No sé cuántos manifiestos habré firmado contra la explotación sexual de seres humanos. Nunca está de más reiterar que las víctimas no son sólo mujeres; también se explota a hombres, niñas y niños. Cada 23 de septiembre, día señalado contra dicha explotación, protesto con la misma esperanza de todos los años y la pueril convicción de que la fe mueve montañas. Ni una sola vez de las que he aludido al enrevesado asunto de la prostitución he salido indemne. No me refiero sólo a los que me insultan, sino a quienes están razonadamente en contra de lo que firmo.

Poco antes del debate parlamentario me advertía una portavoz socialista que quienes proponen regular la prostitución están haciendo el juego a los proxenetas y a las mafias. Tampoco sirve de mucho la actitud de las víctimas y activistas que luchan para que se prohíba un oficio contrario a la dignidad humana, aunque medie el consentimiento de quien lo ejerce. Defender la abolición es un brindis al sol, sostienen los que van de pragmáticos, porque es el segundo delito más rentable del mundo, después del narcotráfico, y existe una demanda permanente desde tiempo inmemorial.

Es cierto que ni el represivo modelo sueco ni el permisivo modelo holandés han logrado erradicar el tráfico sexual del que se benefician las mafias. ¿Qué nos queda? De momento, por ejemplo, suprimir los anuncios de prostitución que aparecen en algunas cadenas de televisión y periódicos generalistas. Se sabe que los mafiosos aprovechan los contactos para comerciar sin riesgos, abaratar los costes y ocultar su identidad. No es por motivos puritanos.