Hace camino de un mes se hizo pública una carta firmada por doce senadores de los Estados Unidos de América que acababa de este modo: "Si sigue adelante (...)  actuaremos para sancionar a sus empleados y asociados, y prohibirle a usted y a sus familias la entrada a los Estados Unidos. Ha sido advertido". El objetivo de esta amenaza aberrante era el Fiscal de la Corte Penal Internacional, y el momento, cuando empezaron a circular algunas informaciones que apuntaban a la preparación de peticiones de detención contra Netanyahu y/u otros israelíes. Como es sabido, la solicitud de estas órdenes, contra Netanyahu y Gallant, así como contra Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), e Ismail Haniyeh, se hizo realidad el pasado lunes 20.  

Es, pues, de agradecer que las muchas presiones que ha habido, que me limito a ejemplificar aquí con lo reproducido, no hayan torcido la determinación del Fiscal ni de las personas que trabajan con él. Si bien, no hay que olvidar que para llegar a este punto, hemos tenido que asistir a más de siete meses de aparente inacción que ponían cada vez más en duda algo que, de hecho, afirmaba el mismo Fiscal en su comunicado del lunes; esto es, "que las vidas de todos los seres humanos tienen el mismo valor". 

Ahora bien, hay que precisar que lo que realmente ha ocurrido es que se ha hecho público el pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte de que dicte esas órdenes de detención, y a mi juicio esto es algo muy llamativo, en términos generales y en la propia práctica habitual de la Fiscalía. De salida, porque aunque no es lo esperable, la Sala podría no aprobar esa solicitud, lo que nos dejaría ante un estado de cosas difícilmente entendible. A su vez, porque no había ninguna necesidad técnica de hacer pública esa solicitud; es más, lo natural es que no se haga, e incluso, la Sala podría decidir aprobar esas u otras órdenes de detención sin publicitarlo tampoco, lo que, entre otras cosas, eleva notablemente la posibilidad de que las detenciones se hagan efectivas. La cuestión entonces es: ¿para qué se ha hecho todo público ahora?  

No creo que haya una sola explicación sencilla y cierta, con lo que avanzaré algunas de mis impresiones al respecto. La primera es que aunque parezca contraintuitivo, puede responder a la convicción de que va a ser muy complicado poder ejecutar esas órdenes cuando, en su caso, se aprueben finalmente. Por poner el ejemplo más sencillo, si Netanyahu no sale de Israel o Haniyeh de Qatar, va a resultar imposible. Con lo que parece que se asume que no hay grandes problemas en avisarles de que hay en marcha un proceso que puede desembocar en su arresto, pues sea como fuere, es algo que se valora como, seamos generosos, altamente improbable que ocurra en realidad.  

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A partir de ello, y en la línea que ya deslizó la Sala respecto a las órdenes contra Putin y Lvova-Belova, su sentido inmediato pudiera enlazar mejor con lo previsto en el artículo 58.1. b) iii) del Estatuto de la Corte. Es decir, no tanto buscar su verdadera detención en un tiempo razonable, sino tratar "de impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo". Esa persona u otras. Lo que se relaciona con la advertencia de la Fiscalía de que las investigaciones siguen en marcha y de ellas se podrán derivar nuevas acusaciones. No obstante, que ello vaya a contribuir significativamente a que dejen de cometerse los presuntos crímenes bajo competencia de la Corte, a disuadir a sus actuales o futuros perpetradores ya más que sabedores de que están en el punto de mira de la Fiscalía, me parece, lamentablemente, poco realista; aunque es cierto que es hasta donde puede llegar esta institución con los poderes y atribuciones que le dieron los Estados al crearla.  

De otra parte, no hay que olvidar que en el comunicado público del Fiscal se insiste en que "todo intento de impedir, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios de esta Corte debe cesar de inmediato". De ello se pasa a esgrimir el artículo 70 del Estatuto de la Corte (delitos contra la administración de justicia), lo que plantea algunas cuestiones jurídicas en las que ahora no entraré, pero que yo interpreto, en suma, como un mensaje para los senadores que decíamos al inicio, y todos los que les han seguido y seguirán: No nos hemos dejado ni nos dejaremos intimidar. Es más, tampoco cabe descartar que cuando se fueron conociendo todas esas presiones y amenazas, en realidad no quedaba más alternativa para el Fiscal que solicitar estas detenciones, pues no haberlo hecho se habría entendido como una claudicación insoportable. Y haciéndolo de manera pública, además, el mensaje queda totalmente claro. 

Es posible que mi lectura de lo ocurrido sea excesivamente pesimista. Pero el horror que seguimos viviendo día a día, y las reacciones inmediatas creo que no invitan al optimismo. Sobre estas últimas, al rechazo frontal de las autoridades israelíes y de Hamás, conviene agregar la expresa voluntad de continuar con, en palabras de Netanyahu, su "guerra más justa que ninguna otra". El Presidente Biden, por su parte, salió rápidamente a declarar que la actuación del Fiscal era algo inaceptable y escandaloso, añadiendo que "lo que estaba ocurriendo, no es un genocidio". Es una afirmación singular porque, como es sabido, ninguno de los presuntos crímenes que se atribuyen es el de genocidio, sino crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y aquí hay una última cuestión llamativa a apuntar, en este momento al menos. Que ya no es una duda o una tentativa de interpretar para qué ha hecho la Fiscalía lo que ha hecho, sino una certeza.  

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En el comunicado del Fiscal, cuando se exponen los presuntos crímenes cuya responsabilidad se imputa a los líderes de Hamás, incluso en los más espantosos, no se hace mención alguna a su supuesta motivación última, pero en el caso de Netanyahu y Gallant, sí. De este modo, ambos se dice que son presuntamente responsables de, entre otras cosas, hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro. Lo cual, parece bastante similar a una de las modalidades del crimen de genocidio, cual es, según el mismo Estatuto de la Corte Penal Internacional, el "sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial".  

Pero a partir de ello, inmediatamente se aclara que el motivo del exterminio que está sufriendo la población de Gaza es para eliminar a Hamás, asegurar el regreso de los rehenes secuestrados, y castigarla colectivamente por ser percibida como una amenaza para Israel. En sentido contrario, se afirma que con esos actos no se está buscando su destrucción como tal, por lo que no se trataría de un crimen de genocidio. En consecuencia, en su comunicado la Fiscalía toma una posición pública en el debate sobre qué crimen o crímenes se están perpetrando en Palestina; una postura, en síntesis, contraria a la que mantienen otros órganos como la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967 o, al menos provisionalmente, el Tribunal Internacional de Justicia.