Opinion · Pensamiento crítico

Los enormes costes sociales de las tensiones interterritoriales en España

Vicenç Navarro
Autor del libro ‘Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante’. Anagrama, 2015

En Catalunya, el mayor conflicto político existente hoy es entre aquellos partidos políticos que se definen como soberanistas, y que desean la secesión de Catalunya del Estado español, y los unionistas que se oponen a tal secesión, y que defienden la continuidad del Estado español actual, cuya Constitución no permite tal secesión. Dicho conflicto ha creado una enorme tensión dentro de Catalunya entre los independentistas (que se definen como soberanistas, y así son presentados por los mayores medios de información) y los unionistas (que se definen a sí mismos como constitucionalistas). Fuera de Catalunya la tensión es entre el Estado español, gobernado durante todo el periodo democrático por partidos unionistas, y la Generalitat de Catalunya, que es gobernada por una coalición de partidos independentistas hegemonizada por un partido nacionalista (hoy independentista) conservador, el cual ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático.

Estos conflictos y tensiones están teniendo unas consecuencias muy negativas para la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de Catalunya y del resto de España, las cuales están padeciendo una de las mayores crisis sociales que España (incluyendo Catalunya) haya sufrido en su periodo democrático, y ello como consecuencia de las políticas públicas aprobadas por los partidos unionistas gobernantes en España y por el partido secesionista mayoritario (CDC, más tarde PDeCAT) que ha gobernado en Catalunya durante la mayor parte de los años desde el establecimiento de la democracia. Tales políticas han tenido un claro corte neoliberal, como por ejemplo las reformas del mercado laboral que han generalizado la precariedad entre los trabajadores, los bajos salarios y la desprotección social, y los recortes de los derechos laborales y sociales (con una descenso muy marcado del gasto público social en el que ya era, antes de la Gran Recesión, uno de los Estados de Bienestar de la Unión Europea –UE– menos financiados).

Estas políticas públicas han contribuido en gran medida a aumentar las desigualdades sociales, con un gran incremento de las rentas derivadas de la propiedad y de la gestión de los bienes y servicios privados a costa de un notable descenso de las rentas derivadas del trabajo (predominantemente salarios). Ello ha implicado un gran descenso del bienestar de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población. Y aunque esta situación ha tenido lugar en la mayoría de los países europeos y norteamericanos que han aplicado tales políticas públicas neoliberales, creando un gran malestar popular, en España estas políticas han sido aplicadas con mayor dureza, siendo las consecuencias de su aplicación incluso más negativas en nuestro país.

La peculiaridad del caso español: los partidos que han aplicado las políticas públicas neoliberales en España y en Catalunya continúan gobernando

Ha habido, sin embargo, una diferencia entre lo ocurrido en aquellos países y lo que ha ocurrido en España, incluyendo Catalunya. Mientras que en los primeros países los partidos gobernantes que han impuesto tales políticas neoliberales (y digo impuestas porque no estaban anunciadas en sus programas electorales) han visto como su apoyo electoral disminuía marcadamente hasta el punto de ser expulsados del poder por el electorado, no ha sido así ni en España ni en Catalunya, donde los partidos neoliberales gobernantes (en España el PSOE, el PP y de nuevo el PSOE, y en Catalunya Convergència -redefinida como PDECat- en alianza primero con UDC y más tarde con ERC) continúan gobernando. Esta situación es única en Europa. Dos de los gobiernos más duros en la aplicación de sus políticas públicas neoliberales (el español y el catalán) han continuado en manos de los mismos partidos que siguieron aplicando dichas políticas (aun cuando el PSOE parece haberse distanciado algo como resultado de su alianza con Unidos Podemos y sus confluencias). ¿Por qué?

Sin lugar a dudas la causa de tal situación anómala es la tensión nacional a la que me refería al principio del artículo. Ambos bandos (los unionistas y los secesionistas) han estado dirigidos durante muchos años por partidos de derechas de clara vocación neoliberal. Por un lado el PP (apoyado por Ciudadanos, ambos partidos de derechas de clara orientación neoliberal), y por el otro Convergencia (cuyo equipo económico es también neoliberal). Ahora bien, esta realidad queda ocultada por el enorme espacio que ocupa el tema nacional, que absorbe toda la atención mediática. En realidad, las tensiones, interterritoriales, basadas en concepciones nacionalistas opuestas, juegan un papel clave en precisamente ocultar la responsabilidad de tales partidos en generar y reproducir la gran crisis social.

El tema nacional, que absorbe el debate político, oculta la crisis social creada por los dirigentes de ambos lados de la crisis nacional

En España sí que hubo un movimiento de protesta, el 15-M, que tuvo un impacto enorme en la vida política del país, y cuya dimensión política, Podemos (y sus confluencias En Comú Podem y En Marea), a la que se unió IU, ha tenido un mayor impacto en la vida política del país. Su denuncia del Estado era por la nula representatividad de la clase política dominante en aquel Estado. El eslogan “no nos representan” fue inmediatamente adoptado por millones de españoles (incluyendo catalanes), y fue el responsable del enorme éxito del movimiento político-social que generó (hoy Unidos Podemos), el cual ha provocado un cuestionamiento del Estado uninacional, cuestionamiento que ha ido expandiéndose, llegando a afectar el sistema monárquico, eje del Estado uninacional español.

Su demanda incluye una redefinición de la soberanía, es decir, del ejercicio del poder popular, y exige una democratización del Estado. El derecho a decidir es el derecho de la ciudadanía a escoger sobre cualquier dimensión de lo público que afecte a su bienestar y calidad de vida. De ahí que en esta visión de soberanía, lo social y lo nacional estén intensamente relacionados y sean parte del mismo concepto, tal como muy bien subraya Julio Rodríguez en su excelente libro Mi patria es la gente, de reciente publicación. La nación (vivida a nivel personal como la patria) es la gente. En la liga de patriotismo, el mejor patriota es el que lucha más para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, de la que la mayoría son las clases populares. Bajo este criterio, los partidos de derechas españoles (que lideran a los unionistas) y catalanes (que lideran a los secesionistas), que se presentan como los “superpatriotas”, fallan estrepitosamente, pues han estado apoyando políticas públicas neoliberales que han dañado enormemente a la gente. Es sorprendente que nunca un periodista haya preguntado al Sr. Rajoy, al Sr. Mas, al Sr. Puigdemont o al Sr. Torra “¿cómo pueden ustedes presentarse como un grandes patriotas cuando está apoyando y aplicando políticas neoliberales, como los recortes, que han dañado a su pueblo?”.

La respuesta que darían tales dirigentes independentistas a tal pregunta es que ellos desean la independencia para precisamente tener más poder para atender a la población. Pero este argumento tiene escasa credibilidad, pues gran parte de sus creencias y posturas son de sensibilidad neoliberal. Es más que dudoso que en una Catalunya gobernada por tal pensamiento la gente viviera mejor, por muchos más recursos que el país tuviera. Estados Unidos, donde el pensamiento neoliberal domina el país, es muy rico y en cambio la mayoría de la gente no tiene ni siquiera derechos tan elementales como tener acceso al sistema sanitario.

¿Qué es soberanía?

Hay, pues, que recuperar una comprensión popular de lo que es la soberanía, es decir, el derecho a decidir a todos los niveles, incluyendo, naturalmente, el nivel de decisión que se desee compartir. El derecho a decidir es el derecho a escoger, y a nivel nacional, incluye, en el caso de Catalunya (o de cualquier otra nación o pueblo), escoger la relación que tiene con el resto de España, elección que debe incluir otras formas, además de la secesión. En realidad, hay poca conciencia de que el independentismo raramente ha sido mayoritario en Catalunya. El presidente Companys (uno de los presidentes de la Generalitat de Catalunya más populares en Catalunya y en España) no era independentistas. Sus banderas no eran ni la estelada (la bandera independentista) ni la borbónica. Eran la senyera (la bandera catalana) y la bandera española republicana.

El independentismo en Catalunya es un producto de masas nuevo generado primordialmente por la enorme hostilidad del Estado central hacia el reconocimiento de la España plurinacional. Fue cuando el Estado central vetó elementos sensibles del Estatuto de Catalunya que el independentismo creció. Esta es la realidad ocultada en los medios españoles. Las tensiones interterritoriales han beneficiado predominantemente a las derechas a ambos lados del Ebro, y son los partidos más ultraderechistas (PP, Ciudadanos y Vox) los que son los más “patriotas”, los más “nacionalistas” y los más “neoliberales”. En este contexto, las condenas propuestas por la fiscalía del Estado incrementarán todavía más, sin lugar a dudas, estas tensiones y el independentismo.

Y un tanto igual ocurre en Catalunya. La más radical en su independentismo es la derecha conservadora, que sin la causa nacional habría desaparecido del espectro político. Se me dirá, con razón, que hay partidos radicales de izquierdas, que no son neoliberales, y que apoyan la independencia, los cuales asumen que tal causa es la mayor amenaza para el Estado borbónico español. No desmerezco la importancia de dicho argumento, pero lo creo equivocado, pues en realidad el independentismo que apoyan ha sido liderado en Catalunya por las derechas catalanas que han sido claramente antiespañolas (léanse los escritos del Sr. Torra, definiendo a los españoles con términos claramente ofensivos, o recuérdense las declaraciones del Sr. Pujol diciendo que los “charnegos” eran intelectualmente inferiores), las cuales han reforzado con su mensaje de que “España nos roba”, actitudes que han generado un sentimiento de apoyo entre las clases populares españolas hacia los partidos nacionalistas más extremos y hacia sus instituciones como la Monarquía.

Soberanía no es lo mismo que independencia

Es más, la monopolización del concepto de soberanía por parte de los independentistas (de manera tal que soberanismo ha pasado a ser homologable a independentismo) ha eliminado las posibilidades de que se discutan y debatan otras formas de soberanía (federal, confederal o lo que fuere), que es lo que el independentismo ha deseado: la eliminación de otras propuestas soberanistas. Y es ahí donde los mal llamados “soberanistas” de En Comú Podem (liderados por la que fue portavoz parlamentaria de tal coalición política) están haciendo gran daño al propio soberanismo. La vía independentista es solo una versión del soberanismo, pues hay otras formas de éste (tales como la defensa de la soberanía popular, la soberanía federal, la soberanía confederal y un largo etcétera) que quedan olvidadas, cuando no ocultadas, en esta monopolización del concepto de soberanismo.

Asumir que el independentismo es la única forma de soberanismo es profundamente erróneo, pues dicho independentismo limita la soberanía a la realización de un referéndum (que además defiende que sea unilateral) binario en el que se escoja sí o no a la independencia, limitando de esta manera la soberanía popular. Por otra parte, acercarse a la corriente independentista (que es lo que están pidiendo los autodefinidos “soberanistas” rebeldes en Catalunya en Comú) es apoyar su visión esencialista de carácter exclusivamente identitario, que antagoniza a las clases populares que se siente españolas, y que son la mayoría de la población en Catalunya y en España. Lo que es necesario es un soberanismo popular, construido a partir de una alianza con otras naciones y pueblos de España, para establecer no solo una cultura sino también un Estado republicano, en el que se pueda ejercer la soberanía dentro de una fraternidad y solidaridad interterritorial. Esta es la vía de las fuerzas derivadas del 15-M, que fueron un vendaval de aire fresco en un ambiente asfixiante y que hoy representan la esperanza de construir otra España, con su diversidad y plurinacionalidad basadas en la solidaridad y la fraternidad.