Hace tiempo que una parte de la sociedad configura su opinión sobre noticias tan radicalmente falsas que, si no diera miedo, daría risa. La plaga del bulo se extiende a lo largo y ancho de este país, circulando incesante desde la barra de un bar hasta los tribunales y su pecado de abrir causas basadas en titulares de prensa sin contrastar. El desvarío informativo requiere poner freno a bulos y pseudomedios, para ordenar el sentido de la libertad de información y garantizar que el debate público sea diverso y se construya desde posiciones cimentadas en la realidad.

En España no hay una ley concreta que proteja de los bulos o los prohíba, aunque el contenido y el efecto de una noticia falsa pueda dar lugar a delitos de injurias o de calumnias; desórdenes públicos; delitos de odio, si es que la noticia atribuye hechos falsos a un colectivo social minoritario; e incluso delitos contra la salud pública, si se difunden, por ejemplo, falsos métodos curativos.

El derecho comparado nos dice que es posible poner límite y castigo a las fake news, pero que legislar nunca es fácil. En 2018, Francia aprobaba una ley contra la manipulación informativa en periodos electorales. La ley sentó muy mal, y es entendible, porque la vaguedad de las definiciones amenazaba a la libertad de información. En España, el reto está en lograr la concordia entre lograr la construcción de una opinión pública responsable y salvaguardar la libertad de información.

Años de falsedades han conseguido que la desconfianza en los medios sea un trauma generalizado al que nadie se atreve a poner remedio. En la era de la libertad, hablar de límites es arriesgado; pero lo cierto es que ningún derecho es ilimitado, ni ningún poder debe ser absoluto. No puedes invocar tu derecho a la libertad de expresión para lanzar mensajes de odio contra inmigrantes; tampoco un profesor puede dar la espalda a la ciencia en sus clases invocando su libertad de cátedra.

La libertad de información encuentra un límite consolidado en el Tribunal Constitucional, que ha señalado que su protección no abarca un "pretendido derecho al insulto". Y un bulo, ¿es libertad de información? Pues no. Lo que la Constitución protege es, precisamente, el derecho a la veracidad; es decir, a que recibamos noticias fundadas sobre hechos y datos objetivos. Y aunque lo veraz puede terminar siendo incorrecto, no cabe en la veracidad noticias que nazcan de suposiciones, insidias o rumores o que atiendan a intereses individuales o espurios.

Hay quienes han relajado la diligencia de veracidad por entender que la libertad de informar de lo que quieran incluye la libertad de informar como quieran. Teniendo en cuenta que la información ha de dirigirse a construir la opinión pública, ya no se trata de limitar la libertad de información, sino de sancionar a quienes incumplen la Constitución por suministrar información sin observancia profesional.

Otra cosa es la dificultad de una posible labor legislativa, que es una tarea muy compleja siempre. Una ley contra la manipulación es posible y necesaria; pero exige una precisión exquisita a riesgo de provocar restricciones a la libertad de información y rozar posiciones inconstitucionales indeseables.

También es cierto que hay otras medidas menos invasivas y más rápidas para favorecer la libertad de información y la transparencia. La nueva ley europea de medios de comunicación quiere ayudar a saber de quién son y de dónde reciben subvenciones los medios y, aunque lo que hay detrás del velo no va a sorprender demasiado, al menos quedará cristalino que hay medios que trabajan al servicio público de la información y otros, al servicio privado del dinero.

Sea lo que sea que quiere hacer Sánchez para regenerar la democracia, ya llega tarde. La pandemia de fake news ha dislocado a gran parte de la opinión pública, feligresa de cualquier disparate que se comparte en una red social. Los bulos ya se han cobrado como víctimas a quienes alumbraron la esperanza de transformación democrática; casi todo lo posible murió con Podemos y otros tantos a los que algunos medios machacaron con falsedades.

Esperemos que, aún tarde, sea reversible la deriva de los empeñados en pulverizar el sentido fundamental de la libertad de información antes de que, con tanta información burda, también se lleven la democracia por delante.