Las subcontrataciones o externalizaciones consisten en que una empresa encarga a otra un encargo o servicio que le han encargado a la primera por un precio, a menudo, inferior al que ella cobrará. Aquí está el negocio. Y la clave de este negocio muchas veces radica en la sobreexplotación de las trabajadoras y trabajadores de la empresa subcontratada. ¿Por qué la segunda empresa puede hacer el trabajo por un menor precio? No pocas veces porque los convenios colectivos de aplicación y la práctica laboral de la empresa le permiten exprimir más los horarios, las jornadas, la exigencia o el trabajo en situaciones contrarias a los intereses de la salud de los empleados.

Viendo esto, varios partidos desde hace años demandamos, primero, que todas las condiciones de las personas trabajadoras de empresas subcontratadas se equiparen a las de los trabajadores de la empresa principal y, segundo, que las tareas inherentes a la propia actividad de una empresa no puedan ser subcontratadas (por un restaurante, la cocina o los camareros; por un hotel, limpiar las habitaciones...).

Así lo hacía, por ejemplo, el apartado 153 del programa electoral de Unidas Podemos en las elecciones españolas de noviembre de 2019:

"Limitaremos la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que los servicios propios de la empresa queden excluidos. Es decir, un hotel no puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una empresa que presta servicios masivos no puede subcontratar su servicio de atención al cliente".

Y así quedó recogido en el acuerdo 1.3 del programa de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos del mismo año:

"Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa".

Así, aunque la Reforma Laboral de la ministra Díaz modificó aspectos relativos a las subcontrataciones (art. 42 y 84 del Estatuto de los Trabajadores), ni esta ni ninguna otra ley garantizó la equiparación de las condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados con respecto a los de la empresa principal y, mucho menos, estableció alguna limitación con respecto a qué tipo de tareas o servicios pueden ser subcontratados y cuáles no.

Así, el anterior gobierno español incumplió de manera evidente su acuerdo de gobierno y, ahora, SUMAR ha renunciado a incluirlo ni siquiera en su programa electoral. De este modo, por ejemplo, las camareras de piso que limpian habitaciones de hotel (las autodenominadas Kellys), los trabajadores del sector manufacturero o los de logística y transporte, entre muchos otros que sufren el empeoramiento de condiciones laborales debido a las subcontrataciones, ven después del acuerdo de gobierno publicado por el PSOE y SUMAR, un poco más lejos sus legítimas reivindicaciones. Y es que una cosa son las palabras, los relatos y otra cosa son las realidades.

Por otro lado, en cambio, la propuesta de ERC sigue siendo clara: "Equiparación real y efectiva de todas las condiciones laborales de las personas trabajadoras a través de empresas subcontratadas con las de la empresa principal, incluyendo jornada, horarios, permisos, descansos, lugares de prestación de servicios, etc. Prohibición de subcontratación de servicios inherentes a la propia actividad de la empresa garantizando una pertenencia a la empresa principal del núcleo productivo, incluido el supuesto de las camareras de piso en la limpieza de habitaciones de hoteles". Así se encuentra recogido en la página 91 de su programa electoral, apartado "Precariedad o trabajo digno". Y en este sentido, el Grupo Parlamentario Republicano continuará batallando.