Desde la asociación "Europa laica" siempre habíamos advertido que la reforma educativa de la ley Celaá era prácticamente inservible para avanzar en una escuela universal, pública y laica, ya que consolidaba la dualidad de redes educativas concertadas y públicas y reforzaba la segregación social escolar y la poderosa red de colegios católicos, además de mantener en todos los centros y en todos los niveles educativos la oferta de asignaturas religiosas confesionales.

Es cierto que, por razones meramente de política electoral, el PP agitó con el asunto de la ley, aparentado una oposición, pero en verdad la patronal  católica de colegios concertados siempre vio con buenos ojos esta ley y ahora, ya en periodo preelectoral, su secretario general Pedro Huertas en diversas entrevistas en la COPE o en El País, ante un probable triunfo del PP-Vox, se ha mostrado totalmente contrario a una derogación de la ley y tampoco cree conveniente introducir ni siquiera reformas en la misma y, por ello, aboga por cambios en las políticas de las CCAA manteniendo el mismo marco legal: "Nos gustaría que se mejoraran los aspectos dentro de la LOMLOE que son más lesivos para la coexistencia de la red pública y privada (...). No obstante, una derogación de la ley Celaá complicaría mucho más la situación. Derogar la ley de Educación perjudicaría al profesorado, a los alumnos y al sistema", afirmó el presidente de la patronal de los colegios católicos.

¿Entonces qué reclama exactamente la patronal de colegios católicos? Lo resumimos en los siguientes puntos:

-Incrementar los módulos de la concertada y mejorar la financiación de la enseñanza privada (desgraciadamente en este aspecto estamos ante un desorden ya que cada CCAA tiene los módulos propios con diferencias muy notables entre ellas y con unos sistemas de inspección muy diferentes).

Otras miradas - El laicismo y las elecciones

-Ampliación de la financiación a la concertada, de forma generalizada, al ciclo no obligatorio de enseñanza (esto, en verdad, ya se viene haciendo, pero ahora se quiere ampliar más y establecerlo legalmente).

Es decir, la patronal católica está muy satisfecha con el marco legislativo actual y presiona para que se mejore la financiación de la privada.

No vemos en el futuro próximo ninguna intención por parte de los actores de la vida política de impulsar la escuela pública, única y laica. Se requiere que desde abajo exijamos medidas a los partidos políticos para frenar la segregación social en el sistema educativo. Hoy en España, en palabras de la OCDE, el sistema educativo segmentado en dos redes constituye uno de los vectores principales para amplificar la segregación social y la desigualdad. La legislatura denominada progresista no ha cambiado la tendencia, ya que incluso ha puesto las bases para ampliar aún más la privatización de la Formación profesional y favorecer la privatización de la Universidad (la nueva ley de FP es una ley de privatización de esta y en la pacata ley de universidad ni siquiera se prohíben las becas para los estudiantes de la Universidad privada).

Los que defendemos hoy la escuela única, pública y laica estamos en una esquina del tablero (Movimientos de renovación pedagógica, Europa laica, STES, Federación de CCOO de enseñanza de Madrid, Foro de Sevilla, CGT, Sindicatos de Estudiantes) que ni siquiera somos apoyados por la izquierda más alternativa. Tácticamente, y mientras no se cambie el nefasto marco legislativo actual, solo cabría entorpecer la financiación de la concertada y reforzar la financiación de la escuela pública: justamente lo contrario de lo que se viene haciendo, ya que desde el 2018 el gasto de transferencias a los centros privados para niveles obligatorios de enseñanza ha crecido hasta más 7.000 millones, experimentado un incremento muy superior al experimentado por la escuela pública. Piénsese que el gasto a la privada ya representa cerca de un 14% del gasto público en Educación y en algunas Comunidades como País Vasco, Navarra o Madrid ya representa en torno al 30%.

Pese a estos contundentes datos, la  ministra de Educación ya se ha pronunciado por mejorar sustancialmente la financiación de los colegios concertados y algunos sindicatos (como la UGT) han secundado esta propuesta de mejorar la financiación de la concertada con la excusa de garantizar la total gratuidad de la misma y ya están fijadas reuniones para impulsar esta financiación, ¡como si no pagar cuotas adicionales en  la escuela concertada  constituyera un factor de freno a la segregación social! Al contrario, se incrementará la financiación de la desigualdad educativa y se desviará aún más dinero a los sectores sociales de más renta en detrimento de los de menor renta.

Quizás la vía para aclarar las cosas es comenzar dando la batalla a la rupestre filosofía pseudoliberal de la "libertad de elección de centro", pero no con frases grandilocuentes en las campañas electorales o en los mítines, sino introduciendo propuestas legislativas y tomando medidas que, en verdad, mejoren la escuela pública y retiren los apoyos públicos a la escuela privada. La izquierda española, en este asunto, es una izquierda de postureo que reclama la escuela pública en los mítines y después legisla manteniendo los intereses de los colegios católicos. En muchos países de Europa, no solo los partidos de la izquierda, sino también los partidos liberales o democratacristianos ven la educación pública como una conquista social, aunque se mantenga los colegios privados. España es un país donde se deberían reclamar reformas políticas y sociales que en otros países europeos se hicieron en el siglo XIX o a principios del siglo XX.

La amenaza de un gobierno del PP no va a favorecer la escuela pública, pues es un partido político que, a diferencias de sus homólogos europeos, tiene una visión ultraliberal y sectaria del sistema educativo y desgraciadamente el tiempo de la legislatura progresista no se ha aprovechado para poner freno a la privatización del servicio educativo en nuestro país. Algunos hablan de la necesidad de un pacto educativo y, por supuesto, es necesario, pero bajo el parámetro de la mejora de la escuela pública; un pacto educativo es necesario, pero no para defender la "libertad de elección de centro", sino para garantizar una escuela pública de calidad impulsando la financiación y los medios. El modelo de una escuela segregada socialmente, imperante en nuestro país, está favoreciendo, además, el auge de movimientos reaccionarios y fascistas, como muy bien ha puesto de manifiesto el reciente libro de Enrique Javier Diez Gutiérrez: Pedagogía antifascista.