Aunque el ministro de Trabajo se comprometa, una y otra vez, a no modificar el sistema de pensiones, la alarma sigue en aumento porque los defensores a ultranza del cambio no dan tregua. Desde que el gobernador del Banco de España abrió el debate todos los días se alzan voces expertas a favor o en contra de sus pesimistas augurios, reforzados por las intervenciones de nuestro comisario europeo de Asuntos Económicos. Tanto para Fernández Ordóñez como para Almunia el sistema español no es sostenible y, según ambos, el Gobierno y los sindicatos lo saben. Las grandes empresas, mientras tanto, siguen aligerando sus plantillas a base de prejubilaciones masivas.

Las posturas son tan rígidas que no ayudan a aclarar el panorama. Sabemos que la reforma está en marcha y que se llevará a cabo en esta legislatura. Lo único que espera el Gobierno es encontrar el tiempo propicio para evitar que aumente la crispación. Ese momento llegará cuando los partidos no se sientan forzados a prometer soluciones a corto plazo, es decir, el próximo año en el que no hay previstas citas electorales, a no ser que alguien decida adelantarlas de golpe y porrazo. Se acabarán entonces los paños calientes, y muchos trabajadores, hasta ahora confiados, tendrán que revisar sus planes de pensiones. A los afectados les queda poco margen de maniobra, pero los llamados agentes sociales que tienen voz en el Pacto de Toledo deben defender radicalmente la jubilación flexible: anticiparla para los que realizan trabajos penosos e incentivar a los que tienen salud y ganas para trabajar después de los 65 años. Sería lo menos traumático.