De los numerosos desatinos políticos que se han destapado en estos días en torno a asuntos tan sensibles como el empadronamiento de los inmigrantes, la petición de cadena perpetua revisable o el embrollo sobre los cementerios nucleares, el más inaudito de todos ellos es el incumplimiento (por no acusar directamente de boicot) de la Ley de Dependencia. Es alarmante que miles de personas discapacitadas hayan tenido que esperar hasta año y medio para que se les reconozca su derecho legal a recibir ayuda. Se da la fatal coincidencia de que Madrid, Murcia y la Comunitat Valenciana, tres autonomías gobernadas por el Partido Popular, ocupan los primeros puestos de la ineficacia.

A los sindicatos les ha faltado tiempo para acusar a dichos responsables autonómicos de poner obstáculos a la ley más emblemática del Gobierno Zapatero. Lo cierto es que un estudio publicado esta semana revela que más de 250.000 españoles en situación de dependencia son "víctimas de una contención de expedientes", es decir, tienen que esperar entre 12 y 18 meses para recibir la ayuda que les reconoce la ley. Madrid se lleva la peor parte. Los datos revelan que "sólo un 0,4% de los afectados madrileños están siendo atendidos, cuando la media nacional está en el 1,04%". El informe considera esta situación excesiva, abusiva, indefendible y deleznable. Cuando le preguntaron por estos datos a la ministra de Sanidad (que se ha comprometido con los gobiernos autónomos a una drástica reducción del tiempo de espera) tuvo la bondad de responder: "Todas hacen un esfuerzo enorme". Ojalá sea cierto a partir de ahora.