La independencia del Poder Judicial garantiza que la ciudadanía pueda tener un juicio justo en el que se hagan valer sus derechos. También asegura que nadie se aprovecha de una situación privilegiada para librarse de ser juzgado. Se podría decir que sin independencia en la justicia, simplemente no hay justicia.

Esta semana hemos visto tres ejemplos en los que se podría achacar una falta de independencia en el poder judicial, cuyo resultado ha sido la anulación de derechos: la condena a cuatro años de prisión a Alfon por tenencia de explosivos, la imputación por parte de la Audiencia Nacional de Facu Diaz por una parodia sobre la corrupción del PP y las medallas a los antidisturbios que participaron en el operativo de la manifestación del 22M.

Pero... ¿ha existido una falta de independencia en los procesos? Veámoslo.

Ayer, 8 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a cuatro años de cárcel a Alfonso Fernández Ortega (Alfon) por llevar, según la versión policial, un artefacto explosivo oculto en una mochila el día de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. En el juicio, Alfon denunció como la Policía le amenazó con imputarle tenencia de explosivos si no identificaba fotográficamente a miembros de los bukaneros, una de las peñas del Rayo Vallecano.

Además de esto, hubo una serie de circunstancias que han hecho que varios colectivos de juristas y de la sociedad civil hayan criticado la falta de independencia en el proceso judicial: no se encontraron huellas del Alfon en la mochila en la que le acusaban de guardar explosivos de fabricación casera; la policía envió atestados a los jueces de Instrucción de Madrid que en los que se ponía en relevancia la ideología de izquierdas del abogado, cuestión que hizo que la Abogacía en pleno exigiera al Ministro del Interior que se depuraran responsabilidades por el "atentado al derecho de defensa" que esto suponía; los dos meses que pasó Alfon en la cárcel de Soto del Real en régimen de aislamiento FIES; etc. Todos estos hechos hacen que más que una búsqueda de justicia, el caso de Alfon parezca un intento de criminalizar el derecho a la huelga.

El mismo día 8, la Audiencia Nacional imputó a Facu Díaz por un sketch emitido en La Tuerka News en el que aparece encapuchado anunciando la disolución del PP por los múltiples casos de corrupción. Esta imputación viene de la denuncia que presentó la asociación Dignidad y Justicia por "ofender y humillar a las víctimas" al equiparar "en tono burlesco y de mofa" al PP con ETA. El sketch "El PP se disuelve" no es más que humor, y el humor es lo que tiene: a algunos les gusta y a otros no. Pero pretender criminalizarlo, acusándolo de ser un elemento de humillación y ofensa puede no ser más que la explicitación de cómo hay sectores que no están dispuestos a permitir la libertad de expresión. ¿Se acuerdan de que la justicia se amparó en el derecho a la libertad de expresión para desestimar la demanda que Ada Colau puso a Cristina Cifuentes por llamarla filoetarra?

El último caso fue el que pudimos leer a principios de esta semana: el Ministerio del Interior condecoró con 45 medallas y 109 felicitaciones a los policías que participaron en el despliegue establecido con motivo de las Marchas de la Dignidad del 22M (el responsable de los antidisturbios y el de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana entre ellos). Todos estos reconocimientos suponen puntos para la carrera policial e incluso remuneraciones económicas. Cabe destacar que estas condecoraciones se justifican por una ley franquista del año 1964.

Este premiado despliegue fue criticado tanto por los sindicatos como por los funcionarios de las Unidades de Intervención Policial, llevando a seiscientos agentes de la UIP a manifestarse pidiendo el cese de sus responsables. Además, fue fuertemente criticado por hechos como cargar contra los manifestantes antes de que terminara la convocatoria en la Plaza de Colón, disparara bolas de goma a los manifestantes a quemarropa, detener a 24 de ellos y agredir a periodistas, etc. Fue curioso también ver como la policía mostró unas armas supuestamente incautadas en la manifestación que en realidad, como se acabó demostrando, habían sido incautadas días antes. En este caso no solo no se han depurado responsabilidades por parte del poder judicial, si no que el poder político ha condecorado a los responsables de convertir una manifestación pacífica en un campo de batalla.

Manifestarse, hacer huelga o la libertad de expresión no son caprichos, son derechos. Que el Ministerio de Justicia premié a quien se ha encargado de disolver una manifestación pacífica utilizando la violencia en vez de denunciarlo, o que la Justicia, en lo que más bien parece un acto político, persiga a quien va a la huelga, dejando un reguero de lagunas judiciales por el camino, o a quien protagoniza un sketch muestra que la justicia no es independiente, sino que está politizada. Cuando el poder estima que el ejercicio de los derechos pueden cuestionarle, los niega. Aquí hay tres casos que lo demuestran.

Creemos que hemos construido una fuerte democracia en la que la ciudadanía puede vivir en libertad. Quizás sea así mientras no nos manifestamos por lo que nos resulta inasumible, no nos organicemos para conseguir lo que nos merecemos, ni expresemos libremente nuestras opiniones. Ni de broma.