Opinion · Dominio público

Rescate a la Universidad Pública

Gaspar Llamazares Trigo

Promotor de Actúa

Miguel Souto Bayarri

Profesor en la Universidad de Santiago de Compostela

Es evidente el debilitamiento de nuestro sistema universitario público. Y no hace falta insistir sobre el destrozo generado por los escándalos de la Universidad Rey Juan Carlos. Pensando en las repercusiones sobre el mundo universitario actual y futuro, estos son hechos importantes y contribuyen sin duda a la degradación de la Universidad Pública en su conjunto. Pero, desafortunadamente, esto no es solo una cuestión de endogamias, ni tampoco de plagios en publicaciones científicas ni de trabajos de fin de máster que “desaparecen” sin dejar rastro. La crisis profunda de la universidad tiene varias causas y esas no son, en nuestra opinión, las más relevantes. Clientelismos y frivolidades al margen, el problema es más amplio e importante.

Por eso es útil proponerse una descripción de la situación en que se encuentran las universidades, tras una década de recortes. Quizá sea el momento de llamar la atención sobre algunas cuestiones que aparecen menos en los medios.

Primero. Todos los indicadores alertan sobre el recorte de la inversión pública en España. Nicolás Sartorius concluía en un artículo publicado en 2017 (El País, 14 de febrero) que la reducción de presupuestos para la ciencia y la educación, en suma, nos condena a un futuro de atraso, impropio de un país moderno. Hace tiempo que desde los sindicatos y desde La Universidad Española en Cifras, que edita CRUE, se llama la atención sobre esto. La inversión en Educación cayó en la última década nada menos que un 50%. Hoy podemos afirmar que esa falta de inversión lastra la Universidad. Por eso, hay que dar la batalla de la opinión pública. No podemos olvidar que buena parte de los avances científicos del siglo XX han tenido lugar en las universidades y que estos han producido un salto gigantesco en el PIB por habitante, lo que ha supuesto un impulso espectacular en el bienestar de la población.

Es inaceptable que nuestras universidades mendiguen cada año por su financiación (España es el sexto país de la OCDE que menos aporta a las universidades). Y estos recortes se hacen visibles no solo en relación con la inversión en I+D, también en los salarios de pobreza de parte importante de las plantillas universitarias, en las que el abuso de la figura del ‘profesor asociado’, un verdadero profesor proletario, se ha convertido en seña de identidad en los últimos años. Esta sería la foto fija de la situación actual de nuestra universidad: precariedad laboral para los jóvenes en un entorno de envejecimiento de las plantillas.

Segundo. En los últimos años se está apostando por la creación de centros que alejan la investigación de las universidades. No se puede ocultar que, coincidiendo con la proliferación de numerosos edificios de esas características, ha habido una descapitalización y un empobrecimiento de los departamentos universitarios. La adjudicación de los fondos de I+D se resuelve a menudo sin una valoración contrastada con la realidad social y con un sistema organizativo que, además, ha dejado fuera de la financiación a numerosos grupos de las universidades. Si no se busca una racionalización del sistema de ciencia, optando por un modelo de desarrollo científico-técnico con abundancia de recursos humanos en las universidades, lo más probable es que la sociedad no llegue a beneficiarse de la investigación y que ésta beneficie solamente a intereses privados.

Urge volver a dotar a las universidades de un amplio tejido de grupos de investigación con financiación efectiva. Esta situación afecta, de manera importante también, a la docencia universitaria. Coincidiendo con un éxodo de profesores hacia los mencionados centros de investigación, se ha producido un desplazamiento significativo de las actividades docentes hacia los profesores más jóvenes, cuya situación laboral es inestable. Se deberían combinar al menos dos medidas para conformar una posición más sólida sobre esta cuestión: un plan de formación de profesorado, con recursos importantes, para que los jóvenes que inician su carrera académica puedan ampliar estudios y conocer otras universidades del mundo; y una puesta en valor de la docencia en el modelo a seguir de los jóvenes profesores. Adquirir conocimientos profundos sobre materias complejas consume tiempo y esfuerzo, así que la posición de las áreas de conocimiento en los departamentos adquiriría un peso particularmente importante. Ahí está, entre otras opciones, el margen de mejora de nuestra universidad.

Tercero. Al calor de las reformas iniciadas por la declaración de Bolonia, han proliferado gran número de universidades privadas, muchas sin preparación, laboratorios ni bibliotecas, creadas probablemente para rentabilizar la mercantilización del posgrado actual. Dentro de cada comunidad autónoma, además, las universidades imparten repetidas muchas de sus carreras en una utilización deficiente de los recursos disponibles. Es posible que eso no importe mucho a las nuevas privadas, que no están interesadas en los títulos de grado, sino en la organización de carísimos títulos de máster que ponen en peligro la función social igualadora de la universidad, desplazando todavía más el ascensor social desde el mérito hacia el dinero.

Por último, los planes de estudios actuales “a la boloñesa” se han implantado sin aportación de recursos adicionales, en plena crisis económica y haciendo cada universidad y cada centro lo que buenamente han podido. Es importante destacar que, a pesar de esta vista panorámica impropia de un país europeo avanzado, en todos estos años muchos profesores, con gran esfuerzo personal y venciendo no pocas resistencias, han sido capaces de culminar con éxito proyectos importantes. Pero en otros muchos casos no ha podido ser así. ¿Qué ha sido de todos esos proyectos en los que se ha limitado drásticamente la financiación y se ha expulsado a infinidad de jóvenes al extranjero?

Por fortuna, la universidad de hoy está a años luz de la de principios de los años ochenta, pero esto no quita legitimidad a la necesidad de una reforma del sistema universitario en España de la que se lleva hablando desde la implantación de Bolonia. Es urgente reparar los efectos de la crisis ocasionada por el capital financiero mediante un rescate a la universidad pública.

Introducir el problema de la universidad en la agenda de la política es primordial, no solo por cuestiones generales que se verán a largo plazo, sino porque la universidad es un factor clave en la producción económica. Y quien dude de esto, que se pregunte por un país sin buenos médicos, profesores o ingenieros, y siempre con conflictos defendidos por malos abogados.