y motivación política. O sea, cinco diputados y diputadas ejecutan una opción decidida por su partido político, Podemos, al que pertenecen y que los propuso como sus representantes en las listas electorales de la coalición.  

Lo justifican al amparo de la reciente decisión masiva de su militancia -más del 86% de cerca de 31.000 votantes- de garantizar su capacidad de acción política, con su autonomía frente a Sumar, y a la vista de su marginación e imposibilidad operativa en ese grupo parlamentario. Más allá de su controvertida calificación jurídica respecto del pacto contra el transfuguismo, conviene poner el foco en su trascendencia política. Veamos el significado de este hecho, su justificación y su contexto.  

En un tema tan sensible y complejo se exige el máximo rigor analítico y una profunda actitud democrática, unitaria y respetuosa con el pluralismo. Se trata de poner las luces largas que permitan iluminar el presente y un recorrido suficiente del devenir de la izquierda transformadora desde la perspectiva de un objetivo compartido: garantizar una gobernabilidad de progreso que impida la involución de las derechas y garantice el avance social y democrático para la mayoría social.  

El acuerdo político alcanzado para presentarse conjuntamente a las elecciones generales del 23 de julio era positivo y consiguió unos resultados político-electorales mínimos en dos planos. Uno, obtener una representación parlamentaria suficiente de la izquierda alternativa para contribuir al gran reto de alcanzar una mayoría parlamentaria del bloque democrático y plurinacional. Otro, más específico, condicionar la primacía del Partido Socialista en la gobernabilidad y promover un proyecto reformador y democratizador de país más ambicioso.  

Ese acuerdo, a pesar de ser considerado injusto por Podemos por no reflejar adecuadamente su representatividad y dado lo que estaba en juego y las constricciones de la ley electoral, ha sido un ejercicio de responsabilidad de todas las partes tras un objetivo superior. Ha asegurado esa remontada progresista y ha vencido a las derechas y su proyecto regresivo y autoritario. Ha cumplido su primer gran cometido, pero ha demostrado su fragilidad para mantener su sostenibilidad y avanzar en su consolidación.  

El hecho evidente es la incapacidad de una actuación compartida, plural y proporcional, con una articulación democrática y unitaria de todo el conglomerado del grupo parlamentario plurinacional de Sumar. La crítica de Podemos a su marginación de las responsabilidades y posibilidades de iniciativa parlamentaria y gubernamental es convincente, y es admitida de forma transversal en la mayoría de la opinión publicada. En ese sentido, Podemos considera incumplido el acuerdo por un trato no equitativo, y lo deja sin efectos. 

Se enmarca en la existencia de ciertas discrepancias políticas sintetizadas, esquemáticamente, entre una corriente de izquierda más amable y posibilista que apuesta, sobre todo, por el diálogo social y la cooperación con el Partido Socialista y una tendencia más exigente, crítica -ruidosa- y transformadora, más diferenciada de la socialdemocracia. 

No entro en el detalle. Es bien sabido que las derechas y el poder establecido -institucional, mediático, económico...-, han ejecutado una estrategia de contención, con muchas medidas antidemocráticas, de la dinámica transformadora que han venido propugnando las fuerzas del cambio de progreso y, en particular, Podemos. Así mismo, el Partido Socialista ha realizado, con el sanchismo, un proceso de cierta renovación y reorientación política más de izquierdas y abierta a las alianzas con su izquierda (y los nacionalistas) que le ha permitido, junto con sus amplios recursos institucionales, recuperar parte de su electorado perdido, achicar el espacio socio electoral de la izquierda alternativa, frenar sus demandas de cambio sustantivo y debilitar su representación institucional. 

En ese marco de descalificación de Podemos añado un elemento crucial, extendido también entre las izquierdas, que ha contribuido a su aislamiento político y su deslegitimación social: la visión excluyente de que Podemos resta y no suma. No entro a valorar sus deficiencias y errores. Tengo escrito mucho sobre su trayectoria en el contexto de esta última década. Lo que me interesa destacar aquí es que esa valoración de Podemos como un obstáculo para el ensanchamiento electoral progresista y el refuerzo transformador y no como un activo positivo y necesario, aun con sus límites e insuficiencias, lleva a impedir el diálogo y la colaboración en el espacio del cambio y a justificar una actitud prepotente y sectaria de marginación. Conlleva una actitud antipluralista. Con esa idea, la solución sería su liquidación o, al menos, colocarlo en una posición subalterna e inoperativa. La reacción sectaria contraria hacia Sumar es la acusación de traición y entreguismo al poder establecido, con llamada a la venganza. Bloqueo total. 

Desde esa lógica negativa del papel de Podemos y el no reconocimiento de su representatividad, no tiene sentido la colaboración o los procedimientos democráticos para dilucidar las propuestas políticas y responsabilidades institucionales; prima la imposición de la opción de excluir lo que resta e infravalorar lo que puede sumar. Y ello choca, evidentemente, con su subjetividad de pretender ser el motor transformador de la coalición, o de hablar de unidad y frente amplio, siempre de forma instrumental para cada cual, y solamente en el supuesto del particular predominio dirigente de la confluencia. 

En un sistema democrático-pluralista se pueden admitir las creencias de cada actor sobre la corrección y la conveniencia de su propuesta política y su legitimidad para aspirar a una posición institucional más relevante sobre su orientación y liderazgo. Pero requiere dos complementos básicos: negociación y lealtad a unos objetivos compartidos, y procedimiento democráticos y respetuosos del pluralismo, a mediar y converger. Y ello sin recurrir a las ventajas externas adicionales para adquirir mejores condiciones o posiciones de partida que privilegien los propios intereses personales o de grupo, que corroen el propio espíritu democrático.  

Se trata de ser realista sobre la persistencia del pluralismo político, la diversidad ideológica y el conflicto de intereses y, al mismo tiempo, arbitrar la voluntad unitaria y los mecanismos deliberativos y decisorios adecuados. Complejidad que exige calidad ética y compromiso cívico, que no siempre se valoran en la selección de las responsabilidades orgánicas e institucionales.  

A mi modo de ver, esas discrepancias políticas, con diversas implicaciones estratégicas y teóricas, podrían convivir en un amplio frente plural a condición de mantener un sistema de evaluación realista sobre su efectividad para el bienestar social o el interés común compartido y consensuar los procesos orgánicos para su deliberación, decisión y gestión. Lo que es incompatible es la visión sectaria y excluyente del otro grupo político, normalmente con fanatismos justificativos, que ni siquiera permite el diálogo, la regulación del disenso y la colaboración constructiva. Lo que falla es la calidad democrática y ética en la articulación organizativa, vinculada con la voluntad transformadora. En definitiva, es imprescindible una cultura política democrática por su capacidad participativa, su respeto de la pluralidad y su capacidad integradora y de liderazgo compartido, aspectos no muy boyantes en la izquierda política. 

Qué tipo de cambios se producen

Como han expresado, Podemos mantiene su compromiso, ratificado ampliamente por su militancia (el 86% de más de 55.000 personas inscritas participantes), de apoyar al socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, participar en la mayoría parlamentaria, democrática y plurinacional, que respalde la suficiente estabilidad gubernamental en esta legislatura y neutralizar la ofensiva reaccionaria de las derechas extremas. Aunque no ha participado directamente en los grandes pactos gubernamentales del Partido Socialista con los independentistas catalanes, sobre la normativa para encauzar el conflicto catalán -la ley de amnistía- o con la dirigencia de Sumar sobre el programa de reformas sociolaborales, su posición es clara: la exigencia de mayor coherencia y ambición transformadora, no reducir su impacto reformador, frente a lo que propugnan las derechas y el empresariado.  

En lo primero, para reforzar el carácter plurinacional y democrático del Estado, las alianzas con las izquierdas nacionalistas frente al peso de las derechas y el reforzamiento de la convivencia intercultural y la cooperación federal/confederal frente a la crisis territorial. En lo segundo, para acentuar unas reformas sociales y democráticas más ambiciosas, que frenen los riesgos de desigualdad social y de género, así como de desprotección pública, provenientes de los grandes poderes económicos y las incertidumbres geopolíticas, institucionales y medioambientales.  Y hay un tercer campo de estrategias políticas respecto de los llamados temas de Estado o especialmente sensibles (Igualdad), muchas no negociadas por el Partido Socialista con Sumar, con diferencias más o menos explícitas y relevantes, y cuya competencia gestora y discursiva las asume prácticamente en exclusiva: relaciones internacionales (Palestina, Sahara, gasto militar y OTAN,...), política macroeconómica y fiscal, democratización del Estado...  

La salida de Podemos al Grupo Mixto pone en más aprietos a un Gobierno que tendrá que negociar también con los de Belarra

Por tanto, existe un amplio y heterogéneo campo de medidas programáticas que conforman un mínimo de coherencia democrática y progresista en el que está comprometidos los socios del Gobierno de coalición junto con las izquierdas (ERC, EH-Bildu, BNG) y las derechas nacionalistas periféricas (Junts, PNV, CC) y, ahora, con Podemos. Su reajuste de grupo parlamentario solo añade un poco de mayor complejidad negociadora y articuladora a ese diversificado bloque democrático y plurinacional que, sobre todo, está amalgamado por un interés compartido: vencer institucionalmente al bloque de las derechas extremas y evitar la involución social y autoritaria. 

En definitiva, desde el punto de vista de las relaciones de fuerzas políticas, los equilibrios estratégicos de los dos bloques y la estabilidad de la gobernabilidad y la acción legislativa ese cambio en la adscripción parlamentaria de Podemos tiene un impacto limitado. En ese sentido, la reacción de la dirección socialista ha sido realista, presidida por la serenidad discursiva, el reconocimiento de la pluralidad existente y la negociación multilateral entre los socios de investidura y legislatura para integrar a Podemos en la nueva configuración de la gobernanza progresista. Todo ello compatible, en un doble ejercicio, con su demanda de "poner orden en Sumar". El conflicto se produce, sobre todo, en la articulación de la izquierda transformadora, en el reequilibrio representativo y de influencia política entre Sumar -y sus distintos grupos- y Podemos, tema que exige también un tratamiento con luces largas.