La broma de mal gusto de España en el Consejo de DDHH

España será elegida hoy miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el período 2018-2020. Este consejo tiene 47 miembros y acaban de adjudicarse 15 plazas entre las que se encontraba la candidatura de nuestro país. Para el grupo ‘Europa Occidental y otros’ únicamente había dos plazas –España y Australia-, después de que Francia se retirara al decidir retrasar su ingreso al período 2021-2023.

La entrada en estos consejos requiere de mucha diplomacia, de una campaña de publicidad y marketing extraordinaria… de negociación. La campaña de España, que ya estuvo en este consejo en 2010-2013, se ha centrado en Derechos Humanos iguales para todos, Democracia y Estado de Derecho, Desarrollo Sostenible y Diálogo, Cooperación y Eficacia.

¿Por qué Francia retiró su candidatura? Negociación. España y el país galo han llegado a un acuerdo bilateral al estilo de ‘hoy por ti, mañana por mí’, puesto que si Francia apoya en esta votación a nuestro país, éste hará lo propio con nuestros vecinos para 2021-2023.

En este punto, y para justificar el título de este artículo, ni siquiera me referiré a denuncias de otros organismos internacionales como Amnistía Internacional –aunque suelen ser bastante coincidentes-, porque las denuncias y condenas de la ONU deberían haber sido suficientes para haber invalidado la candidatura de España a ingresar en el consejo:

El Comité de DDHH de Naciones Unidas ya ha instado al Gobierno de España, en más de una ocasión, que derogue la Ley de Amnistía de 1977. En especial el Partido Popular (PP), no ha hecho más que poner trabas a las investigaciones  y enjuiciamientos de los responsables de los crímenes del Franquismo. En esta misma línea, el hecho de que archivos militares sin ninguna trascendencia a nivel de seguridad del Estado continúen clasificados no contribuye a hacer justicia.

Otro de los puntos negros sobre los que la ONU puso su punto de mira fue la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como Ley Mordaza. Al organismo internacional le inquieta la violación que puede producirse a derechos tan esenciales como la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

Una de las mayores críticas a esta ley por parte de la ONU fue su redacción, premeditadamente ambigua para abrir la puerta a todo tipo de abusos. El hecho, además, de que se haya indultado a policías que habían sido condenados por tortura –y hablo de esta misma década- tampoco parece que contribuya a ofrecer una buena imagen de respeto por los DDHH. La opción de la represión está servida, además, con la infame reforma del Código Penal. En esta línea, el Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas pidió a España que investigara la violencia policial ejercida durante el referéndum catalán del 1 de octubre.

Por si esto no fuera poco, el Gobierno del PP se sacó de la manga, con su rodillo de mayoría absoluta, una Ley de Seguridad Privada que, además de invitar a la privatización de la seguridad –con su precarización en aeropuertos, prisiones, etc.-, dota a los vigilantes de competencias que no deberían corresponder más que a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las devoluciones en caliente, por las que recientemente el Tribunal de Estrasburgo  condenó a España, son otra mancha negra en el expediente de nuestro país, a lo que es preciso sumar todo lo concerniente a migraciones y refugiados, desde la carnicería de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, los malos tratos en los CIE, las redadas raciales que continúan en nuestras calles, las deportaciones masivas con migrantes sedados o el incumplimiento del compromiso de acogimiento de refugiados sirios.

La ONU también ha criticado los ataques por parte del Gobierno a la independencia judicial tras el nombramiento de más de un jurista, así como la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en la práctica ha terminado por dificultar el acceso a la Justifica.

Otro de los hechos en los que no se suele caer pero que la ONU también ha criticado en muchas ocasiones es la brecha salarial entre hombre y mujer. Eso también es un Derecho Humano, sin olvidar –por supuesto- los asesinatos por violencia de género, ante los cuales el Gobierno únicamente tiene buenas palabras y Pactos de Estado cosméticos.

Este mismo año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenó a España por considerar que en 2013 violó los DDHH de una familia desahuciada, con dos hijos menores de tres y un año, respectivamente. Además de obligar a nuestro país a proporcionar a esta familia de las condiciones para que acceda a una vivienda digna e indemnizarla, también decretaba que tenía que implementar un plan integral que garantice el acceso a la vivienda a todas aquellas familias en riesgo de exclusión. Huelga decir que la lista de desahucios en nuestro país como el de esa familia de 2013 es tan larga que si los pusiéramos en línea recta los perderíamos en el horizonte.

Podría continuar con violaciones de DDHH que ha recogido en sus informes, precisamente, quien ahora dará entrada a nuestro país en su Comité de DDHH. Por este motivo, no sólo es un chiste de mal gusto leer en la candidatura de España que somos “​un país profundamente comprometido con los derechos humanos, tanto en el plano interno como en el de la acción exterior del Estado”, sino que esta candidatura prospere. Ello delata tanto el lamentable estado en que se encuentran los DDHH en el mundo, así como la necesidad urgente, imperiosa, de reforma que precisan unas Naciones Unidas, en estado comatoso por las luchas intestinas de poder.